Bomba pensional
El camino fácil de postergar la reforma pensional ya no es una opción.
En breve se iniciarán en el Congreso la discusión y el posterior debate de la ahora llamada ley de financiamiento, que no es otra cosa que la nueva reforma tributaria. La sola idea de que el Gobierno esté buscando responsablemente la financiación del presupuesto nacional me lleva a prender las alarmas sobre la necesidad impostergable de ocuparse también del tema pensional. Y hay que hacerlo ya porque su aprobación requerirá echar mano de todo el capital político del que se disponga y estar dispuesto a enfrentar poderosos grupos de intereses. El camino fácil de postergar esta reforma ya no es una opción.
El régimen pensional en Colombia tiene tres características:
Es inequitativo, de baja cobertura y además insostenible.
Inequitativo porque mientras que en Colombia la pensión máxima en el sector público es de 76.000 dólares anuales, en el Reino Unido es de 11.457; en Canadá, de 12.000, y en Japón, de 8.461. Y todos los que ganan menos de un salario mínimo están excluidos del sistema, y el 12 % de los adultos mayores de 65 años en condiciones de pobreza no reciben subsidio alguno para la vejez. Como si fuera poco, el 69 % de los recursos se emplean en cubrir las pensiones de los llamados regímenes especiales.
Porque una persona que en el sector público se pensiona con 25 salarios mínimos no ha ahorrado, a lo largo de su vida laboral, ni la mitad de los recursos necesarios para cubrir su pensión. Los 700 millones faltantes los tenemos que poner todos nosotros. La inequidad que queremos eliminar se puede expresar bajo la fórmula a mayor mesada, mayor subsidio.
De baja cobertura porque los privilegiados que en este país gozan de una pensión son dos millones cien mil personas. Solo uno de cada tres colombianos en edad de pensión tiene esta protección, y se estima que 17 millones de colombianos con el actual régimen jamás gozarán de una.
Y es insostenible. La llamada bomba pensional es una realidad. Los pasivos pensionales ascienden a 900 billones de pesos, que, mal contados, son un monto igual al 108 % del PIB en este año. En 2017 se destinaron para el pago de pensiones 38 billones de pesos, esto representa el 21 % del presupuesto de funcionamiento, más inversión. Este año serán 39,2 billones, y con el paso de los años, la totalidad del recaudo tributario podría tener que destinarse a este propósito.
La reforma por implementar debería ocuparse entonces de cuatro aspectos sustanciales: la ampliación de la atención al adulto mayor, el incentivo al acceso y el cumplimiento de requisitos para obtener la protección, la eliminación de las desigualdades existentes y, por último, los beneficios a los más vulnerables.
El sistema que hemos ideado, y que valdría la pena que el Gobierno estudiara, se estructura en cinco pilares que harán que la pensión para la vejez sea una realidad para millones de colombianos en un sistema equitativo que elimine los subsidios regresivos, unifique los beneficios que reciben las personas y haga complementarios los regímenes público y privado.
Los pilares cero y uno recibirían aportes directos de la nación, bien del régimen semicontributivo o del programa Colombia Mayor, para el cual se recomienda aumentar los apoyos por lo menos de un 11 a un 40 % del salario mínimo.
El Estado solo asumirá los subsidios del pilar 2 de pensiones por un salario mínimo, lo cual reducirá la presión fiscal, haciendo viable el sistema. En cuanto a los pilares tres y cuatro, se financiarán solamente con aportes contributivos obligatorios y contributivos voluntarios.
Como queda claro, el que quiera recibir una pensión alta que se vaya al régimen de ahorro individual. No más subsidios a las pensiones altas, y que Colpensiones concentre todos sus recursos, que son los nuestros, en propender a que millones de colombianos más puedan acceder a una pensión digna.
GERMÁN VARGAS LLERAS
Fuente: eltiempo.com
