De la que nos salvamos
Por: Germán Vargas Lleras
Semanas antes de las elecciones de Congreso se prendieron muchas alarmas sobre el proceso electoral. En foro promovido por este diario se hicieron serios señalamientos sobre la organización de los comicios y sus responsables. Las respuestas fueron contundentes: estamos blindados, tenemos planes concretos de contingencia y suficiente capacidad institucional para afrontarlos. Cómo no. Tenía razón Andrés Pastrana cuando formuló reparos a la Registraduría y a sus contratistas. Nadie le paró bolas
Lo cierto es que todo salió mal: el registrador había anticipado, para curarse en salud, que en esta ocasión los resultados se demorarían más de lo previsto, pero que todo se justificaba por una mayor seguridad y confiabilidad. Pero ni lo uno ni lo otro se consiguió. En la lista de temas para revisar habrá que comenzar por el mal diseño de los formularios E-14, que recogen la información de los votos en las mesas. Este problema jamás se había presentado.
Luego vinieron la selección y designación de jurados, donde fueron reemplazados sin explicación alguna quienes venían desempeñándose por años en este servicio. El proceso de capacitación tampoco funcionó.
De allí en adelante todo resultó peor. El ‘software’, el proceso de digitalización, la transmisión de la información del preconteo, su transparencia y confiabilidad.
Ni qué decir de la idoneidad de los funcionarios de la Registraduría. Nunca se había visto una politiquería igual en la designación de decenas de delegados departamentales, municipales y auxiliares encargados de vigilar las votaciones.
¿Cómo es posible que de 112.000 mesas electorales se hubieran presentado problemas en 23.000? Y podrían ser muchas más, por el número sin precedentes de reclamaciones.
¿Qué pasó con la auditoría integral? ¿Cuándo se conocerá un informe confiable?
Al contrario de lo que sostiene el Gobierno, quedó en evidencia que no tenemos un sistema electoral confiable. En lo que sí coincido con el Presidente es en el enorme desgaste reputacional e institucional. ¿Cómo pudimos llegar a esta situación cuando estábamos advertidos?
Y lo que faltaba, el desconocimiento de la ley cuando el Gobierno y la Registraduría ofrecieron un ilegal reconteo total para realizarse 7 días después de las elecciones. Deberían saber que esta instancia no está consagrada en la ley, que prevé pasos preclusivos en todas las etapas del proceso. ¿Se imaginan en qué estaríamos? Qué tal el país en vilo durante un mes o más mientras quién sabe quiénes y de qué forma recontaban 112.000 mesas. Sorpresas permanentes, todos los días una nueva composición del Congreso. Bueno, seguimos en esas. Algo jamás visto.
Todo lo ocurrido me lleva a una necesaria reflexión sobre el nuevo Código Electoral. Lo primero sea decir que en buena hora la Corte Constitucional se abstuvo de validarlo. Un Código tramitado a las carreras, de manera inconstitucional y que ha sido objeto de numerosas críticas, todas válidas y que espero la Corte atienda para dar sepultura a esta muy inconveniente ley.
Qué cinismo el del registrador cuando en la mesa de garantías electorales advirtió que nada de lo ocurrido hubiera sucedido de haber entrado en vigencia la reforma.
Yo me pregunto si a todo lo acontecido se hubiera sumado en estas elecciones la entrada en vigor de las normas del proyecto original, e incluso del aprobado de reforma del Código Electoral. Por ejemplo: ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera podido ejercer el derecho al voto sin presentar la cédula de ciudadanía en aquellos lugares donde se hubiera habilitado el sistema biométrico? ¿Se imaginan las modalidades de voto no presencial, voto remoto por internet o voto electrónico mixto? ¿O la de voto anticipado? ¿O sin concurrir a ningún puesto electoral? ¿Y la del voto anticipado electrónico y la del voto a domicilio? No quiero ni pensarlo.
En este tema se equivocó el Gobierno avalando lo que en su momento llamé “el adefesio”, y además enviando mensaje de urgencia para su trámite. De la que nos salvamos. Rescato de positivo que ahora la Corte podrá tener mejores elementos de juicio para declarar la inconstitucionalidad del referido Código.
La pregunta que queda es si tenemos las suficientes garantías y seguridad para la elección presidencial, y más ante un resultado que se pronostica muy estrecho.
