Hidroituango
En su momento levanté mi voz para denunciar todo lo que estaba ocurriendo con el proyecto de Hidroituango. Dije que desde su adjudicación, rodeada de graves denuncias, hasta la aprobación del nefasto plan de aceleración de las obras, todo allí estaba lleno de secretismo, sin que nadie diera explicaciones satisfactorias. También advertí sobre la responsabilidad de los contratistas y las relaciones que por décadas han mantenido con EPM, caracterizadas por conflictos de intereses y puertas giratorias muy controvertidas. No voy a volver sobre ello ahora, pero sí espero que en su momento los organismos de control se pronuncien.
Ante el inminente vencimiento de los contratos y las inamovibles posiciones de las partes involucradas, se han prendido esta semana todas las alarmas y con ellas se ha desatado una guerra de reclamaciones, demandas judiciales, acusaciones políticas y personales que en nada benefician la búsqueda de una solución de un problema que trasciende las fronteras de Antioquia para convertirse en un grave problema que involucra a toda la Nación.
Aquí lo que tiene que primar es el pragmatismo y la sensatez, que indican que el objetivo único en este momento es culminar el megaproyecto hidroeléctrico. En primer lugar, porque está en juego la vida de miles de habitantes de las riberas del río Cauca. Los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia, para citar solo algunos de los 17 en mayor riesgo que podrían desaparecer de fallar la estructura del vertedero de la presa, que fue diseñado para permitir descargas ocasionales y no para operar en forma permanente e irregular. Sin duda, la mayor urgencia es la vida misma de estas comunidades.
En segundo lugar está la seguridad eléctrica del país. Aun cuando en la actualidad las intensas lluvias tienen a tope los embalses y por lo tanto se cuenta con importante energía disponible y un posible apagón está en principio descartado, también es factible que la falla de alguna central o línea de transmisión pueda jugarnos una mala pasada, como ocurrió en 2015 con las principales centrales antioqueñas.
De la mano de la seguridad eléctrica va el tema de los precios de la energía. La no entrada de Hidroituango en los meses previstos conllevará un aumento de las tarifas que tendremos que pagar los colombianos.
Por el lado de EPM, la situación puede convertirse en catástrofe empresarial. Se estima que el incumplimiento de las obligaciones de energía firme, más las sanciones y exigencias de garantías y las pérdidas por energía no suministrada al sistema podrían ascender a más de 1.200 millones de dólares. Además, podría ocurrir la aceleración de los créditos de las entidades bancarias como el BID, que ya no solo impactarían el proyecto, sino a la empresa misma por su incapacidad de atender en el corto plazo esos compromisos financieros.
De tal manera que es obligación de todos los involucrados aportar soluciones. Ya lo señaló el presidente Duque cuando afirmó que no se puede poner en riesgo la ejecución del proyecto y que no se puede seguir improvisando, añado yo, por ninguna de las partes.
Yo creo que de ninguna manera se puede a estas alturas iniciar un proceso licitatorio para la búsqueda de un nuevo contratista. Ello implicaría por lo menos un retraso adicional de un año, con los riesgos y las consecuencias ya comentados. Si a 31 de diciembre el fallo de la Contraloría no hubiera quedado en firme, lo que corresponde al gerente de EPM es prorrogar por una vez más los contratos actuales y asegurarse de que las obras civiles terminen en junio y diciembre de 2022 para las dos primeras unidades. Y si ese fallo estuviera en firme, la solución sería permitir que el contrato sea cedido a una compañía que, aunque relacionada con el consorcio, no esté involucrada directamente en el fallo de responsabilidad fiscal.
Para tranquilidad de la Contraloría General están las aseguradoras, que han venido, y esperamos sigan, respondiendo hasta por 2.500 millones de dólares, suma suficiente para cubrir cualquier posible pérdida. Entrado en operación el proyecto, llegará el momento de establecer todas las responsabilidades, en especial las de los contratistas, que cobijados ahora por la ley de reorganización empresarial han puesto al país contra la pared, en actitud que en nada los enaltece.
