A la brava no
Por: Germán Vargas Lleras
Muy tortuosos han sido el trámite y la aprobación del POT en el Concejo de la ciudad. Pasaron casi 2 años de la actual administración para que se radicara el proyecto, y los 90 días que la ley establece para su aprobación se fueron prácticamente en la discusión de los más de 150 impedimentos y recusaciones presentadas para dilatar la discusión.
A ello habría que sumar varias tutelas e, incluso, la muy sonada denuncia por clientelismo originada en la propia bancada de gobierno, y que el secretario de Gobierno de esta laya equivocadamente contradenunció, terminando de enlodar las discusiones. Y, como si todo esto fuera poco, la disciplina para perros que la bancada de los ‘verdes’, quién lo creyera, intentó imponer a sus propios concejales. En este trámite todo se salió de madre. Qué incapacidad política para conducir estos debates.
A estas alturas, la Administración hace esfuerzos desesperados por ‘salvar’ a como dé lugar la iniciativa y, como van las cosas, lo más probable es que una vez más, como ya ocurrió con Petro y Peñalosa, la ciudad se quede sin Plan de Ordenamiento Territorial. Ahora puede pasar cualquier cosa. Cuatro opciones tiene la alcaldesa:
La primera, expedir el POT original por decreto. Sería el peor escenario, porque entrarían en vigor las muy inconvenientes normas que traía inicialmente el proyecto. Menciono, entre otras:
En materia de vivienda, las cargas urbanísticas desproporcionadas que multiplicaban por 3 los parámetros actuales y la de reducir el suelo urbano, cuando es claro que Bogotá requerirá más de 1 millón de viviendas y no resulta conveniente seguir presionando a los municipios vecinos. Y qué tal la propuesta de entrar a definir los índices de construcción, alturas, aislamientos y todo tipo de exigencias que harían inviable cualquier programa de vivienda.
En cuanto a la propuesta de renovación urbana, por sus exigencias, solo se entiende si el propósito es expulsar a las clases populares de estas zonas. El proyecto deja a Bogotá sin zona de expansión y lo ya aprobado de más de 120.000 viviendas en Lagos de Torca. Todo el norte se conservaría como zona agropecuaria, desconociendo la realidad de la ciudad, hoy conurbada con los municipios vecinos. ¿Cómo explicar que se desechara el parque de 1.400 hectáreas en la reserva Van der Hamen?
Y qué tal la modificación de los perfiles viales de todas las principales arterias y vías secundarias para crear bicicarriles y afectar gravemente la movilidad de vehículos, sin ofrecer alternativas. Vale la pena recordar que 26 proyectos viales del POT expedido en el 2000 jamás se ejecutaron y que las obras viales que todos pagamos por valorización aún no arrancan. Como si fuera poco, el proyecto pretende bloquear la avenida Ciudad de Cali en sentido norte y la conexión de la Boyacá con Chía. Desecha los nuevos proyectos de TransMilenio, como el de avenida del Ferrocarril del Sur o el de la avenida Gaitán, y elimina la ALO Centro y la ALO Norte, obra planeada hace 60 años y en donde ya se han comprado 600 predios.
Una segunda opción sería expedir el POT por decreto, pero incorporando modificaciones que fueron concertadas en las discusiones. Pero el riesgo jurídico es aún mayor, al pretender elevar a norma simples deliberaciones o el contenido de las ponencias que nunca fueron aprobadas. Algo similar ya ocurrió en el caso del POT de Petro, que se cayó por inconstitucionalidad.
Una tercera opción sería volverlo a presentar el próximo trimestre, recogiendo en el texto todos los temas en los que se lograron consensos que en buena parte corrigen errores como los ya señalados. Podría avanzarse en un acuerdo político muy deseable y facilitar su trámite, que le daría al proyecto enorme seguridad jurídica.
Y de lograrse un compromiso de bancadas, una última opción, poco probable pero igualmente conveniente, sería reconocer que el plazo de los 90 días no está agotado, pues operó la suspensión de términos prevista en el reglamento del Concejo, que establece que la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento hasta cuando se decida, con lo cual el término de 90 días no estaría vencido.
En todo caso, ojalá no cometan la equivocación y la ilegalidad de expedir este esperpento de proyecto de POT a la brava, porque probablemente correrá la misma suerte de los anteriores.
