¿Es la constituyente el camino?
Por: Germán Vargas Lleras
La decisión de la JEP en el caso Santrich sacudió todas las estructuras del Estado y profundizó la crisis institucional que se venía gestando hace meses. Pero, como ocurre generalmente, los momentos de crisis también son momentos de oportunidad.
En este caso, creo yo, se abre la posibilidad de concertar un acuerdo nacional entre las ramas del poder público, comenzando por la Rama Judicial y que incluya a los partidos políticos, aun a la oposición, para tramitar en consenso las iniciativas necesarias para salvar los acuerdos de paz, llenar los vacíos y corregir los problemas relativos a su implementación. A este propósito de tender puentes y generar confianzas creo que contribuye la designación de la magistrada Margarita Cabello como nueva titular de la cartera de Justicia.
Entre tanto, hay que actuar con prudencia y serenidad y esperar el pronunciamiento de la sala de revisión de la JEP ante el recurso interpuesto por el Procurador General. La sala, integrada por magistrados de reconocida trayectoria, ponderará seguramente el salvamento de voto de una decisión apretada y muy controversial en cuanto a la solicitud y valoración de las pruebas, la competencia para decretar la libertad del acusado y, lo más sensible, el funcionamiento de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.
Esta sala podría declarar la nulidad del fallo, con lo cual se abre la posibilidad de incorporar nuevas pruebas, incluido el famoso video, como también remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia en caso de que considere que Santrich debe ser juzgado por la justicia ordinaria, y será esta la que tenga la última palabra.
Sin duda, el detonante mayor de la crisis institucional fue la renuncia presentada por el Fiscal General de la Nación. Sería lamentable que se perdieran, con esta renuncia, los importantes avances que bajo su liderazgo se venían gestando para tramitar en el Congreso nuevas iniciativas que permitieran superar los vacíos y temores en la implementación de los acuerdos de paz y avanzar en nuevos instrumentos para enfrentar con mayor vigor el narcotráfico.
Nos corresponde en este momento evitar que se profundice la polarización con sus indeseables efectos sobre la economía, el crecimiento, la inversión y el clima de confianza, nacional e internacional. Por mi parte, me propongo aportar mi concurso para superar esta situación y, de ser viable, participar positivamente en la construcción de un acuerdo ya esbozado por el Presidente en su alocución de esta semana.
Y a quienes han propuesto o recibido entusiasmados la idea de una constituyente, lamento aguarles la fiesta. Una constituyente sería el peor camino, pues comprometería todos los esfuerzos de este gobierno en los próximos tres años y con pocas probabilidades de tener éxito.
Recordemos que una constituyente, en primer lugar, debe tramitarse mediante una ley en el Congreso aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras, que fije las competencias y el tiempo en que va a sesionar. De ser aprobada, debe ir a la Corte Constitucional para su revisión. Luego se debe convocar una votación a todos los colombianos para establecer si la aprueban y obtener la tercera parte del censo electoral, 12’700.000 votos válidos. Conocido el resultado procede convocar nuevas elecciones para elegir a los constituyentes y ninguna de estas convocatorias puede coincidir con otra elección.
Este tortuoso recorrido tardaría por lo menos dos años. ¿Debe el Gobierno comprometer lo que le resta del periodo en una aventura de esta naturaleza? Me temo que es muy desaconsejable insistir en esta.
Además, es evidente que este proceso polarizaría aún más la sociedad. Tantos problemas para solucionar que yo me pregunto: ¿vale realmente la pena dar un salto al vacío, por decir lo menos, tras el cual quién sabe qué otros propósitos se ocultan?
