Anuncios y resultados
Por: Germán Vargas
Celebro el anuncio del Presidente de no permitir más bloqueos, aplicar la ley y restablecer la movilidad en el territorio nacional y el suministro de bienes y servicios esenciales para la población. En este tema no nos podemos equivocar. Aquí no hay ningún dilema. No se trata de dialogar o de hacer cumplir la ley. No son dos caminos. La Constitución y la ley deben cumplirse, y los diálogos deben adelantarse, pero no sobre la base de tolerar que se vulneren los derechos de toda la ciudadanía.
Lo que el país demanda, ante todo, son resultados de los anuncios presidenciales. Y aún no los vemos. Las pérdidas materiales ya superan los 15 billones de pesos, y continúan los saqueos, los incendios y las amenazas a quienes se resisten a parar. De continuar esto así, el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores. Cuando observo los desmanes cometidos en Cali y Popayán o lo que sigue pasando en Buenaventura, por citar algunos ejemplos, me pregunto si la vida en estas ciudades y en casi todas no se ha perturbado lo suficiente como para justificar tal declaratoria.
Y qué tal la actitud de algunos gobernadores y alcaldes que, amparados en mal entendidos protocolos, dilatan la intervención de la Fuerza Pública y permiten que sus jurisdicciones se vuelvan territorios de nadie. Muchos de ellos utilizan el paro para mover sus propias agendas políticas de cara a las próximas elecciones. El alcalde de Zipaquirá, por ejemplo, ha pasado incluso a incitar a los bloqueos. La procuradora Cabello ha hecho advertencias enérgicas que esperamos no se queden en anuncios, y proceda con todo rigor a investigar y sancionar a aquellos que mantienen actitud cómplice con los violentos.
Es urgente que el Gobierno presente las evidencias de la infiltración de actores ilegales en las marchas y los bloqueos, como el caso del Eln y la disidencia de ‘Gentil Duarte’ en Cali, y de la presencia de bandas de microtráfico disputándose el control territorial de las ciudades, como empieza a ocurrir también en Medellín y el Eje Cafetero.
Debería aclararse la posición del presidente de la CGT cuando afirma que la propia ONU reconoce los bloqueos como forma de protesta legítima, y recordarle que el Convenio 87 de la OIT, ratificado por Colombia en 1976, en su art. 9 reconoce el derecho a la manifestación pacífica, pero no permite afectar las garantías que el Estado debe brindar, tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a toda la ciudadanía.
A juzgar por las pretensiones preliminares del comité del paro, no puedo augurar un buen desenlace a las negociaciones con el Gobierno. ¿Cómo pretender que para solo empezar a hablar se exija un llamado “acuerdo de garantías” en el cual se pide, de entrada, el desmonte inmediato del Esmad y el retiro de la Fuerza Pública de las calles y la suspensión de cualquier actividad de control? Y ahora también la renuncia del ministro de Defensa. Fácil comienzo. ¿Qué es esto de exigir que se habiliten corredores humanitarios? ¿Acaso piensan mantener los bloqueos indefinidamente? Al parecer, sí, puesto que a la fecha el comité del paro no ha hecho la primera condena de los devastadores e ilegales bloqueos ni de los hechos de violencia.
También piden que el Presidente condene ‘a priori’ y sin el debido proceso a los miembros de la Fuerza Pública investigados por presuntos excesos y se los retire del servicio. Que, incluso, el Gobierno no vuelva a hablar de vandalismo ni de bloqueos. Todo esto, aun antes de iniciar la negociación del pliego de emergencia y, por supuesto, del pliego definitivo, los cuales comentaré posteriormente, que más bien parecen un programa de gobierno que a falta de haberse impuesto en unas elecciones legítimas, ahora se le quiere imponer al país a sangre y fuego.
P. D. Lamentable el hundimiento, sin haber discutido un solo artículo, de la reforma de la salud. Poderosos intereses, que incluso infiltraron el paro, se movieron para impedir su trámite. Una oportunidad que se ha perdido para solucionar los grandes problemas del sector.
