A por la organización electoral
El pasado 2 de octubre venció el contrato para la elaboración de pasaportes a cargo de la firma Thomas Greg & Sons, y se inició uno nuevo por un término de 11 meses otorgado mediante la figura de la urgencia manifiesta, como el anterior, y después de meses de incertidumbre e interminables colas para obtenerlo por primera vez o renovarlo.
Y así vamos a seguir, pues ningún país o compañía se va a comprometer con una solución en tan corto tiempo. Lo cierto es que detrás de todo este novelón no hay nada distinto a la decisión del Gobierno de estatizar este servicio, como está ocurriendo en el sector de la salud, de la educación, de los servicios públicos o de la infraestructura vial, entre muchos otros.
Vale la pena recordar que los actuales pasaportes son en su totalidad producidos en el país, en plantas y con personal colombiano. Así ha sido por más de 50 años con un servicio de excelencia, reconocido por todos, a precios muy competitivos y con tiempos de entrega menores de 24 horas. Téngase en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos el costo del documento es de 150 dólares y su plazo de entrega puede llegar a ser superior a los 10 días.
Pero nada de esto importa. Ni el servicio ni los ciudadanos. Solo el afán estatizador, la ideología ciega y en este caso un afán revanchista, pues ni el propio Petro oculta que detrás de todo este entramado de ilegalidad e improvisación está la convicción presidencial de que esta empresa en conjunto con la Registraduría fueran las responsables de que le robaran las elecciones en 2018 y que trataron de hacerlo nuevamente en 2022, según sostiene.
La estrategia comenzó desde marzo, estatizando el servicio de las cédulas de extranjería, y la realidad es que al día de hoy no han entregado la primera. La Imprenta Nacional, nueva responsable del proceso en asocio con la mexicana empresa Accesos Holográficos, que en realidad es una intermediaria, tiene más de 8.000 cédulas de extranjería represadas. De nada han servido las gestiones con empresas eslovenas o canadienses para que envíen los plásticos o los equipos. Nada ha funcionado. Y si esto ocurre con unas pocas cédulas de extranjería, qué nos puede esperar cuando a estas empresas lideradas por la Imprenta se les entregue la responsabilidad de los pasaportes.
Y aun con este antecedente creen que pueden preparar a la Imprenta en 11 meses para garantizar la producción de los pasaportes. Ya hablan de convenios gobierno a gobierno, para lo cual han contactado a varios países y firmas. Pero anticipo que todo terminará muy mal, pues el proceso contempla la formación de una APP en donde Colombia aportará el 50 % de la inversión en un contrato que prevé que los equipos después de 10 años pasen a manos del Estado. El modelo está condenado al fracaso, pues se financiará con el precio de los pasaportes. Imposible.
Y para ir ambientando esta peregrina idea, este gobierno populista ha decidido bajar en un 10 % el valor del pasaporte con cargo al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se anuncia que van a regalar los pasaportes a las personas cobijadas por el Sisbén y a determinadas poblaciones. A lo que se agrega la mentira del ministro sobre la implementación del pasaporte en línea, que ya está vigente desde 2020.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno debería abrir una licitación ya y no en 11 meses, cuando venza la prórroga. Esto daría un margen de maniobra indispensable. Pero no veo apersonado al ministro Murillo del tema. ¿Será que está comprando tiempo, pensando en no inhabilitarse y se irá dejándonos semejante problema?
Hagan lo que hagan, es crítico que no se bajen los estándares de calidad y seguridad, pues ello sí tendría implicaciones muy indeseables en términos de visados y aceptación internacional de nuestro pasaporte. Y, por supuesto, mucha atención a los temas de corrupción que, como ya es usual, han aparecido en todo este proceso.
Pero ojo. Detrás de todo esto, y lo más delicado, está el propósito último de apropiarse de la Registraduría y de la logística del proceso electoral. Ya esta semana nos notificaron que van por el poder.
De todo este sartal de mentiras, equivocaciones, intereses y quién sabe qué más, lo cierto es que al Estado colombiano le quedará una demanda multimillonaria por la que nadie va a responder. La Contraloría debería tomar cartas urgentes en este asunto.
