Hidroituango: ¿sabremos la verdad?
Por: Germán Vargas Lleras
Tengo la convicción de que en torno al proyecto Hidroituango nunca se nos ha dicho toda la verdad. Desde la adjudicación del proyecto, que estuvo rodeada de graves denuncias y tutelas, hasta la aprobación del famoso plan de aceleración, responsable de buena parte de lo que está ocurriendo, aquí nadie da explicaciones suficientes y creíbles.
Este miércoles, por fin, la Contraloría decretó el control excepcional y se comprometió a dar resultados en no más de 4 meses. Se va a ocupar de esclarecer las condiciones en que se adjudicó este millonario contrato al consorcio, del cual forman parte Conconcreto e Integral, liderado por la empresa brasileña Camargo Correa, que ha enfrentado en su país investigaciones y sanciones similares a las de Odebrecht. La Fiscalía General aún no se ha pronunciado, pero supongo que ha tomado cartas en este asunto, al menos en lo relacionado con el proceso de contratación.
Han pasado ya nueve meses desde que se presentó la primera emergencia con el colapso del tercer túnel de desvío, que se construyó sin licencia ambiental, y esta es la hora en que tampoco se conoce ninguna respuesta sobre sus causas ni sobre el porqué de las decisiones, en particular el plan de aceleración, aprobado en junta virtual tres días antes de que terminara el periodo del gobernador y el alcalde de la época. Se sabe que este túnel no era parte del diseño original y que tanto los asesores internacionales como la interventoría y la propia empresa Hidroituango se opusieron. ¿Por qué EPM fue adelante en solitario con esta decisión? Me pregunto también: ¿por qué fueron despedidos el director del proyecto y los responsables técnicos y ambientales? ¿Se evaluaron suficientemente los riesgos en que se incurría? ¿Se pactaron, como se ha mencionado, primas de éxito, ilegales para el caso de inversiones con recursos públicos? ¿Por qué la actual administración de EPM, incluido el alcalde, que heredaron buena parte de esta problemática, nada dicen? Son todas preguntas cuyas respuestas los colombianos tenemos derecho a conocer.
De comprobarse estas afirmaciones, graves responsabilidades podrían derivarse para las empresas diseñadoras y constructoras, así como para las directivas que en su momento autorizaron esos diseños y trabajos, comenzando por la junta directiva de EPM, al igual que su gerente, Juan Esteban Calle, quien al terminar el cuatrienio pasó a dirigir Cementos Argos.
La Procuraduría también tomó cartas en este asunto y ha vinculado a la investigación a la junta directiva de EPM, y dispuso que la Superintendencia investigue si hubo ocultamiento ilegal de información.
¿Quién, en serio, va a responder a las 20.000 familias de pescadores, víctimas inmediatas de estas decisiones? El jueves pasado, las comunidades del río Cauca en la región Caribe, aguas abajo de la presa, manifestaron angustiosamente sus válidas preocupaciones. ¿Quién las escucha?
En el plano de la seguridad energética, debo reconocer el esfuerzo de la ministra de Energía para impulsar las subastas de fin de mes, que han implicado para el Gobierno decisiones controvertidas pero responsables en materia de política energética. Por duro que ello sea, el Gobierno no puede convertirse en rehén de Hidroituango y exponer el país a eventuales racionamientos futuros, cuyos efectos son tan costosos y de ingrata recordación. Pero ¿cómo entender que EPM vaya a participar en una subasta que se creó para suplir la demanda que su proyecto Hidroituango no va a entregar?
¿Qué suerte hubiera corrido una empresa del sector privado en cualquier proyecto de infraestructura de haber sido la responsable de este desastre?
El prestigio ganado a pulso por una empresa tan querida en Antioquia y el país y la natural solidaridad que se ha generado a raíz de esta crisis no pueden ser excusa para no investigar a fondo la verdad de lo acontecido y las responsabilidades que puedan derivarse, sin importar a quién puedan comprometer.
