A devolver la plata
Al igual que el Código Electoral, y como lo advertí hace semanas, la Corte sepultó la trampa incluida en la ley de presupuesto, que modificó la ley de garantías. Un intento burdo de modificar una ley estatutaria mediante una ley ordinaria. Burdo, ilegal y costoso, pues por causa de este mico se suscribieron 645.000 contratos interadministrativos, pura ‘mermelada’; el costo de la gobernabilidad, dirán algunos. Es esta la peor forma de corrupción, por las cifras descomunales que se comprometen y por las comisiones que se pagan. También, por el resultado final de las inversiones.
Es claro que obras a las que les meten la mano los congresistas, los alcaldes y los interventores no pueden ejecutarse a no ser que el presupuesto de estas se haya inflado. Esto explica que más del 90 % de estas licitaciones solo tengan proponente único, que los pliegos tipo no se respeten y que los porcentajes de ejecución no se cumplan en las fechas previstas o que, incluso, jamás se inicien. Pregunto con qué criterio se seleccionaron estas inversiones. Me temo que ninguno diferente a la sugerencia de cada parlamentario hecha dentro del cupo que le fue asignado. ¿Y cómo se escogen los proyectos y municipios beneficiados? ¿Existen estudios y diseños previos? ¿Y presupuestos elaborados con rigor? Pues claro que no.
Sorprende la creatividad de los candidatos en esta campaña para proponer estrategias y acciones contundentes contra la corrupción. Mencionan nuevas leyes, aumento de penas, un sinfín de controles, cuando bastaría que prohibieran esta práctica convertida en el verdadero desangre de los presupuestos estatales. Hay que poner fin a esta forma de gobernar y obligar a cada entidad nacional a ejecutar su presupuesto.
Que se necesita reactivar la economía, dicen unos; que luchar contra la pandemia, dicen otros, que el desarrollo local y los compromisos preelectorales lo justifican todo. Pura carreta, digo yo. La verdad es que cada contrato tiene un dueño. ¿No es esto un claro prevaricato? ¿Con qué nombre bautizamos esta práctica? ¿Por qué los organismos de control guardan silencio? Son centenares de miles de contratos suscritos bajo esta modalidad. ¿Por qué no averiguan algo? ¿Por qué no llaman a declarar particularmente a los ministros y directores de entidades que, como dicen coloquialmente, ‘bajaron’ esos recursos?
Difícil promover un pacto de silencio que involucre a decenas de funcionarios, congresistas, alcaldes y contratistas. Podrían empezar por preguntarles: ¿quiénes solicitaron que se destinaran estos montos a estos municipios y para qué obras? No creo que asuman la responsabilidad de negarlo todo e incurrir en perjurio, cuya pena va de 6 a 12 años.
Y como el Presidente en su momento señaló que toda esta contratación estaría blindada porque en todo el proceso estaría presente la Contraloría, sería muy útil conocer el informe de esa entidad sobre las modalidades de contratación empleadas, el número de participantes, los montos comprometidos y en qué va la ejecución de las obras.
La Corte señaló que las reglas establecidas en el fallo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa que pueda derivarse del uso indebido de la contratación estatal. Con base en esta decisión, ¿cuándo se van a abrir las investigaciones?
A esta decisión no se le puede poner conejo. El Gobierno tiene que proceder de inmediato a liquidar los contratos y por ningún motivo desembolsar anticipos en los ya suscritos, pues la sentencia ordena terminar todos los que estén pendientes de ejecución y proceder a las restituciones mutuas que se derivan de la liquidación de estos a partir del 5 de mayo.
La ley que asignó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría correrá la misma suerte, pero ya la frondosa nómina estará designada, pues el Gobierno se apresuró a expedir el decreto 1851, que creó 1.200 nuevos cargos en la entidad. Y, por supuesto, la reforma de la justicia del Dr. Wilson Ruiz también se caerá por ser estatutaria y haberse tramitado virtualmente, en contravención de lo ordenado por la Corte en fallos anteriores.
P. D. Mi reconocimiento a los doctores David Luna y José Daniel López, quienes en buena hora presentaron la demanda sobre la ley de garantías y demostraron su inconstitucionalidad.
