Cielos abiertos
Por: Germán Vargas Lleras
Comienzan ya las vacaciones, y con ellas el periodo de mayor actividad del sector turístico de nuestro país. Comienzan también los rigores de los desplazamientos aéreos caracterizados por la falta de una oferta suficiente y competitiva, por los altos costos de los tiquetes, por las cancelaciones y la mala calidad de los servicios ofrecidos. El denominador común de toda esta problemática es la falta de competencia en este importantísimo sector de la economía nacional.
Son muchos los países –ejemplo, Ecuador– en el mundo que han resuelto similares situaciones con la adopción de la llamada política de cielos abiertos, que no es otra cosa que la plena liberalización del transporte aéreo. Con ella se reduce, en primer lugar, el papel del Estado, depositando en las empresas privadas la definición de las rutas, su frecuencia, las sillas ofrecidas, las tarifas, las condiciones y también las promociones. Mayor cantidad de operadores y mayor cantidad de rutas sin restricciones conducen, naturalmente, a una mayor oferta, tanto nacional como internacional, y por este camino a una reducción significativa de las tarifas.
Una política de cielos abiertos permite además simplificar la negociación y la actualización de los acuerdos de transporte aéreo, brindando seguridad jurídica a los Estados y las empresas, las cuales se moverán dentro de los principios de acceso irrestricto a los mercados, frecuencias ilimitadas, libertad de tarifas, libertad de equipo, múltiple designación, criterio de nacionalidad por establecimiento y liberalización de las cláusulas de acuerdos de colaboración.
Hemos aplaudido la flexibilización de las denominadas terceras, cuartas y quintas libertades del aire en América Latina y el Caribe, pero no así por fuera de la región. Y está demostrado que seguir negociando acuerdos bajo el principio de reciprocidad ha impedido la llegada de nuevas aerolíneas a Colombia.
Si queremos lograr la meta de 100 millones de pasajeros al año en 2030, como es la aspiración de la autoridad aeronáutica nacional, tenemos que adoptar sin dilación esta política en nuestro país. Con ese propósito presentamos el pasado mes de noviembre un proyecto de ley a consideración del Congreso de la República que establece la obligación de adoptar la política pública de cielos abiertos para el transporte aéreo en Colombia, con excepción del tráfico de cabotaje, y le otorga al Gobierno Nacional un plazo perentorio de seis meses para su implementación.
Si queremos, además, alcanzar la meta de 10 millones de visitantes en el año 2022, tendremos que adoptar así mismo una flexibilización absoluta de los vuelos chárter, atraer turoperadores mundiales, promover la oferta ‘empaquetada’ de Colombia en los mercados internacionales y redoblar los esfuerzos de promoción de nuestro país en los mercados en los que haya oferta de sillas a precios competitivos y en cantidades suficientes.
El turismo es el nuevo petróleo de nuestro país y tiene que convertirse en eje estratégico de los planes de desarrollo económico. Para promover esta importante industria, el Gobierno tiene que potenciar la conectividad aérea a nivel nacional, pero sobre todo internacional. El mejor instrumento para ello es una política que confíe en la capacidad emprendedora de los colombianos, en el mercado y la competencia como dinamizadores de la oferta y de los precios, y no en el Estado y los monopolios, que han mostrado hasta ahora su total incapacidad para romper barreras y paradigmas.
El Gobierno no tiene por qué temer a los cielos abiertos, debe pensar en los usuarios y abrazar esta política con convicción y sin tardanza.
