Buenaventura, ciudad fallida*”
Por: Germán Vargas Lleras
Un sentimiento de impotencia y frustración se apodera de nosotros cada vez que recibimos noticias de Buenaventura. Pobreza extrema, violencia, narcotráfico, corrupción. Una ciudad inviable en donde cualquier proyecto de desarrollo se torna imposible.
Comencemos con la vía Mulaló-Loboguerrero. Este proyecto, una APP con una inversión prevista de 1,4 billones y que acortaría distancias y tiempos entre Cali y Buenaventura, lleva 5 años en consultas, y ninguna ha prosperado. Unas, porque no reflejaban la visión étnica. Otras, porque podían vulnerar el derecho a la vida. Es la hora en que no se ha podido iniciar la construcción de este corredor estratégico para la región y el puerto.
También en materia vial, recuerdo cómo al intervenir en el anterior gobierno varios tramos entre Buga y Buenaventura, entre ellos los de Loboguerrero-Cisneros-Altos de Zaragoza y el tramo a Citronela, con inversiones del Invías superiores a 1 billón de pesos, tuvimos que militarizar con centenares de soldados la carretera en varias oportunidades. Solo así se pudo trabajar en la doble calzada.
Peor suerte corrió la línea de transmisión para dar respaldo al puerto y solucionar el suministro eléctrico, que ha sido por años una de sus principales problemáticas. Pues bien, desde 2010, Epsa, hoy empresa del grupo Celsia, presentó el proyecto para la construcción de la nueva línea. Apenas se conoció el trazado surgieron más de mil asentamientos ilegales para cobrar derechos de servidumbre, en clara extorsión a la empresa. Todo lo invertido se perdió, y la obra jamás se pudo ejecutar.
La profundización del puerto para mejorar su competitividad pasando de 12,5 metros a 16 ya ha sido sometida a 7 consultas previas para obtener la licencia y tramitar la APP. Y nada. Esto es increíble, puesto que el canal de acceso ya está en operación.
Y cómo no recordar lo ocurrido en el puerto Agua Dulce. Con una inversión de 620 millones de dólares, su construcción duró 8 años, cuando se había proyectado en 2. La empresa, además, tuvo que hacerse cargo de la carretera de acceso, a un costo de US$ 60 millones, cuya construcción duró 5 años por la oposición de las comunidades. Y cuando ya se tenía fecha para inaugurar, el alcalde cerró el puerto con el pretexto de que la alcaldía no había dado el permiso para la construcción del patio de contenedores.
Peor le fue al aeropuerto. Con el plan maestro, reconstruimos y remodelamos 58 aeropuertos en el país. Toda una revolución que incluyó al aeropuerto de Buenaventura, con una inversión de más de 100.000 millones de pesos para la ampliación de la pista y la terminal de pasajeros, entre otras. Pero todo se frustró debido a la oposición de las comunidades que invadieron los terrenos de la Aerocivil destinados a la ampliación y los conos de aproximación. Nada pudo hacerse. Qué distinto ocurrió en Quibdó, que hoy cuenta con un moderno aeropuerto cuya inversión superó los 180.000 millones.
Con el ferrocarril del Pacífico, lo mismo. La red férrea, que llegó a operar el trayecto Buenaventura-Buga, fue invadida por más de 3.000 familias. A esto se sumaron mineros ilegales que socavaron las bases de la red y el tránsito de las famosas brujitas o pequeños carros de balineras, que circulaban por la red. Hace 4 años el ferrocarril dejó de operar, la vía quedó abandonada y, por supuesto, la concesión se quebró.
Todos los acuerdos alcanzados en el paro han fracasado porqué Buenaventura ha incumplido todos sus compromisos. Los últimos cuatro alcaldes han sido acusados y capturados por peculado, fraude, falsedades y convivencia con la delincuencia. El actual coadministra la ciudad con el comité del paro, y cumplen 4 años sin presentar el plan maestro para ejecutar los 80 millones de dólares del BID para el acueducto y el alcantarillado, que vencen el próximo año. Hasta el obispo Rubén Darío Jaramillo terminó amenazado de muerte esta semana.
No quedaría otra salida que intervenir esta ciudad. Pero la Constitución no lo permite, como sí lo hacen las de España o Francia para casos extremos. Es esta una reforma que deberíamos tramitar con urgencia para proteger a los ciudadanos que viven en ciudades fallidas y víctimas de administraciones capturadas por la corrupción.
