Empezaron los debates
Por: Germán Vargas Lleras
Nunca habíamos visto tantos candidatos y con tan pocas propuestas concretas. Ninguno presenta un programa de gobierno ni un documento escrito. Todo son lugares comunes, todo pandito, sin compromisos ni claridad en las ideas. Eso sí, todos aterrizan en lo mismo: gasto y más gasto público. Sin límite. De izquierda, derecha y también del centro, en cuanto al gasto, solo populismo puro e irresponsable.
Con alguna excepción, los candidatos coinciden en proponer con carácter urgente una nueva reforma tributaria. El objetivo principal y único es derogar las reformas aprobadas en 2019 y 2021, reformas que consultaron las recomendaciones de la comisión de reconocidos e independientes expertos internacionales. Valdría la pena –les recomiendo– que lean este importante documento. ¿Saben los candidatos, por ejemplo, que las reformas que ahora critican permitieron incrementar el recaudo en un 18,8 %? Este resultado confirma que lo dicho por la comisión y por aquellos que defendimos las reformas era correcto. Que sí era posible incrementar los recaudos sin asfixiar a las empresas y a los contribuyentes y avanzar a un entorno más competitivo.
Pero no. Las propuestas que hasta ahora he escuchado vuelven sobre las mismas recetas. Veamos: en primer lugar, prácticamente todos los candidatos, incluidos quienes dicen representar a los sectores productivos, proponen revivir el antitécnico y confiscatorio impuesto al patrimonio. ¿En qué tarifa estarán pensando? ¿5, 10, 20 %? ¿Esa tarifa les parecerá suficientemente progresiva y expropiatoria? En ese caso, antes que seguir hablando de un doloroso cuentagotas, sería mejor abordar sin eufemismos el tema de la expropiación y entrar a discutir el monto de la indemnización.
También he escuchado voces que proponen incrementar aún más el impuesto sobre la renta, que hoy es del 35 % para las empresas y hasta el 40 % para personas naturales. ¿A dónde proponen llevar estas tasas? El 50 % parece poco, a juzgar por las “ambiciosas” propuestas; ¿por qué no el 60? Y para rematar, proponen restablecer la renta presuntiva, quién sabe con qué tarifas y condiciones.
Y, claro, aumentar también el impuesto a los dividendos, que hoy está en el 10 %. ¿Por qué no subirlo al 20%? Con ello podríamos elevar la tributación sobre las empresas a más del 50 %. Pero esto todavía podría ser insuficiente. Doy por hecho que ninguno defenderá el descuento del ICA del 50 % y que nunca apoyarán el del 100 % al que hubiéramos llegado de manera progresiva, como lo establecía la reforma del 2019. También es claro que se eliminará la devolución del IVA en la compra de activos fijos. Ni hablar del impuesto sucesoral y el de ganancias ocasionales.
También he escuchado propuestas confiscatorias en materia de impuesto predial y de tributos territoriales. En Colombia, la condición de propietario de cualquier cosa se ha convertido en motivo de sanción económica y social.
Pero, eso sí, nadie se mete con el IVA, que es una de las principales recomendaciones de la comisión de expertos y donde tenemos la mayoría de las exenciones y la principal fuente de nuevos ingresos.
Lo que ninguno ha mencionado en los debates es que Colombia tiene una de las tasas más altas de tributación del mundo, que oscila entre el 50 y el 80 % en algunos casos.
Tampoco he visto propuestas para seguir atacando la elusión y el contrabando, que representa, mal contados, 60 billones anuales. ¿Cuáles son, además, las recetas para atacar la informalidad? ¿Y qué van a hacer para evitar que siga siendo más atractivo invertir y producir en el extranjero que hacerlo en el país?
Ante todas estas propuestas politiqueras, valdría la pena que los representantes del sector productivo y del empresariado dijeran algo y claramente tomaran una posición. Mucho se arrepentirán de no hacerlo a tiempo. Propongo, por ejemplo, que no orienten más sus aportes a campañas o partidos que promueven estas recetas suicidas.
En marzo se elegirá el Congreso que tramitará las nuevas reformas. Pero lo que estamos viendo en materia de propuestas tributarias constituye un muy mal augurio para abordar otros temas como las reformas pensional y laboral, entre muchos otras. Se pueden imaginar lo que serían estos debates en un Congreso de mayorías afines a estos propósitos.
