Corrupción y politiquería
Por: Germán Vargas Lleras
Por esta misma época, el año pasado, el país se encontraba embarcado en el politiquero referendo contra la corrupción. Sus cabezas visibles no ahorraron esfuerzos para seguir dividiendo la sociedad colombiana entre buenos y malos, decentes y corruptos. Nadie escapó a sus vehementes y falaces acusaciones.
En el curso de estos meses se han ido archivando por inocuas e ineficaces todas estas propuestas ‘salvadoras’. Veamos: la primera consistía en reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios. Yo me pregunto: ¿en qué puede servir como instrumento anticorrupción esta medida? Más pareciera que funcionarios mal remunerados son más propensos a caer en prácticas de corrupción. Como era previsible, el proyecto se hundió. La ministra dijo que lo volvería a presentar, lo cual, por supuesto, no ha ocurrido al igual que ha pasado con tantos anuncios y promesas incumplidas.
La segunda propuesta era limitar la reelección de congresistas. Tampoco es claro cómo puede esta medida contribuir a la lucha contra la corrupción. Pero igual se hundió y la ministra pidió su archivo. Otra promesa incumplida.
En tercer lugar, la obligatoriedad de publicar la declaración de bienes y rentas y rendir cuentas. Esta medida ya existía desde el estatuto anticorrupción que en su momento promovimos, y mucho más completa, pues no se limita a la simple declaración de renta sino que exige un inventario real de los bienes que refleje con mayor detalle el estado patrimonial de un funcionario. Es posible que se apruebe en el Congreso esta semana, pero de poco servirá si solo reedita los artículos hoy vigentes.
En cuarto lugar, las normas sobre conflictos de interés. Estas también existen desde hace muchos años, pero lo importante es su aplicación, especialmente por parte de los altos dignatarios. Pero qué esperar al respecto si la propia ministra del Interior acaba de tramitar su impedimento (Decreto 783 de mayo 7) frente a la ley de TIC, cuando el proyecto está haciendo trámite en las Cámaras hace más de siete meses.
La última hacía referencia a la participación ciudadana en la aprobación de los presupuestos públicos. Esta sí es la tapa de la politiquería. Acabamos de observar en la aprobación del Presupuesto Nacional y del Plan de Desarrollo lo que ocurre cuando el Gobierno permite que algunos congresistas utilicen esta ley para introducir todo tipo de artículos. Varios micos se colaron. No me quiero ni imaginar lo que ocurriría de aprobarse esta iniciativa de los presupuestos participativos.
Como puede apreciarse, la llamada agenda anticorrupción no quedó en nada por lo populista y oportunista de las propuestas. Un verdadero engaño para los millones de ciudadanos que creyeron en la honestidad y buenas intenciones de unos promotores que montaron sus campañas políticas aprovechando el natural hastío de todos con este cáncer que está desangrando el país y de cuya campaña quedaron muchos votos, pero también mucha frustración.
En contraste, de manera silenciosa pero muy efectiva, se está desarrollando en la Contraloría General el llamado Proyecto Océano, que es una verdadera central de información sobre la totalidad de la contratación pública de nuestro país. Utilizando herramientas tecnológicas de punta como el ‘big data’ y la inteligencia artificial, Océano está en capacidad de identificar riesgos y depurar y analizar millones de registros en los temas de contratación, cruzando diversas fuentes.
Esta herramienta, a la que me referiré la próxima semana citando casos concretos de las mallas de contratistas que tienen capturada la contratación, estará en capacidad de detectar, en tiempo real, cualquier indicio de corrupción y alertará oportunamente a todas las entidades sobre malas prácticas y corrupción en sus procesos de contratación. De una herramienta como esta podemos esperar muchos más resultados que de una agenda anticorrupción nacida en la calentura de un debate electoral.
