Ciudades y regiones
Por: Germán Vargas Lleras
Empiezan a conocerse las primeras encuestas sobre los candidatos a alcaldías y gobernaciones y, con ellas, las propuestas y programas de gobierno para atraer a los electores. Es esta también la época en que se promete lo divino y lo humano, en especial obras que nunca se realizarán, como lo denuncié en mi columna de la semana pasada. Y es este también el momento propicio para hablar de la administración de las regiones y de las ciudades, de cómo estas se planean, se financian, se ordenan y se controlan.
Con este objetivo en mente hemos presentado varios proyectos de ley en las últimas semanas. Una reforma del Código de Régimen Departamental, otra para crear el Estatuto de Ciudades Capitales, la reforma del régimen fiscal de los entes territoriales y un importante ajuste al Estatuto Orgánico para Bogotá.
Para comenzar se necesitan finanzas fuertes y saneadas en los departamentos y municipios. ¿De qué otra manera se podrán hacer los proyectos de desarrollo y las grandes obras prometidas? Para ello hay que actualizar el sistema general de participaciones y de regalías, aumentar la autonomía y competencias de las entidades territoriales, así como dotarlas de mayor flexibilidad y solidaridad. Es indispensable crear un modelo único que precise las competencias y reglas para la creación y el manejo de tributos y gravámenes. Algunos de ellos habrá que eliminarlos, como los de avisos y tableros, contratos y estampillas, porque su recaudo es bajísimo y generan una pesada carga administrativa.
Hemos propuesto cambiar las seis categorías actuales de municipios por tres: desarrollo temprano, intermedio y avanzado. Ello permitiría establecer diferencias en la asignación de recursos y competencias, establecer un sistema de regla fiscal que les brinde mayor autonomía y optimizar la gestión de sus ingresos y recursos. En este propósito resulta fundamental eliminar los Ocad, que no solo cuestan a los municipios más de 350.000 millones de pesos al año, sino que retrasan injustificadamente y en muchas ocasiones impiden la ejecución de las obras. Hemos propuesto atar la asignación de regalías a resultados y desempeños concretos y simplificar al máximo los criterios de asignación.
La reforma de la tributación debe comenzar por un programa nacional de modernización catastral y de gestión predial fundamentado en el uso de los instrumentos económicos que ofrecen los planes de ordenamiento territorial. Sabemos que el manejo del recurso suelo es crítico. En las próximas décadas, 20 millones de personas llegarán a las ciudades y demandarán vivienda, servicios públicos y sociales, transporte, etc. Por ello es urgente ordenar el uso del suelo, en especial el de las áreas metropolitanas, comenzando por Bogotá, en donde tampoco se ha hecho nada, y siguiendo por Cali, Barranquilla, Cúcuta y Pereira.
Las capitales son hoy más importantes que los departamentos, tanto en población como en ingresos y responsabilidades. Por ello hay que redefinir sus relaciones con la Nación y los departamentos, dotarlas de mayores instrumentos y competencias y asignarles mayores recursos. La prioridad debe ser, sin duda, Bogotá. El Estatuto Orgánico fue expedido hace más de 26 años, y hasta ahora no ha sido reformado ni modernizado. Una localidad como Kennedy o Suba es más grande que muchas ciudades capitales, y deberíamos comenzar por delimitar sus aéreas y cambiar la forma como se designan los alcaldes mal llamados “menores”.
Estas y muchas otras ideas modernizadoras de nuestra mal llamada descentralización están contenidas en los proyectos de ley ya presentados, sobre los cuales no hemos conocido la primera reacción de la señora ministra del Interior, que bien haría en ocuparse de temas muy propios de su cartera y que deberían hacer parte de la agenda de un gobierno que se dice amigo de las regiones, pero que en la práctica se muestra lejano e indiferente.
