Conejazo
Por: Germán Vargas Lleras
No se conoce aún el texto definitivo de la reforma tributaria, pero ya pueden señalarse aspectos que suscitarán amplio debate nacional. El propio Gobierno creó grandes expectativas sobre las conclusiones de la famosa Comisión de Beneficios Tributarios y ahora no sabe qué hacer para explicar que no acogerá ninguna de sus importantes conclusiones. Ya no sirve este grupo de expertos internacionales de primer orden, desprovistos de interés particular, alejados de todo cabildeo y que, además, entregaron su trabajo en tiempo récord de seis meses. ¿Por qué? Pues porque terminaron reconociendo lo que tantas veces hemos defendido en materia de tributación, equidad y competitividad.
Veamos: el informe empieza por reconocer que los negocios formales en Colombia enfrentan la tasa de tributación más alta entre los países de la Ocde, y señala una serie de impuestos distorsionantes como el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto de industria y comercio, los cuales propone eliminar.
La comisión también confirma lo que muchas veces hemos dicho acerca de que nuestro sistema impositivo hace que sea más rentable importar que producir en el país, o localizar la producción en el exterior en lugar de hacerlo en Colombia.
Otro aspecto importante del estudio es que, al contrario de lo que piensan nuestros economistas criollos, avala plenamente las propuestas que llevamos a la pasada reforma tributaria y que fueron acogidas por el Gobierno y el Congreso, como la eliminación de la renta presuntiva, el descuento del IVA de bienes de capital y el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta.
Sobre el IVA, sostiene la comisión que el país tiene un potencial de recaudo de $ 60 billones, mediante una ampliación de la base gravable, la cual puede ser gradual en el tiempo, con la aplicación de una tarifa creciente.
No obstante, el Gobierno ha anunciado una reforma que en materia del IVA no incluirá ampliación de la base gravable, pero sí el traslado de los bienes exentos, como la carne, el pollo, la leche, a la categoría de excluidos, lo que significa gravar con IVA los insumos requeridos por el productor nacional, sin posibilidad de recuperación. Es decir, un arancel al producto nacional que no se aplica al importado. Es lo que se conoce como protección negativa de la industria nacional en beneficio de la industria extranjera. Todo lo contrario, a la propuesta de la comisión, que aboga por gravar estos bienes, nacionales y extranjeros, o mantenerlos en la categoría de exentos si ello no fuere posible.
De otra parte, sorprende la propuesta de volver a introducir el impuesto al patrimonio a partir del 2022, pero ahora como gravamen permanente y con una tarifa del 3 % anual, que es simple y sencillamente una expropiación de la renta y del patrimonio de los inversionistas y ahorradores. ¿Qué pensarán ahora las personas que normalizaron sus patrimonios con la promesa de que ese impuesto se eliminaría a partir del 2022?
En cuanto al impuesto a los dividendos, se propone un incremento del 50 % en la tarifa aplicable. De esta forma, el impuesto sobre la renta sociedad-socio quedaría en el 41,35 %. Si a esto se agregan el gravamen a los movimientos financieros, el ICA y el IVA no descontables y los demás impuestos que afectan los negocios, tendremos nuevamente una tasa efectiva de tributación superior al 70 %.
No es aceptable asumir una reforma que nos vuelva a poner como el país en que ningún extranjero quiere invertir y al que muchos colombianos quieren abandonar. El Gobierno debería concentrarse en lograr un acuerdo político para ampliar gradualmente la base gravable del IVA, como lo han hecho la mayoría de países latinoamericanos.
Y ahora el Gobierno bautiza a este gran conejo con el apelativo de ley de solidaridad sostenible. Vaya concepto de sostenibilidad aquel de asfixiar al sector productivo y quitarle toda competitividad, expropiar el ahorro, castigar a la clase media y convertir al Estado, por vía de subsidios multibillonarios y antitécnicos, en responsable de todo, como en Venezuela. Esta reforma es peor por el lado del gasto que por el del recaudo. Nunca el populismo, de ningún origen, ha sido sostenible.