Y ahora el gas
En medio de una coyuntura que afectó el suministro de gas natural a dos millones de usuarios, la ministra de Minas y Energía dio a conocer que las reservas probadas de gas natural disminuyeron un 11 % en 2022 frente a las de 2021. Esto equivale a decir que contamos con gas natural para 7,2 años, la cifra más baja desde 2015.
Son 36,7 millones de colombianos los que se benefician hoy con el gas natural en sus hogares, comercios, taxis, hoteles, restaurantes e industrias. La coyuntura en el suroccidente del país reafirmó que el gas natural es esencial en la vida de los colombianos. Sin embargo, el presidente Petro, ante semejante situación de emergencia, canceló su participación en el Congreso de Naturgás, y la ministra Vélez, en rueda de prensa, evadió todas las preguntas relacionadas con la firma de nuevos contratos de exploración y producción.
La totalidad de los expertos coinciden en la necesidad de reconsiderar la negativa a otorgar nuevas áreas de exploración y, en general, a expandir la cobertura y el uso de este combustible. Lo interesante es que ya no es solo el exministro Ocampo quien defiende esta postura, sino el director de Planeación Nacional, Iván González, y, quién lo creyera, el mismísimo presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), César Loza, quien afirmó que sin reservas la transición energética está en riesgo. ¿Serán estos señores también parte del “golpe blando”?
Y es que la situación es bien preocupante. A la fecha tenemos 37 contratos suspendidos de exploración de gas y petróleo. De estos, 13 son por problemas de conflictividad social (consultas previas y conflictos con comunidades), 11 por temas de orden público y 8 por asuntos ambientales. El restante, por problemas de ordenamiento territorial y acceso. Al margen de esta situación, todos los contratos se están viendo afectados por el aumento de la carga tributaria y por los anuncios hechos sobre cambios en la normativa energética, ambiental y laboral. A ello se suma la incertidumbre frente al desarrollo de yacimientos no convencionales, la implementación del Acuerdo de Escazú y el incremento de las vías de hecho por parte de las comunidades, como tantas veces lo advertí desde esta columna.
Todo ello conduce a la falta de certeza en el suministro de gas natural y, por ende, a la dificultad de suscribir contratos y acordar precios a largo plazo. La solución a los problemas de abastecimiento confiable podría venir de los recientes descubrimientos de yacimientos ‘offshore’, pero para ello es indispensable que el Gobierno otorgue las señales de política pública y regulatorias que permitan tramitar con celeridad los procesos de consultas previas y licenciamiento ambiental y el desarrollo de la infraestructura para la conexión de estos campos con el Sistema Nacional de Transporte. Todo esto sigue pendiente.
Otro tema que preocupa, en medio de esta crisis, es el interés del Gobierno de insistir en la integración vertical de la industria de gas natural. Este tema se incluyó en los artículos del Plan de Desarrollo y fue negado. No obstante, la ministra Vélez insiste en la rechazada iniciativa para concentrar en Ecopetrol el poder absoluto de la industria, anticipando con ello la estatización de los servicios públicos. Es claro que la integración vertical genera riesgos en la competencia cuando un mismo agente tiene el monopolio de todos los eslabones de la cadena de valor, en detrimento del consumidor y el usuario.
Explotar el potencial del gas natural requiere un esfuerzo importante de todos los actores públicos y privados que participan en el sector. Comenzando por la reducción de la incertidumbre sobre la exploración y las reservas, pero también removiendo las barreras a lo largo de toda la cadena de valor en sus componentes de producción, transporte, distribución y comercialización. Es clave enviar las señales que dinamicen la inversión en el sector a través de una agenda regulatoria clara y concertada, nuevas fuentes de financiación para cubrir las inversiones, el aumento del subsidio al pago de gas natural en estratos 1 y 2 y las conexiones intradomiciliarias. Con estos instrumentos se podría garantizar la seguridad energética y solucionar la carencia de este recurso en más de 5,4 millones de colombianos que todavía cocinan con leña. Pero todo indica que este tampoco es el objetivo del gobierno del cambio.
