Juegan con candela
Se inició esta semana el trámite formal de la reforma de la salud, con ponencia mayoritaria conseguida espuriamente en los pasillos de la Comisión Séptima de la Cámara. Veo al Gobierno dispuesto a todo. Aquí no solo se juega la suerte de la polémica reforma, sino la vigencia de la coalición de gobierno y su capacidad de avanzar en el trámite de todo el paquete de reformas del llamado Cambio. Por eso extraña la intransigencia de la ministra Corcho.
Vista la actitud de la ministra, es de suponer en todo respaldada por Petro, no queda sino pensar que el Gobierno quiere que el Congreso le rechace su proyecto de reforma. Ello le va a permitir, ahora con esta nueva bandera, continuar con su llamado a la movilización ciudadana. Quizás proponer algún mecanismo de participación popular, y todo ello de cara a las elecciones regionales, que lucen difíciles para el Pacto Histórico y sus aliados.
La otra explicación, que no descarto pero cuyas consecuencias son impredecibles para la salud de los colombianos, es que hayan decidido cumplir su amenaza de secar de recursos al sistema, hacer imposible la gestión de las EPS y a golpe de mano ir asumiendo la prestación de los servicios. No quiero ni imaginarme el costo que pagarían el país y la gente si este fuera el camino. Se cumpliría por la fuerza la profecía de la ministra Corcho que el sistema actual era inviable.
A todas estas, los partidos aliados del Gobierno siguen en su juego. Que 130 proposiciones, que un proyecto nuevo, que votarán en bancada, que sanciones para los indisciplinados, que se mantiene la puerta abierta a los diálogos, reversazo va, reversazo viene. Un circo de tres pistas en el que el proceso continúa avanzando y las posibilidades de que el Gobierno consiga “convencer” a liberales, conservadores y partido de ‘la U’ siguen ahí, vivitas.
El Gobierno advirtió que no cederá en nada importante y la ponencia radicada es mucho peor que el proyecto inicialmente presentado. Es claro que el modelo que se propone pone en riesgo la prestación de servicios para la mayoría de los colombianos y la sostenibilidad financiera del sistema, pues fragmenta la atención en salud y no establece un responsable integral de los afiliados al sistema. Las EPS quedan con certificado de defunción expedido a dos años, y el sistema de aseguramiento desaparece. Todo se estatiza y se pone en cabeza de la Adres, un fondo único pagador con fondos cuenta territoriales. La administración de todo el sistema será desbordada, pues no tendrá las capacidades mínimas para garantizar sus roles operativos. Con el nuevo modelo el Estado define la política, la regula, define tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila.
El riesgo financiero lo asume en su totalidad el Estado, generando un descomunal problema fiscal, y tampoco se contemplan mecanismos para regular el gasto. No hay claridad de cómo se financiarán las nuevas infraestructuras, el plan nacional de equipamientos, las becas, los sistemas de información y la formalización de los trabajadores. Pero más aún, no se consideran los riesgos contingentes de pasarse a un modelo de oferta que demandaría hasta 5 veces más recursos que los que hoy financian el sistema. La transición propuesta no es viable ni en tiempos ni en recursos. Preocupan los cerca de 100.000 empleos que se pueden perder, y la continuidad y financiación de las atenciones a los 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo.
Se mantiene la eliminación de la participación del sector privado en el aseguramiento en salud, cuando este era uno de los principales acuerdos alcanzados con el Presidente. Tampoco es franca la forma en que se pagará a las Gestoras de Salud y Vida. No hay claridad sobre la base de liquidación de “hasta el 5 %” que recibirán las Gestoras por administración. El proyecto menciona que se calculará a partir de la UPC, y esta figura no está contemplada. La ponencia acaba, además, con los planes complementarios de salud.
En este proceso no se escuchó a nadie. Todo lo anunciado por los partidos se convirtió en una burla. Así inicia su trámite esta nefasta iniciativa en el Congreso. El consenso en torno a su inconveniencia es evidente y aun así, mucho me temo que el Gobierno arrodillará colectivamente o a destajo la voluntad de los partidos políticos bisagras y a sus congresistas.
