¿Austeridad en el gasto?
Celebro mucho el anuncio del Gobierno en materia de austeridad y de reducción del gasto en burocracia, particularmente en las nóminas paralelas. Hacen bien en empezar cortando con los centenares de jugosos contratos en las consejerías presidenciales, que, como bien se señaló, no tienen función distinta a interferir e incluso conspirar contra los titulares de las carteras ministeriales.
Quienes hemos ocupado cargos somos testigos de esta inconveniente práctica. Recuerdo al consejero para la seguridad Francisco Lloreda, que pretendió disponer de las funciones de los ministerios del Interior, de Defensa y de la Policía Nacional y de los alcaldes, dictar las políticas y ordenar el gasto de estas carteras. Recordará el consejero lo mal que terminó este intento de desinstitucionalización.
Muy conveniente también será dar ejemplo en ministerios y entidades que se desbordaron en las nóminas paralelas. Miles y miles de contratos cuyo valor es incalculable, como en el Ministerio de Vivienda, que hoy tiene 760 contratos de prestación de servicios, a través de los cuales se burlan las disposiciones de la función pública. Además, en no pocas ocasiones permiten ajustar en cabeza de una sola persona varios contratos en diferentes entidades, con remuneraciones millonarias y sin que se sepa siquiera qué tareas cumplen.
Práctica muy común en los organismos de control y en la Defensoría, en donde no obstante el incremento billonario en sus plantas de personal se siguen celebrando centenares de contratos, me temo que solo para atender compromisos ajenos a la misión de estas dependencias. Merecería todos los aplausos acabar con esta feria de contratos, así haya en algunos casos excepcionales que incrementar las nóminas de las entidades.
Otro frente que conviene revisar es el uso de los recursos públicos para campañas publicitarias alusivas a las “exitosas” gestiones de las entidades públicas y sus funcionarios. ¿Cuánto costaron las agobiantes cuñas de televisión del gobierno saliente, motivo despedida? ¿Qué necesidad hay de que entidades que no compiten con nadie, como Ecopetrol, las corporaciones regionales y tantas otras como las alcaldías y sus dependencias, sigan derrochando millones de millones para posicionar política y mediáticamente a los alcaldes y sus directivos?
Si la austeridad interesa de verdad al gobierno entrante no entiendo cómo, y además en paralelo con el proyecto de reforma tributaria, le dieron aval de gasto para tramitar el llamado adefesio. Me refiero al mismo código electoral del Dr. Álex Vega, al que la Corte Constitucional dio sepultura y que ahora revive cual zombi, por lo visto más inmune, para atender las cuentas de su trámite anterior, más las nuevas que supondrá su aprobación. El proyecto, como lo he denunciado, además de inconveniente, representa gastos adicionales y permanentes por más de 204.000 millones que se deben sumar al ya asignado para 2022 de 2,1 billones a la Registraduría. ¿Qué podrá haber detrás de esto?
El proyecto crea nuevas seccionales departamentales, registradores especiales, cada uno con su propia sede y su nueva planta de personal, registradores municipales, más la ampliación en Bogotá de las registradurías auxiliares, y se modifican todos los grados de la carrera administrativa, incrementando los salarios. Además, se consagra la absoluta discrecionalidad para crear y suprimir cargos.
Me preocupa que la Registraduría establezca un empadronamiento de toda la población y la posibilidad de establecer sanciones económicas a discreción del Dr. Vega. Y además vuelva a introducir peligrosas modalidades de votación, como el voto electrónico mixto y el voto anticipado, bastante inseguro y fácilmente manipulable. Y todo presentado sin unidad de materia, comoquiera que toca temas del estatuto de identificación y registro civil, los tipos penales y modifica el estatuto de participación juvenil.
Si se va a exigir al país el sacrificio de pagar nuevos tributos por más de 25 billones de pesos, cómo entender que no se tomen medidas reales en materia de austeridad como sepultar esta costosísima e inconveniente iniciativa del Código Electoral. Indispensable, además, abrir ya la discusión pública sobre el destino de los recursos para gasto e inversión de la reforma tributaria.
