A la brava
El 23 de agosto 700 familias invadieron el predio El Guácimo, en jurisdicción de Neiva. Los invasores han dicho que no se retiran hasta que les den vivienda digna. Y como pasaron 48 horas desde la toma sin que la Policía inexplicablemente hubiera desalojado, lo que viene ahora es la mesa de diálogo con alcalde a bordo.
En Lorica, 1.300 personas se tomaron la finca del Instituto Técnico Agrícola. Talaron los árboles, montaron cambuches y empezaron a delinear las vías de la futura urbanización. Por supuesto, paralizaron todas las actividades del Instituto. Marco Palau dice: “Pedimos tierras, y estas que ocupamos nos parece perdieron su vocación agrícola”.
En La Jagua, Copey, La Gloria, Tamalameque, Astrea, San Martín y en Chimichagua, en el Cesar, se produjeron invasiones en 14 predios. Todos están pendientes de que se programen fechas para dar cumplimiento a las órdenes de desalojo. Ya veremos qué pasa.
Y en Valledupar, en Patillal, se tomaron 12 hectáreas con el argumento de que necesitan construir sus viviendas. Rodolfo Mejía, representante, dice: “Vimos esta oportunidad de coger un lotecito”.
Lo más grave está ocurriendo en el norte del Cauca. Allí se han afectado 71 predios en extensión superior a las 5.000 hectáreas, lo que ya ha ocasionado pérdidas por más de 40.000 millones de pesos. En Corinto, invasores encapuchados argumentan que las poblaciones han crecido pero la tierra no, y se enfrentan a trabajadores cañeros que intentan defender sus puestos de trabajo.
Cientos de casos se registran en Riohacha; en Santa Marta en lote destinado a la construcción de un colegio; en Atlántico, en Barú, Bayunca y Playa Blanca en Bolívar; en Dagua, en el Valle; en Pereira, Manizales, Popayán, Montería y Soacha, para citar solo algunos. En todos, los afectados y las alcaldías han manifestado no contar con el respaldo de la Policía para intervenir oportunamente dentro de las 48 horas. Es también el caso de Bogotá, donde ya llegamos a 2.187 ocupaciones de esta naturaleza. Y nadie sabe en qué van las 630 denuncias interpuestas en la Fiscalía por invasión de tierras y predios.
El art. 81 del Código de Policía, referido a la ‘Acción preventiva por perturbación’, que indica que la policía impedirá la perturbación o expulsará a los responsables dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, se volvió letra muerta, así como el art. 79, que establece la posibilidad de instaurar querella ante el inspector de policía, quien debe ordenar el desalojo y ejecutarlo dentro de las 24 horas siguientes a la ocupación.
El art. 263 del Código Penal establece penas de entre 48 y 90 meses de prisión para el delito de perturbación. El propietario también puede iniciar la acción reivindicatoria mediante procedimiento civil. Como se ve, no es que no haya normas y procedimientos claros en el país. El problema es que nadie las está cumpliendo. Tampoco se da curso a las querellas y no queda más camino que las acciones penales, que tampoco se investigan. ¿Hay alguien multado o siquiera detenido por incurrir en estos delitos? Me temo que no. Aquí, paradójicamente, a los que se protege es a los invasores, para quienes las autoridades han habilitado toda suerte de mecanismos de diálogo y concertación.
Es muy grave que estos hechos contra la propiedad privada, y también la pública, no tengan consecuencias porque el mal ejemplo se riega como pólvora. Los casos se están multiplicando en todo el territorio y es natural que así sea, pues la gente percibe que dejaron de regir las leyes y la autoridad no interviene y en todos los casos la solución es la concertación mediante diálogos estériles e interminables. Me temo que no falta mucho para que empiecen a tomarse viviendas, apartamentos, locales y oficinas en las ciudades. ¿Por qué no? Una vía moderna de expropiación.
El Gobierno debe impartir instrucciones perentorias a las autoridades para evitar que estas conductas se propaguen y que cada quien o grupos ilegales asuman la defensa de los bienes por la fuerza, fenómeno que ya empieza a observarse. Porque en este como en muchos otros frentes no puede haber mensajes equívocos. Si en la campaña electoral, aun sin quererlo, se pudieron animar estas conductas, es hora de que el Gobierno actúe con toda contundencia para disipar cualquier duda que lo comprometa y, como es su deber, hacer cumplir la ley.
