Hidroituango, Electricaribe y renovables
Por: Germán Vargas Lleras
La agenda energética nacional sigue dominada por tres grandes retos e incertidumbres: la culminación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, la adjudicación a uno o varios operadores del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe y la evolución o el cambio de la matriz energética nacional.
De Hidroituango, el país sigue sin saber nada sobre lo ocurrido, ni, peor aún, sobre el futuro de esta megaobra, como lo señalé hace más de seis meses. ¿Es todavía viable este proyecto? ¿Cuál es la situación de su licenciamiento ambiental y social? ¿Han sido atendidos los legítimos reclamos de las comunidades afectadas? ¿Se hubieran podido evitar esas afectaciones? ¿Se tiene prevista una fecha de entrada en operación? La multimillonaria inversión en publicidad realizada por EPM no ofrece ninguna respuesta a estos interrogantes, pero sí debería ser analizada por los organismos de control, que también tienen pendiente hacer públicos sus prometidos informes y evaluaciones. Aun cuando el sistema sigue contando con esta generación para atender la demanda de energía eléctrica a partir de 2021, es responsable la decisión del Gobierno de disponer la entrada de recursos alternativos provenientes, en especial, de fuentes renovables no convencionales.
Lo que me lleva al segundo gran reto del Gobierno en materia energética, cual es la convocatoria y adjudicación de la segunda subasta de contratos de largo plazo. Por razones ampliamente analizadas, la primera convocatoria no consiguió adjudicarse, pero sí dejó importantes lecciones que deberán atenderse ahora si se quiere tener éxito.
Ya fueron adjudicados, en la subasta de cargo por confiabilidad de febrero, cerca de 1.400 MW, y ello podría hacer pensar que prácticamente se alcanzó ya la meta de 1.500 MW comprometida por el Gobierno. Sin embargo, es bueno recordar que la subasta de contratos de largo plazo es fundamental para permitir el cierre financiero de estos proyectos renovables que recibieron obligaciones de energía firme en esa subasta. Dicho de otro modo, con el solo cargo no se garantiza la viabilidad de los proyectos, ya que es solo un porcentaje mínimo de sus ingresos.
Esta nueva subasta también debe buscar la eficiencia del mercado y permitir el traslado total de los costos a la tarifa. Sería muy prudente y realista reflexionar sobre los indicadores de competencia introducidos en la subasta pasada para asegurarse de que estos no hagan imposible de adjudicar este nuevo proceso. Al Gobierno le corresponde tomar todas las medidas necesarias para que la subasta anunciada sea un éxito.
En cuanto al tercer compromiso, de dar una solución definitiva a la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, se han dado pasos, algunos impopulares, es cierto, pero, creo, en la dirección correcta. La separación en dos zonas relativamente equilibradas –Caribe costa y Caribe mar–, las señales regulatorias adecuadas para incentivar las inversiones necesarias, el tratamiento a los diversos pasivos, incluido el pensional, entre otras medidas, deberían ser suficientes para asegurar que uno o varios operadores con capacidad financiera y experiencia comprobada se interesaran en asumir la prestación del servicio en estas zonas. Esperemos que el proceso de ofertas ya iniciado, y al cual se han presentado pluralidad de compañías, culmine exitosamente este año, pero si así no fuera, la Superintendencia de Servicios Públicos, como organismo responsable de la intervención, debe estar preparada para ejecutar el plan de inversiones y gestionar el servicio durante el tiempo necesario.
También es prudente recordar que 1’500.000 colombianos todavía carecen del servicio de energía y que subsisten rezagos importantes en las inversiones necesarias en la red de transmisión.
Tres temas claves en la agenda energética y económica del país, de cuya coordinada y oportuna solución dependerá abastecer la demanda actual y futura y la prestación de un servicio de calidad para todos los colombianos.
