Apagando el incendio con gasolina
Por: Germán Vargas Lleras
En buena hora el Gobierno ha acogido iniciativas planteadas desde esta columna para incrementar la liquidez en la economía y proteger el empleo y las empresas. Acelerar las devoluciones de impuestos en la Dian y extender al 90 % las garantías para nuevos créditos al sector productivo van precisamente orientadas en esa dirección, aunque podrían quedarse cortas. Los empresarios se quejan de que los recursos ofrecidos a través de los diferentes programas asistenciales, de las líneas especiales de Bancóldex y de los créditos bancarios avalados por del Fondo Nacional de Garantías no llegan con celeridad ni suficiente cobertura. El jalón de orejas presidencial llega en buen momento.
Estamos a punto de cumplir 40 días de confinamiento obligatorio. La mayor parte de las empresas y de personas, independientes y asalariados, no están generando ingresos, y la amenaza del desempleo es una bomba de tiempo. Cómo plantear, entonces, una reforma tributaria que imponga mayores impuestos a las empresas y a las personas naturales en un momento en el que no hay generación de ingresos y, por ende, hay escasa disponibilidad de caja.
La tasa efectiva de tributación de los negocios en Colombia, tal y como la han calculado el Banco Mundial y otras entidades internacionales que se ocupan del tema, se sitúa en un porcentaje cercano al 70 %, uno de los más altos del mundo. Esta semana, nuestros economistas criollos salieron en gavilla, empezando por el minhacienda, con la genial idea de aprobar cuanto antes una reforma tributaria para elevar los impuestos y reversar los avances logrados en 2019. ¿Qué pretenden con esta propuesta? ¿Situarlos en el 100 %? Si fueran bomberos, apagarían los incendios con gasolina. Gracias a Dios optaron por estudiar economía.
Hemos repetido hasta el cansancio que Colombia tiene que volver competitivo su sistema impositivo, con tasas de tributación que fluctúen entre el 30 y el 40 %, para alcanzar unos niveles de crecimiento superiores al 5 % anual, por un período de 20 o más años. La coyuntura actual sí requiere una reforma tributaria, pero para bajar más la tasa de tributación a niveles parecidos a la que registran otros países de la región. Pero lo que se escucha son propuestas que buscan desmontar los importantes avances que se consiguieron en la reforma pasada en materia de descuento del impuesto del ICA sobre el de renta, el IVA descontable sobre bienes de capital, la eliminación progresiva de la renta presuntiva y regresar al confiscatorio impuesto al patrimonio para las empresas.
Otros charlatanes sostienen que se eleve el impuesto de renta a las personas naturales. Olvidan que hoy, estas tributan el 39 % de sus ingresos y siguen pagando impuesto al patrimonio por unos bienes que este año no rentarán un peso.
En buena hora el Presidente abortó la idea de tramitar una reforma tributaria durante la próxima legislatura, expresando con total claridad que el palo no está para cucharas. Qué momento más inoportuno para plantear una reforma, cuando el país aún no tiene claro cómo vamos a salir de esta crisis y Fedesarrollo pronostica que este año la economía tendrá un crecimiento negativo de entre -2,7 y -7,9 %. Lo que se requiere es más medidas que alivien el sector empresarial. ¿Qué están esperando para bajar a cero el anticipo que tienen que pagar los contribuyentes del impuesto sobre la renta en los próximos días, y que pagarlo para muchas empresas significa proceder a su quiebra? Este anticipo supone tributar sobre una utilidad que todos sabemos no se producirá en la mayor parte de los sectores y empresas del país y va totalmente en contravía del propósito de inyectar liquidez al sistema y dar un respiro al sector productivo. El próximo año, cuando sea ya tarde para muchas, habrá que devolverles este anticipo sobre unas rentas que no se causaron. De todas las posibles ayudas, esta sin duda puede ser la más efectiva. Si el Gobierno quiere acertar, y no lo dudo, tiene la posibilidad de hacerlo eliminando el anticipo del impuesto sobre la renta, para lo cual el Estatuto Tributario en su art. 808 le da amplias facultades. Es un tema de decisión política y de conveniencia.
