El decretazo

Solo confusión ha creado la expedición del anunciado decreto 2422 con el cual el Gobierno pretende viabilizar la liberación de la llamada primera línea. Una genialidad jurídica la creación de esta “Comisión intersectorial de la reconciliación y la participación ciudadana” para justificar la más indebida intromisión de la Rama Ejecutiva del poder público en la Rama Judicial.

Todo en esta comisión y sus procedimientos es oscuro, al punto de que ni siquiera hay consenso entre los integrantes de la misma en cuanto a su aplicación, destinatarios, efectos y, sobre todo, intervención o no de jueces y fiscales en las decisiones de liberación.

El numeral 2 del art. 3 del decreto establece que una de las funciones de la comisión es recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad como voceros para promover la paz y la reconciliación en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022. Bonito enunciado sobre el cual lo primero es preguntarse si la llamada primera línea es una organización social o humanitaria. Por lo visto ya abandonaron la idea de calificarlos como integrantes de una organización armada al margen de la ley.

En segundo lugar, también hay que preguntarse a quién se dirige la “recomendación” de admisión o exclusión de los beneficiarios. ¿A los jueces y fiscales que llevan los procesos y a cuya orden se encuentran los investigados o condenados o, como lo presiento, al mismísimo presidente Petro? Clave aclarar este aspecto.

Nada dice la norma, pero el ministro del Interior explicó que los casos elegidos serán enviados a Petro, quien después de evaluarlos emitirá una resolución a la Fiscalía, si el ciudadano es procesado; o a los jueces, si el ciudadano ya está condenado. Sobre este aspecto también se han pronunciado los ministros de Defensa y de Justicia; en particular este último insistió en que la palabra final la tendrán los jueces y señaló: “La decisión del Presidente sobre liberar a una persona se remitirá al juez de ejecución de penas o quien tenga a cargo su privación de la libertad, y si después de eso hay controversias judiciales, pues los jueces tienen la última palabra”. Ojalá así sea, en bien del Estado de derecho y del respeto a la Constitución Nacional y a las decisiones de los jueces y fiscales. No vaya a ser que todo termine en una rectificación del Presidente con la consecuente descalificación ministerial.

Esta comisión que recomendará la admisión o exclusión de los ciudadanos detenidos en el marco de las protestas lo que crea es un tribunal paralelo de justicia. Así este tenga nombre de comité, está llamado a hacer concesiones en materia penal, lo que lo convierte en un paratribunal, que si bien en principio no absuelve al procesado, sí le genera un beneficio judicial como lo es la excarcelación, lo que resulta en una intromisión indebida a la justicia.

Yo creo que este decretazo contraría las normas dispuestas en el Título VIII (de la Rama Judicial) de la Constitución Política por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 4 constitucional, los jueces no estarían obligados a aplicarlo acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad.

Por si fuera poco, la Constitución ordena que una norma que le atribuye una facultad judicial a un organismo que no la tiene, en este caso, al Ejecutivo, tiene necesariamente que surtir el procedimiento de una ley estatutaria y, por lo tanto, pasar un examen de constitucionalidad automático, que deberá surtirse antes de su entrada en vigor.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, el Fiscal General y la Procuradora General han expresado sus preocupaciones y advertencias frente a estas medidas. ¿Hará oídos sordos el Gobierno?

Todos temíamos que en algún momento este gobierno caería en la tentación de llevarse de calle el Estado de derecho y las instituciones. ¿Será este decretazo ilegal y politiquero el inicio de esa ruptura?

P.D. Anuncia el Presidente pagos millonarios a cien mil jóvenes a quienes convertirán en militantes y activistas de la causa. Muy mal ejemplo para quienes se esfuerzan en estudiar, trabajar y construirse un futuro en la legalidad.