La reforma tributaria
Por: Germán Vargas Lleras
El Gobierno radicó nuevamente su proyecto de reforma tributaria, que en teoría debe contribuir a promover el crecimiento económico y la inversión. Digo en teoría, ya que estos objetivos no se consiguieron en vigencia de idéntica ley. Sostuve en reciente artículo que es esta una extraordinaria oportunidad para introducir nuevas propuestas que apunten a conseguir una mayor competitividad y productividad, generar más empleo y detener la salida de capitales de nuestro país.
Conviene tener muy presente, en las discusiones que se avecinan en el Congreso, que tenemos una de las tasas de tributación más altas del mundo, (71,2 %, ‘Doing Business’ 2020), solo superada por Afganistán y Guinea Ecuatorial, y en nuestro continente por los muy elocuentes ejemplos de Venezuela, Bolivia y Argentina. Está claro que no es con impuestos confiscatorios como vamos a impulsar nuestro crecimiento y a permitir que nuestras empresas puedan competir, ya no solo externa, sino internamente.
Yo creo que en el Congreso hay voluntad política para expedir una ley que verdaderamente persiga los objetivos anunciados. Desde luego, nosotros la tenemos, pero, como otras colectividades, no estamos dispuestos a servir de meros notarios del proyecto presentado.
En nuestro concepto, la nueva ley de reforma tributaria debería perseguir 3 objetivos centrales: reducir progresivamente la tasa de tributación de los negocios, hasta llegar a un 33,5 %; eliminar las asimetrías del sistema impositivo, que afectan a los productores nacionales, y aumentar el recaudo mediante un plan de lucha contra la evasión y el contrabando.
Para conseguir estos propósitos proponemos introducir 6 cambios de fondo, varios de los cuales habían sido aceptados el año pasado por el Gobierno, en cabeza del ministro Carrasquilla, y luego desconocidos en el trámite de la ley.
En primer lugar, proponemos la eliminación del impuesto al patrimonio para personas naturales, que, como lo habíamos advertido, no produjo los resultados esperados, ya que en nuestro país, óigase bien, ya no quedan sino 5.000 personas que este año pagaron el tributo. Por causa, entre otras razones, de este gravamen se han ido ya más de 25.000 colombianos a residenciarse fiscalmente en terceros países.
En segundo lugar, no aumentar el impuesto a los dividendos y unificarlos en un 5 %. Vale la pena recordar que con la Ley 1943 de 2018 se elevó la tasa aplicable a los dividendos en un 50 %.
En tercer lugar proponemos la eliminación del impuesto al consumo y/o IVA para la venta de inmuebles. Este impuesto, cuyo recaudo para agosto de 2019 no llegaba a los 64.000 millones de pesos, cuando el estimado era de 800.000, ha terminado encareciendo notablemente estas transacciones y ha impedido el muy deseable desarrollo del sector inmobiliario.
En cuarto lugar proponemos que el gravamen a los movimientos financieros (4 × mil) se convierta en una retención en la fuente que pueda ser recuperada por los contribuyentes.
También planteamos la desgravación del componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales, lo que permitirá que se vuelva a gravar la rentabilidad real, y no la nominal. Otras medidas que deberíamos evaluar son acelerar la eliminación de la renta presuntiva, revisar la tasa de tributación para profesionales y asalariados, además de una valoración de los resultados de las exenciones que se establecieron.
Estoy convencido de que, en materia fiscal, los esfuerzos deben concentrarse en aumentar la tasa de crecimiento de la economía, objetivo imposible de lograr con las actuales tasas confiscatorias de tributación, que ahuyentan la inversión, impiden a nuestros empresarios competir en su propio país y son la causa de que miles de colombianos hayan buscado refugio en otras naciones para sus recursos y, más grave aún, para ellos mismos.
P. D. Todos estos puntos se los planteamos al Gobierno esta semana. Esperamos tener respuestas pronto, porque el tiempo apremia. Quedan solo 5 semanas de la actual legislatura.
