Corto circuito presidencial

Qué irresponsabilidad con la que el Gobierno ha abordado su pretendida reforma del régimen de los servicios públicos y su regulación. Por más de 30 años el país ha visto cómo las coberturas en los servicios de electricidad, gas natural, agua, alcantarillado, aseo y también comunicaciones han aumentado hasta llegar a niveles de países desarrollados, y en el caso particular de la energía eléctrica, al 97 %. La demanda en este sector se ha atendido plenamente, y los niveles de calidad del servicio ya superan los mejores estándares regionales.

Nada de esto se hubiera alcanzado sin la existencia de un régimen que nació de la Constitución de 1991 y que a través de las leyes 142 y 143 de 1994 permitió la participación de particulares en la prestación de los servicios y creó una institucionalidad que ha sido modelo en muchos países. Habría que añadir que en estos años se han invertido en el sector eléctrico más de 140 billones de pesos de recursos privados, permitiendo al Estado colombiano emplear sus ingresos en otras apremiantes necesidades sociales.

Pero nada de esto cuenta. Aquí lo único que vale es la ideología que indica que tampoco en la actividad de los servicios públicos puede generarse ningún lucro. Que no es bienvenida la participación privada en su prestación. ¿Qué tal? Dónde estaríamos si hubiéramos continuado por ese camino. Seguiríamos en apagones y en coberturas y calidad lamentables. Millones de personas sin servicios. También, como en el Seguro Social de principios de los 90, hay que reconocer que el Estado fracasó rotundamente como prestador de servicios públicos.

Recuerdo cómo, siendo concejal de Bogotá, asistimos a la quiebra de la entonces Empresa de Energía de Bogotá. La politiquería, los malos manejos, la corrupción en el emblemático proyecto del Guavio y, de manera muy relevante, la negativa por razones electorales a incrementar las tarifas del servicio llevaron a la inviabilidad financiera y administrativa de lo que hoy, después de 30 años, es la llamada joya de la corona del Distrito y que le ha aportado a la ciudad enormes beneficios en el frente financiero (1,5 billones tan solo en 2022) y en calidad de vida para los bogotanos. Bueno es recordar también lo que ocurría en Corelca, y sigue ocurriendo en Emcali y en aquellas electrificadoras del país manejadas como botines burocráticos.

Los anuncios del Presidente amenazando con retomar las facultades que la Ley 143 pone en cabeza de la Creg solo pueden conducir a generar el peor ambiente para las necesarísimas inversiones en la infraestructura del sector. Solamente este año están previstos más de 6 billones en proyectos de expansión y más de 10 billones en generación en los próximos 5 años, la mayoría renovable, para atender la creciente demanda y acompañar la transición energética impulsada por el propio Gobierno.

Qué empresa se le va a medir a esto cuando se anuncia ya la reforma de las leyes mencionadas y por ese camino una posible expropiación de los activos de las empresas y también la ya utilizada en Argentina y Venezuela asfixia tarifaria. Esa ruta es bien conocida para llegar a la anhelada prestación de los servicios por empresas estatales, ojalá una sola de orden nacional. En este no hay que engañarse.

¿Qué estarán pensando la ministra de Minas y Energía y el de Hacienda y el director de Planeación Nacional al verse descalificados por el Presidente como miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Frotándose las manos estarán el superintendente de Servicios y el enigmático señor Ferrari, autores del estropicio institucional.

En Colombia lo que necesitamos es preservar un sistema que garantice la cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos. Que nos permita continuar invirtiendo billones de pesos en infraestructura para la seguridad eléctrica y el desarrollo regional, que tribute, como en el año 2022, más de 7 billones y no distraiga recursos públicos indispensables para cerrar brechas sociales. Y, por supuesto, que despeje para siempre la incertidumbre de un racionamiento. Todo esto se consigue preservando y construyendo mejor institucionalidad, trabajando en unión con las empresas privadas y mixtas y no arrasando lo que ha demostrado por décadas ser un sistema que ha beneficiado a millones de colombianos.