El ordeño
Por: Germán Vargas Lleras
Ojalá esta inoportuna y populista reforma tributaria se hunda en la plenaria de Cámara.
Avanza en el Congreso el trámite de la tercera reforma tributaria de este año, incluyendo la fallida del Dr. Carrasquilla. Es, además, la quinta en lo que va de este gobierno. Independientemente de su contenido, que me anticipo en calificar de populista y engañoso, la sola presentación de esta iniciativa contribuye a deteriorar aún más, si es posible, el clima de inseguridad jurídica para empresas y también para personas naturales.
Es una situación inédita en el mundo y muy perjudicial por la zozobra que crea. ¿Qué empresa puede trabajar, planear su futuro, hacer presupuestos con esta incertidumbre? ¿Qué inversionista puede calcular el retorno de su emprendimiento y los riegos que asumirá? Ni qué decir de los fondos de inversión. Cómo vamos a retomar la senda del crecimiento con estas señales a los mercados nacional e internacional. Imposible.
Aun así, esta quinta iniciativa avanza con paso firme por los pasillos del Congreso. Casi inadvertida, llegará a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes esta semana. Apenas ahora empieza a conocerse el proyecto, que en definitiva lo que busca es eliminar el famoso y antitécnico impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras. Personalmente he insistido desde el año 2010 en su desmonte, porque es un impuesto que no grava la utilidad de los negocios sino la propia actividad, que desincentiva la bancarización de personas naturales y jurídicas, que favorece la informalidad y la evasión, impidiendo mayores recaudos tributarios. Todos los expertos en materia tributaria critican este impuesto y aconsejan su inmediata eliminación.
Pero este proyecto nos viene con la genialidad de desmontarlo a partir del año 2023, a sabiendas de que el gobierno que llegue seguramente lo primero que hará es tramitar otra reforma para mantenerlo. En cambio, sí propone aumentar el impuesto de renta para asalariados hasta un 44 %, o sea, otra vez los mismos paganinis de siempre. La propia Comisión de Expertos contratada por el Gobierno dijo sobre este particular que “las tarifas de impuesto sobre la renta para personas naturales aplicables a asalariados son altas”. Qué poco estudian y qué poca imaginación la de estos ‘preocupados’ padres de la patria.
Advertí que el proyecto era engañoso porque al final aumentarán las tasas efectivas de tributación y, además, porque los autores, ponentes y quienes la apoyan deberían saber que este impuesto del 4 por mil no se puede eliminar en esta coyuntura fiscal, que no hay peor momento que este para prescindir de los 8 billones que genera este tributo y que el propio proyecto no cubrirá ni una ínfima parte del hueco que abrirá en las finanzas públicas.
Apoyamos la última reforma porque encontramos positivo que el Gobierno no avalara el restablecimiento del impuesto confiscatorio al patrimonio ni la también confiscatoria y antitécnica renta presuntiva. La defendimos porque el Gobierno atendió nuestra demanda de no incrementar el impuesto a los dividendos y mantener el descuento del ICA, y, contra lo que opinaron nuestros desconectados economistas criollos con la reforma de 2019, el recaudo se elevó en 10 billones y la tasa de tributación al 19,85 % del PIB, el cual sigue siendo insuficiente, pero que tendremos que elevar no gravando más a los de siempre ni restando competitividad a nuestras empresas, sino desmontando beneficios que carecen de toda justificación económica y cuestan 92 billones y, por supuesto, luchando contra el contrabando y la evasión, que suman otro tanto.
Una reflexión final. Las reformas tributarias se han convertido en instrumento de extorsión y chantaje al empresariado colombiano. Con la sola presentación de los proyectos empieza el desfile de gremios y empresas en el alto Gobierno y las oficinas del Capitolio. Una vez al año era la dosis, pero ahora, ojalá me equivoque, le tocará al sector productivo prepararse para dos jornadas anuales de genuflexiones e intrigas y, claro, en época electoral también para asumir compromisos en la financiación del proceso electoral.
Ojalá esta inoportuna y populista reforma se hunda en la plenaria de Cámara, pero parte del daño ya estará hecho. Inexplicablemente, el Gobierno se demoró en advertir que no la consideraba conveniente ni la avalaría legalmente. Habrá que creerle.
