Amenaza va, amenaza viene
Como estaba anunciado, el Gobierno se está jugando a fondo con la aprobación de la reforma de la salud. Su verdadera prueba de fuego. A las amenazas con destituir a los viceministros que representan a los partidos bisagra, se suman ahora los ofrecimientos de cupos en el DPS, delegaturas en la Supersalud, cargos en Fiduprevisora y en otras entidades. Pura mermelada. No deja de llamar la atención que sea precisamente el Gobierno del Cambio, que prometió luchar contra estas prácticas clientelistas, el que ahora las use sin siquiera ruborizarse.
El espectáculo de esta semana ha sido denigrante, y sale muy magullada nuestra democracia. En el fondo, comparto la posición del Presidente de exigir a sus nuevos socios de la coalición que cumplan con sus compromisos o abandonen los cargos que ocupan en el Gobierno. Les llegó la hora de decidir. ¿O qué pensaban, que podían solicitar y recibir cargos y contratos a cero costo político? ¿Y, además, quedar bien con sus electores? En algún momento habría de llegar la hora de la verdad y, claro, ya les tenían medido el aceite.
La primera demostración, que ya marca la línea de conducta, fue hundir la ponencia que archivaba el proyecto, con 17 votos contra cuatro. Solo Cambio Radical y el Centro Democrático votaron a favor. Todos los partidos de la coalición le abrieron paso a tramitar el proyecto del Gobierno, que vino ahora con nuevas cargas de profundidad como las resucitadas facultades extraordinarias al Presidente para que una vez aprobada la ley puedan hacer con ella lo que les venga en gana.
Revisada la nueva enmienda del Gobierno, con los ajustes negociados, no queda más que concluir que todas las líneas mencionadas por los partidos se cayeron. Y no me refiero a las 100 propuestas presentadas por ‘la U’ y los conservadores, sino a las 3 que constituyen el corazón de la reforma. En plata blanca, se aceptaron la eliminación de las EPS, la estatización total del sistema de salud y la creación del engendro de mil cabezas de la nueva Adres, sustituta del antiguo Seguro Social y sus tentáculos regionales.
En muchos otros aspectos la enmienda resultó peor que el proyecto original. Para comenzar, rompe la integralidad de la atención de las personas, pues segmenta atención primaria en CAPS (centros de atención primaria) y mediana y alta complejidad en las denominadas “gestoras”. Como dije, la eliminación de las EPS persiste. Se cambian de aseguradoras a administradoras o colaboradoras, lo que significa liquidar estas entidades y crear otras con funciones y talento humano diferentes. En consecuencia, nadie asumirá en propiedad el riesgo financiero y este terminaría recayendo sobre las familias colombianas, incluso las más pobres.
Nadie asumirá tampoco en propiedad la gestión de riesgo en salud, ni la articulación de la red (desde promoción hasta paliación). No hay definición de modelos de contratación y pago con definición de metas, entre otros. Se vuelve al pago por evento, lo que puede llevar a la quiebra del sistema de salud en pocos meses, como ocurrió con el Seguro Social.
Se establecen dos años de transición para la transformación o liquidación de las EPS. Con el giro directo y el descuento que se le hará a la UPC por concepto de las atenciones de los centros de atención primaria que entren en funcionamiento, la pregunta obligada es: ¿cómo se sostendrán las redes actuales? Si, además, se obliga a las EPS a continuar hasta tanto entreguen los afiliados “a las entidades previstas en la ley”. Sufrirán no solo las EPS, sino los prestadores privados, los médicos y el personal de salud.
Al redirigir los recursos a atención primaria se desvían de la atención de alta y mediana complejidad, lo que generará un riesgo inmediato para el acceso y la continuidad de los servicios de salud de la población con enfermedades crónicas y de alto costo.
Con este proyecto se pondrá la salud al servicio de la política, siguiendo el manual de los movimientos socialistas y comunistas del mundo para jamás abandonar el poder. De aprobarse esta reforma, los mercaderes de las llamadas líneas azules, verdes y rojas con asiento en el Congreso no tendrán cómo reparar el daño causado al país.
