Empleo
Tenemos una de las tasas de desempleo más altas de la región y niveles de informalidad inadmisibles.
En los últimos años hemos registrado una reducción del desempleo a niveles de un dígito, así como un incremento del empleo formal, pero seguimos teniendo una de las tasas de desempleo más altas de la región y niveles de informalidad inadmisibles, que llegan al 48,1 %, es decir, casi 6 millones de ciudadanos.
Tenemos retos muy grandes en productividad laboral, eficiencia y uso del talento y capacidad de la economía para atraer y retener el capital humano. Todo esto producto, entre otras causas, de problemas en materia de formación para el trabajo, falta de pertinencia en el sistema educativo y programas muy rígidos que no se adaptan a las necesidades del mercado laboral. Los tiempos para la búsqueda de empleo oscilan entre 5 y 18 meses.
La generación de empleo debe visibilizarse, tener metas precisas y planes de acción y seguimiento. Como parte de la estrategia, he propuesto que se cree una plataforma que permita aprovechar las tecnologías de la información para identificar todas las oportunidades de empleo y a los potenciales empleados y que se haga prospectiva laboral para orientar los programas de formación y así sintonizar las necesidades de las empresas con las del mercado laboral.
Entender cuáles serán los trabajos del futuro y preparar nuestros recursos humanos para dar respuesta a esas necesidades es un imperativo.
En materia de formalización laboral también es indispensable eliminar la tramitomanía, simplificar el proceso de vinculación a través de una plataforma unificada de afiliación a la seguridad social, la salud, el sistema pensional, el de riesgos laborales y las cajas de compensación.
Mi propuesta es un paquete básico que incluya la salud para que las personas no pierdan su régimen subsidiado al conseguir un empleo temporal. Que comprenda también los riesgos laborales a través de programas de microseguro de bajo costo. En subsidio familiar, que los trabajadores independientes informales puedan acceder a servicios de bajo costo, y, finalmente, en protección a la vejez, a través del programa de beneficios (Beps) fortalecido.
Un aspecto que merece especial atención es lo relacionado con el abuso de la figura de la estabilidad laboral por debilidad manifiesta. Esa herramienta, que nació como una buena iniciativa para proteger a los trabajadores en condición de discapacidad, terminó siendo un mecanismo discriminatorio para la formación de empleo formal, toda vez que las relaciones laborales no se pueden terminar, aunque exista justa causa, solo por el hecho de que el trabajador goza del beneficio de estabilidad laboral reforzada. Tan inverosímil es la situación que si un trabajador es encontrado en flagrancia cometiendo un hecho delictivo en una empresa, este no puede ser despedido si está amparado con este beneficio.
Lo anterior es consecuencia de las interpretaciones de la Corte Constitucional, la cual determinó que los trabajadores, incluso los contratistas, amparados en la figura de la estabilidad laboral, antes de un despedido deben contar con concepto previo del Ministerio del Trabajo, el cual puede gastar más de un año, y al final, si son despedidos, se obliga al pago de indemnizaciones y reubicaciones, con los consecuentes sobrecostos que ello implica.
Un fallo reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambia el panorama. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo debe, en el corto plazo, reglamentar el ‘Manual del inspector del trabajo’ por la vía de un decreto que fije el procedimiento de autorización para la terminación de contratos con justa causa y, además, presentar un proyecto de ley que adopte los derechos fundamentales del trabajador y precise criterios legales de interpretación en esta materia.
Haría bien el Gobierno en definir una política pública para que el empleo, su generación y promoción sean un objetivo principal de la política económica y se articulen a toda la agenda de desarrollo.
GERMÁN VARGAS LLERAS
Fuente: eltiempo.com
