Aeropuertos, peajes y lucha contra la corrupción
Por: Germán Vargas Lleras
En las semanas anteriores me he referido a las recomendaciones del grupo de sabios sobre los temas de infraestructura y a la urgente necesidad de actuar en este estratégico sector. Entre las últimas que quiero mencionar está la creación de la Unidad de Planeación Sectorial y la Comisión de Regulación. Curioso que así lo plantee la Comisión, pues estas unidades ya están creadas. Lo que me pregunto es: ¿qué están esperando para ponerlas a funcionar? ¿Por qué no expiden el decreto de planta de personal y les asignan el presupuesto? ¿Qué pasa?
Desde 2018 se expidió la resolución 546, que fijaba un año como plazo máximo para que los concesionarios implementaran la tecnología de recaudo electrónico en peajes. Este gobierno lo extendió por un año más, aduciendo la necesidad de ajustar la regulación que es de su competencia. ¿Será que el 12 de marzo, fecha en que vence el nuevo plazo, contaremos con un sistema de peajes electrónicos en funcionamiento? En junio de 2016 se adjudicó el contrato para poner en funcionamiento los sistemas electrónicos en las carreteras administradas por el Invías, lo cual a la fecha no ha ocurrido. Otro tema clave que no arranca, inexplicablemente.
Y por supuesto que hay que seguir combatiendo la corrupción y la politiquería. Efectivo instrumento ha sido el cambio en la forma de pago a los concesionarios y contratistas, cero anticipos y pago por unidad funcional entregada y obra terminada.
Fue en el gobierno pasado cuando se tramitó la Ley 1882 de 2018 que consagró el pliego tipo, cuya práctica ya habíamos adoptado de tiempo atrás y que desafortunadamente hoy corre peligro en el Congreso, comoquiera que la buena iniciativa de extender a otros sectores el concepto se ha convertido, paradójicamente, en la excusa para eliminar el avance ya logrado en infraestructura.
Ejemplo de lo que no debe hacerse constituye el túnel de La Línea. Este contrato fue firmado en 2008 bajo la modalidad de llave en mano a precio global fijo, cuando ni siquiera se conocían los resultados finales de la excavación del túnel piloto. Invías adjudicó el contrato al oferente, que para obtener el contrato bajó su propuesta en más del 10 por ciento, valor que por supuesto no cubría ni la mitad del costo de la obra, como está más que demostrado. Un proyecto mal estructurado y mal licitado, cuyo resultado gravosísimo para la nación está a la vista. Y cómo entender que el corresponsable de esta catástrofe, el Dr. Juan Esteban Gil, entonces director de grandes proyectos del Invías, sea el actual director de la entidad. El Dr. Gil está además en mora de explicarle al país por qué desistió del tribunal en donde la nación reclamaba al concesionario daños y perjuicios por más de un billón de pesos, cuando ya se había decretado la caducidad del contrato. Qué curiosa decisión.
Millones de viajeros en esta época podrán constatar los avances en materia aeroportuaria. Cómo no recordar que en la administración pasada se intervinieron 54 aeropuertos, entre ellos los de Bogotá, Santa Marta, Olaya Herrera, Rionegro, Palmira, Pasto, Ibagué, Quibdó, Leticia y Barranquilla. El programa también llegó a 38 aeropuertos regionales en ciudades medianas y distantes. Pero aquí la pregunta es: ¿va a tener continuidad este programa? ¿Qué va a pasar con El Dorado 2, la segunda pista en Rionegro, el nuevo aeropuerto de Cartagena, la terminal de San Andrés, la ampliación de la pista en Santa Marta y Providencia, y por supuesto, el aeropuerto del Café, en Manizales, y aquellos de Buenaventura, Ipiales y Popayán?
Como este debate habrá de continuar, pronto me referiré a los temas de obra pública, puertos, red secundaria y terciaria y navegabilidad de los ríos, asuntos que tanto interesan a las regiones y a todos los colombianos.
P. D.: gran obra la del puente Pumarejo, que fue inaugurado el viernes y al que cortésmente fui invitado. Una obra en la que nadie creía, prometida en todos los gobiernos, y que hicimos realidad.
