Esperpentos y chambonadas

Y ahora el turno fue para la primera línea del metro de Bogotá. Omitiendo los conductos regulares, el Gobierno solicitó a la empresa constructora de la megaobra alternativas para subterranizar la totalidad o algunos trayectos del trazado actual.

La respuesta no se hizo esperar y el consorcio presentó 5 alternativas que involucran todas ellas incrementos sustanciales en los plazos de construcción y, por supuesto, en el valor de la obra. Cualquiera de las 5 conllevaría un cambio fundamental, pues se estaría modificando el objeto del contrato, su plazo, su valor, la tecnología por emplear y muy seguramente el propio contratista, pues el actual parece no tener la experiencia en diseño y construcción de túneles. Con razón el gerente de la Empresa Metro ha manifestado sus preocupaciones por posibles detrimentos patrimoniales relacionados con la pérdida de millonarios recursos públicos ya invertidos en compra de predios, traslado de redes y estudios, para solo mencionar algunos.

Pero ante la negativa de la alcaldesa Claudia López a aceptar este cambio fundamental, la reacción del Presidente y su ministro de Transporte no se hizo esperar. Voy a citar a este último para no perder de vista el tamaño de su desconcertante declaración. “Si no aceptan las modificaciones, el Gobierno en la medida en que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos se van a tener que parar”. “Si el tema no es haciéndonos por las buenas, pues también el Gobierno Nacional tiene que hacer con su chequera. Cada uno sabe qué hace con su plata”.

En apoyo de esta declaración chantajista e ilegal salió Petro a calificar la obra como un esperpento, una chambonada que él no estaba dispuesto a patrocinar. Pero en realidad aquí lo que es un esperpento y una chambonada es lo que pretende hacer el Gobierno pasando por encima de la ley, desconociendo el valor de los contratos, creando enormes riesgos jurídicos y de potenciales demandadas al Distrito y a la Nación, y afectando gravemente la armónica relación que debe existir entre el Gobierno Nacional y Bogotá. Una nueva muestra de desprecio por la institucionalidad y la legalidad, que más temprano que tarde nos pasará su cuenta de cobro.

En buena hora el Congreso, por iniciativa del senador David Luna, promovió un debate con el ministro Reyes para dimensionar el alcance de las pretensiones del Gobierno no solo en materia de la construcción del metro, sino del ‘castigo’ a la ciudad anunciado y de la parálisis consecuente de los planes y programas de inversión en proyectos como el Regiotram del Norte, los tres metrocables, los accesos a la ciudad por calle 13 y autopista Norte y la segunda línea del metro a Suba y Engativá, entre otros. Pero nos tenía el ministro reservada una sorpresa que en términos coloquiales calificaríamos de ‘reversazo’: “Los recursos sí están garantizados, no estamos condicionando nada. Vamos a cumplir los compromisos hechos y vamos a girar cerca de 2,3 billones, previa solicitud del gerente del metro”, a lo que añadió que no entendía el revuelo que se había generado en el país. Qué cinismo, pero hay que abonarle que corrigió la plana y, como a la gente hay que creerle, esperemos que este episodio se haya superado. Advierto que hay que mantener las alarmas encendidas, pues Petro jamás ha renunciado a una ‘causa’, su terquedad es proverbial y el anunciado adelanto de su visita a China solo puede generar nuevas preocupaciones.

Prueba de lo dicho es el ahora conocido pacto de la Orinoquía, según el cual, a solicitud de Petro, se reabre toda la discusión técnica y jurídica. Un acuerdo que no puede conducir a nada positivo, pues la discusión ni es técnica ni es jurídica, sino política.

Ya veremos si la alcaldesa, que se ha mostrado hasta ahora tan firme en la defensa de los intereses de Bogotá, que ha recibido al apoyo y el aplauso de su ciudad en lo que entendimos era una legítima exigencia de respeto a las decisiones y autonomía distrital, termina anteponiendo sus cálculos electorales en asunto tan sensible para los bogotanos. Si esto fuera así, me temo, y muy a mi pesar, que el sueño de los bogotanos de contar con un metro quedaría enterrado para siempre. Como ya ha ocurrido varías veces, nuevamente Bogotá pagaría los costos incalculables de haberse convertido en trampolín de aspiraciones presidenciales.