El verdadero acuerdo nacional
Me llama la atención que dentro del amplio paquete legislativo anunciado por el Gobierno no figure la reglamentación de las consultas previas, tema sobre el cual se debería generar el tan anunciado acuerdo nacional, ya que de ello depende la realización de los principales proyectos de infraestructura y, en general, de desarrollo del país.
En esta materia, la situación no puede ser más agobiante. Quiero recordar que Colombia es quizás el país en donde peor se ha entendido el alcance de las famosas consultas. En primer lugar, porque los funcionarios que terminaron suscribiendo los acuerdos de la OIT sin ningún soporte legal no entendían nada al respecto, y mucho menos las consecuencias de su irresponsable actuación para un país en pleno desarrollo. Hoy debemos registrar con preocupación cómo esas consultas se han convertido, en la mayoría de los casos, en fuente de corrupción y extorsión y en la parálisis de cientos de proyectos, paradójicamente en las zonas más olvidadas y necesitadas del país.
De su reglamentación nadie ha vuelto a hablar, pero lo cierto es que es urgente establecer costos razonables para aquellas, además de tiempos precisos y compensaciones proporcionales al costo de los proyectos. Preocupado por el tema, solicité información al Ministerio del Interior, incluso con derecho de petición ante su prolongado silencio.
La conclusión no pudo ser más alarmante: tenemos, a hoy, 808 proyectos paralizados por causa de 5.038 consultas previas.
La infraestructura nacional es, por supuesto, la más perjudicada: 297 proyectos con más de 1.053 consultas, un 36 % del total en obras claves para la reactivación de la economía nacional y de las regiones. Si se accediera a satisfacer todas las exigencias de las comunidades, los costos de los proyectos podrían incrementarse en un 300 %. Lo cierto es que alrededor de esta institución se han conformado poderosos y temibles carteles.
En el sector eléctrico la situación es muy similar: 205 proyectos a la espera de resolver más de 1.590 consultas previas con las comunidades. Para 2035 se esperaba contar con 65 parques eólicos en la Alta y Media Guajira, lo cual anticipo ya no será posible. Entre 2019 y 2021 se adjudicaron más de 2.000 MW para las plantas de generación renovable en la región, ninguna ha iniciado operaciones. Muy grave que más de 600 comunidades tomen la decisión de vetar los proyectos.
Celsia, por ejemplo, ya anunció que venderá dos proyectos que tenía asignados y trasladará esos equipos a Arequipa, en Perú; Enel suspendió indefinidamente la ejecución del proyecto Windpechi; AES no ha comenzado ninguno, y Grupo Energía de Bogotá ha realizado más de 250 consultas para construir la línea colectora con similar número de kilómetros. Y todavía no arranca. Inaudito.
Ni qué decir del sector de la minería, con 162 proyectos paralizados por efecto de 1.278 consultas. En tan solo 2023, los conflictos sociales en las zonas mineras aumentaron en más de un 46 % y no podía ser de otra manera, pues es precisamente la minería ilegal la que no hace consultas ni necesita licencias, la que financia la actividad de los grupos ilegales.
Colombia podría producir 700.000 toneladas año de cobre, más del 40 % de la producción mundial, pero sus tres principales proyectos se encuentran parados. Igual ocurre con proyectos de fosfatos, arenas especiales, mármoles, cromo, calcio, potasio, etc.
Por el lado del carbón, el panorama también es desolador, afectando gravemente a empresas como la Drummond y Cerrejón, así como a la minera Cerromatoso, entre otras.
Y por el lado de los hidrocarburos, igual: 144 proyectos que no despegan por causa de 1.117 consultas. Solo mencionar los proyectos de Gran Tierra Energy, Canacol, Hocol, Promigás, Parex, Frontera Energy, Surtigás, Geopark, todas empresas reconocidas por su seriedad y cumplimiento de los más altos estándares ambientales y sociales, con sus proyectos paralizados. Empleo de calidad, desarrollo regional, regalías, todo el progreso detenido.
Imposible que el chantaje, la extorsión y la falta de autoridad del Estado, que no solo no reglamenta la materia, sino que permite que se acuda a las vías de hecho, que ampara diligentemente, tengan tan afectados sectores estratégicos de la vida nacional. A este paso se terminarán de ir cansados todos los inversionistas y las empresas que han creído en el país.
