¿A quién creerle?

Este miércoles vence la fecha límite para la entrada en operación de las primeras dos turbinas de la muy controvertida central hidroeléctrica Hidroituango. Me he referido en un par de ocasiones a esta megaobra para expresar mis preocupaciones, y no me cuento entre los que hacen fuerza para que este importante proyecto no pueda ser recuperado y puesto al servicio del país. Ahora puede pasar cualquier cosa.

Esta semana, en el Congreso el gerente de EPM afirmó que “las condiciones actuales del macizo rocoso, la central subterránea, la presa, el vertedero y obras anexas se encuentran estables, y ante la puesta en marcha de las unidades de generación, no se espera que se generen cambios en los niveles de riesgo”.

Sin embargo, en la misma sesión, lo contradijo el director de la Unidad Nacional del Riesgo, ingeniero Javier Pava, al afirmar: “(…) En mi concepto de especialista del sistema, ese proyecto (Hidroituango) nunca va a ser estable porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso…”. Vale la pena recordar que el consultor internacional Poyry, contratado por EPM para realizar un dictamen técnico sobre el proyecto solicitado por la Anla, determinó varios riesgos críticos y muy críticos que recomendó mitigar y solucionar satisfactoriamente antes de terminar la totalidad del proyecto.

Y si todo está tan controlado, ¿por qué el alcalde Quintero solicita más tiempo para realizar otras pruebas? ¿Son indispensables esas pruebas para descartar cualquier riesgo? Yo creo que el alcalde lo que busca es pasarle toda la responsabilidad al Gobierno Nacional. Obligarlo a tomar una decisión que solo compete a EPM y a la junta directiva, que él preside, y poner al Gobierno contra la pared para evitar el pago de multas y sanciones multimillonarias, que son responsabilidad exclusiva de la empresa. Y hay que añadir que, a la fecha, el proyecto ya no cuenta con una póliza todo riesgo de construcción y montaje. Y si no le dan la prórroga sin sanción, hacer también responsable al Gobierno de cualquier afectación. Muy sabroso así, como diría Francia.

Hay que recordar que EPM, libre y autónomamente, participó en subastas de energía realizadas por la Creg en los años 2008 y 2012, ofreciendo la entrega al sistema interconectado nacional de los 2.400 MWh de energía eléctrica. Primero ofreciendo entregarlo en diciembre de 2018 y luego, por los retrasos y eventos críticos ya conocidos, en noviembre de 2022. Para ello otorgó una garantía de cumplimiento por US$ 207 millones, y si cumplía se aseguraría ingresos por la remuneración del cargo por confiabilidad a razón de US$ 64 millones anuales durante 17 años. Pero si EPM llega a incumplir su compromiso, también la Creg deberá hacerle exigible la garantía de cumplimiento, como lo hizo en los casos de Porce, Miel II, Termosolo y la propia Hidroituango en 2019.

Otras preguntas que aún no tienen respuesta son: ¿quién va a responder por el mayor valor de 4,6 billones? ¿Quiénes por el lucro cesante? ¿Quiénes por el incumplimiento si esta obra no entra a operar el 30 de noviembre? ¿Cuándo se conocerán resultados de las investigaciones y posibles sanciones a diseñadores, asesores, constructores e interventores? ¿Terminará esto igual que el Guavio, o sea, en nada de nada?

Quintero ha dicho de todo sobre el proyecto, incluso que los constructores habían “bajado la calidad de los materiales utilizados”; todos sus anuncios han resultado fallidos, y su falta de rigor técnico es proverbial. Durante su gestión, además, se suscribió el acuerdo de transacción con la aseguradora Mapfre, que ha sido fuertemente cuestionado. Sea esta la oportunidad para señalar que, si bien apoyé la decisión del alcalde de terminar el contubernio en EPM, para nada comparto su inmadura gestión. Diariamente provoca inútiles enfrentamientos, le gusta hacer ruido al precio que sea y parece que gobernara en modalidad campaña electoral, sin gestionar su ciudad.

¿Se atreverá EPM, con Daniel el travieso a la cabeza, a iniciar la generación de energía con las dos primeras turbinas, pese a tener un nivel de riesgo que ella misma califica de alto y, según la UNGRD, sin tener listo e implementado un adecuado y completo plan de contingencias para esta delicada situación? ¿Lo permitirá el Gobierno? Es más, ¿le perdonará, en atención al apoyo político recibido, la multa de no hacerlo?