La crisis del sistema penitenciario
Por: Germán Vargas Lleras
Esta semana, el director de la cárcel La Modelo fue detenido por corrupción. Meses atrás lo había sido el director de La Picota, y en los últimos años, decenas de directores, dragoneantes y miembros de la guardia penitenciaria se han visto involucrados en la comisión de toda suerte de conductas delictivas.
¿Cómo se explica que en una entidad oficial como el Inpec coexistan más de 112 sindicatos de base, sin incluir las seccionales, que tienen sus propias juntas directivas y cuyos miembros también gozan de fuero sindical? Son más de 2.600 los funcionarios en esa institución amparados por fuero sindical, a quienes no se puede trasladar, ni investigar ni, mucho menos, destituir sin que medie orden judicial que les levante el fuero. Que yo sepa, es además la única institución con manejo de armas que cuenta con este insólito régimen.
De toda esta situación intolerable surgió la idea, que en su momento propuse, de liquidar el Inpec y crear una dirección adscrita a la Policía Nacional que tuviera el mismo régimen de carrera y donde, en consecuencia, se pudiese aplicar el poder discrecional para el retiro de los funcionarios.
Tan importante es liquidar de una vez por todas esta entidad como abordar la solución de otros problemas carcelarios y de política criminal mediante una reforma que no da más espera.
Para comenzar, se requiere con urgencia adelantar la construcción de por lo menos 50.000 nuevos cupos carcelarios para enfrentar el déficit, estimado en 39.000. El cupo actual es de 80.200, por lo que el hacinamiento llega a más del 48 por ciento. Es imposible, además, adelantar cualquier política de resocialización de los internos en estas circunstancias.
Los terrenos para estas nuevas construcciones existen, e incluso los estudios para el traslado de las cárceles La Modelo, El Buen Pastor, La Ternera y La 40, en Pereira, que incluyen el desarrollo de proyectos de renovación urbanística que mucho convendrían a las ciudades. En su momento, y como fuente de financiación, se previó la pignoración de los recursos de la Superintendencia de Notariado y Registro en un modelo de administración de la infraestructura carcelaria por concesión. Valdría la pena volver a valorar estas iniciativas.
Y, más importante, evitar que se siga delinquiendo en las cárceles. En Colombia, los pabellones de alta seguridad no representan ni el 10 por ciento de la capacidad disponible y, a diferencia de otros países, no es posible restringir ni los permisos, ni las comunicaciones ni las visitas. El concepto de máxima, mediana y baja seguridad es un instrumento clave en el manejo de los centros y en la política penitenciaria, y de gran utilidad para la Fiscalía.
Así mismo, convendría revisar todo el régimen de tratamiento para menores infractores. Sé que es un tema complejo, pero muchos países, como México, Inglaterra o Brasil, ya dieron el paso de reducir la edad de imputabilidad de 14 a 12 años. Hoy se cuenta para ellos con 34 centros de reclusión, con una población cercana a los 17.000 menores infractores privados de libertad, pero estos centros, atendidos por el Instituto de Bienestar Familiar, ni son de reclusión ni tampoco de rehabilitación.
Conviene, en la reforma, endurecer el régimen de internamiento para quienes cometan delitos graves entre los 14 y los 18 años y un programa de seguimiento para quienes recuperan su libertad. Es bien sabido que poderosas organizaciones criminales se amparan en el régimen especial que cobija a los menores, lo cual, lejos de protegerlos, los ha convertido en sus mayores víctimas.
Liquidar el Inpec, construir nuevos centros penitenciarios, reformar el régimen carcelario y dotar el Estado de un norte en materia de política criminal son asuntos que no dan espera y deberían ser incluidos en la agenda del Gobierno que será discutida con los partidos esta misma semana.
