La cara oculta del proyecto TIC
Por: Germán Vargas Lleras
Con el proyecto de ley de TIC que afanosamente tramita desde el semestre pasado la ministra Constaín y al cual consiguió darle mensaje de urgencia, ganan todos los operadores, gana el Gobierno pero pierden todos los ciudadanos y también el Estado.
Este proyecto, que ha suscitado gran debate en torno a la protección de la libertad de prensa, contiene verdaderas cargas de profundidad que considero altamente inconvenientes para el sector y el país.
Por expresa solicitud de los canales privados y con su total aceptación, se prorrogaron anticipadamente sus concesiones en el mes de abril del año pasado por 10 años adicionales y se acordó entre ellas y la Autoridad Nacional de TV el valor por pagar por cada concesionario, que se definió en 128.000 millones de pesos.
¿Cómo entender, entonces, que ahora este proyecto de ley modifique los contratos ya firmados y establezca que estos operadores del servicio de televisión abierta puedan acogerse al régimen de habilitación general, con lo cual sus permisos para el uso del espectro pasarán de 10 a 20 años, y sus pagos se liquidarán ya no sobre su facturación bruta anual, sino sobre sus ingresos por provisión de redes y servicios? Ello equivale a que los pagos que se habían comprometido a hacer se reduzcan en aproximadamente 180.000 millones de pesos que dejará de recibir el Estado colombiano.
Después de las denuncias iniciales, el sospechoso silencio de los operadores del Canal 1 frente al proyecto confirma que también para ellos, la concesión pasará de 10 a 20 años, sin pagar un solo peso. Ya veremos.
La ministra nos embarcó en este proyecto con el pretexto de lograr una mayor conectividad, en especial en lo que hace referencia las conexiones domiciliarias. Debo decir enfáticamente que no se requiere este proyecto de ley para avanzar en ese propósito sino realizar cuanto antes la subasta de 700 MHz, cuya reglamentación está lista, y así dar continuidad a los proyectos sociales y de acceso universal; financiar proyectos de banda ancha fija para los usuarios de menores ingresos y garantizar que los operadores privados ofrezcan planes asequibles a dichos usuarios, incluso mediante subsidios a la demanda. Por este camino, y sin necesidad de ninguna ley, se podrá llegar a los 16 millones de personas que aún carecen del servicio.
Los operadores de telefonía móvil son los que más se benefician del proyecto, pues reciben autorización para usar el espectro ya no por diez sino por veinte años. El uso del espectro ya no se dará a la oferta económica más alta, sino al que ofrezca mayor cobertura en los próximos 20 años. Vaya manera de empacar con una ley este jugoso regalo. ¿Quién va a responder por este detrimento?
¿Y qué hay para el Gobierno en esta ley? Pues, nada menos que el traslado de importantes facultades y prerrogativas de la Autoridad Nacional de TV al ministerio. Es decir, de un ente autónomo e independiente al propio gobierno. De ser aprobado este proyecto, sería el Gobierno el que reglamente el otorgamiento y la prórroga de las concesiones, el que decida sobre el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, o sea, el control sobre contenido de los medios y operadores, y el que fijará las tarifas, tasas y derechos.
El ministerio, además, se apropiará de los recursos que desde la Constitución de 1991 se entregaron, con razón, a un organismo independiente como la Autoridad Nacional a través del Fondo de la Televisión, que ahora se pretende fusionar con el Fontic.
El proyecto proseguirá su trámite el próximo martes en plenarias. Es urgente, entonces, que el Congreso de la República preste ahora la atención que no le dispensó cuando lo aprobó en comisiones y mire con mucho cuidado las orejas de este lobo, bien camufladas hasta ahora, pero que ya empiezan a apreciarse en sus verdaderos, injustificados y muy indeseables propósitos.
