75 años de la Andi
Por: Germán Vargas Lleras
Aunque era mi deseo, no pude asistir al evento de celebración de los 75 años de la Andi en el marco del Congreso Empresarial Colombiano. Ha conseguido su presidente convertir esta tradicional cita de industriales en una ocasión única para que Presidente y ministros pasen al tablero en una especie de informe del estado de la nación. Se hace balance de cada sector, se presentan los planes para el futuro inmediato y se pone el dedo en la llaga de aquellas asignaturas que presentan graves problemas.
Este año, las discusiones arrancarán con el anuncio del crecimiento del 3 % del PIB en el 2.º trimestre. No es para hacer fiestas. Nada por debajo del 4 % es satisfactorio ni, mucho menos, suficiente para conseguir el nivel de ingreso que nuestro país necesita si quiere superar los indicadores de pobreza y exclusión que caracterizan aún a la sociedad colombiana.
Se ha anunciado que los temas de infraestructura y vivienda serán analizados con lupa. No es para menos, pues son los responsables principales del magro comportamiento de nuestra economía.
En el caso de la vivienda, el Dane nos ha revelado que en el 2.º trimestre del año, el sector edificador ha decrecido en un 5,6 %, en comparación con el dato de 2018, y 7,2 % en lo corrido del año. También han disminuido los metros cuadrados licenciados, en 5,7 %, este año. La construcción de edificaciones es la rama de peor desempeño en su contribución al crecimiento del PIB.
Lugar privilegiado merecerá el asunto del empleo o, mejor, del preocupante desempleo al que me referí en anterior oportunidad. Es indispensable que se piense seriamente en la flexibilización del mercado laboral, en su adecuación a las nuevas realidades, a la posibilidad de hacer aportes a la seguridad social sobre la base de horas laboradas y tantas otras medidas que han demostrado su efectividad en otros países. Y, sobre todo, que no se afecte más la competitividad de las empresas con primas y sobrecostos no justificados en una mayor productividad.
Estamos viviendo tiempos de verdadera crisis y preocupación en el plano externo. Cada día es más claro que ningún país puede sustraerse de los efectos de un mundo globalizado. Me preocupa que, aun con niveles de devaluación históricos, Colombia no haya sido capaz de capturar nuevos volúmenes y mercados de exportación, que nuestra balanza comercial registre uno de los mayores déficits conocidos y seamos el país en la región con mayor decrecimiento en inversión extranjera.
Estos y muchos otros temas sensibles deberían abordarse con honestidad y espíritu crítico en este congreso de la Andi, en el que, como es tradicional, se hacen al Gobierno muy serias propuestas inspiradas en la dura realidad de la actividad empresarial.
P. D. Gran noticia la apertura, esta semana, del túnel de Oriente, en Antioquia, y de la licitación para la construcción del tren ligero de Bogotá a Facatativá, proyecto que tampoco compartía el alcalde Peñalosa, y al cual la Nación, junto con el TransMilenio fase 2 y 3 a Soacha, aportó 1,73 billones de pesos. Verificadas las cifras, hay una reserva bruta de 216.819 millones del recaudo de los peajes Andes, Fusca y Unisabana, asignados a la construcción del tramo autopista Norte-Bogotá, y 63.451 millones del peaje Chusacá para la ALO, tramo sur, cuando el alcalde y la directora del IDU dejen de hablar carreta.
P. D. Sin entrar a controvertir el contenido del reciente fallo de la Ruta del Sol, quiero prender una alarma sobre cómo la interpretación de la Ley 1882 de 2018 por el Tribunal de Arbitramento y la posibilidad de que ella haga carrera en el futuro podrían poner en dificultades y encarecer sensiblemente el financiamiento de las obras de infraestructura en nuestro país. Los terceros de buena fe deben ser protegidos, pues ese es el espíritu de la norma. No hacerlo eleva el riesgo de los proyectos y, por lo tanto, su costo, además de crear un muy mal antecedente en materia de seguridad jurídica.
