Las CAR también son responsables
Lo peor son las demoras injustificadas en su solución que superan más de dos años sin respuesta.
Celebro que la Corte Constitucional haya precisado definitivamente el alcance de las consultas populares y, en particular, la propiedad exclusiva de la Nación sobre los recursos del subsuelo. Con este importante fallo se pone fin a esa práctica abusiva de los municipios que amenazaba con impedir el desarrollo de proyectos estratégicos para el progreso nacional.
Hoy quiero ocuparme de las corporaciones autónomas regionales, mejor conocidas como CAR. Entidades corresponsables de la parálisis de centenares de proyectos de infraestructura y desarrollo productivo a todo lo largo de la geografía nacional. Decenas de trámites se deben realizar ante las CAR para el desarrollo de cualquier iniciativa. Y lo peor son las demoras injustificadas en su solución que superan, en muchos casos, más de dos años sin ninguna respuesta.
Ello ocurre por la absoluta incapacidad e ineficiencia de estas entidades. Sus presupuestos están concentrados en el pago de enormes plantas de personal y funcionamiento y muy poco en sus labores misionales. Baste citar los casos de Coralina, en San Andrés, donde el 90 por ciento de los recursos se gastan en funcionamiento, o en Corporinoquia, más del 70 por ciento. La CAR de Cundinamarca tuvo en 2017 un presupuesto de un billón tres cientos mil millones de pesos, y tan solo ejecutó el 20 por ciento de los recursos.
Y, de la mano con lo anterior, como no podía ser distinto, la más alarmante corrupción, sobre la cual la Contraloría señaló en su informe del pasado julio que el despilfarro y la desviación de recursos condujeron a hallazgos fiscales que superaron los 100.000 millones”.
Bajo una mal entendida autonomía, actúan como ruedas sueltas al servicio de grupos políticos que poco o ningún interés tienen por la promoción y protección del medioambiente y sí mucho en sus empresas electorales. Y por años han conseguido impedir su reforma. Autonomía no es anarquía.
La situación amerita medidas drásticas para impedir que se continúen degradando estas entidades y, con su inacción, sigan impidiendo el desarrollo de iniciativas que el país requiere. El proyecto que presentamos esta semana precisa la naturaleza y el alcance de estas entidades y de su integración al Sistema Nacional Ambiental.
Para comenzar a ordenar la casa es indispensable redefinir la composición de sus consejos directivos, los cuales proponemos se reduzcan de 14 a 7 miembros, y que el Gobierno Nacional en conjunto con las entidades territoriales recuperen el control de estas. Con esta primera medida daremos un golpe definitivo a la politización de las CAR.
En segundo lugar, se establecen requisitos técnicos muy exigentes para la elección de los directores, se fija un procedimiento reglado y transparente para su designación y se prohíbe su reelección.
Nada justifica que en el departamento de Boyacá, 4 corporaciones ejerzan jurisdicción: Corpoguavio, Corpochivor, Corpoboyacá y la CAR de Cundinamarca. Tres en Antioquia: Corantioquia, Cornare y Corpourabá. Con base en un estudio detallado de las cuencas hidrográficas, se propone reducir el número de las CAR de las 33 existentes a 7. Ello permitirá tener entidades más robustas, menos burocratizadas y mejor enfocadas en sus objetivos misionales.
El proyecto también establece nuevas funciones, entre ellas las relacionadas con la gestión del riesgo ambiental, y se precisa que, en cuanto a los proyectos del orden nacional, la competencia estará en cabeza de la Anla.
Qué importante es que el Gobierno, que anunció en la campaña que daría prioridad a la eliminación y reducción de trámites, se apersone de esta iniciativa. Y, al igual que ocurre con la reglamentación de las consultas populares, desde ya advierto que quienes se oponen a cualquier reforma señalan que el Congreso no tiene competencia para tramitar este proyecto si antes no surte el trámite de consulta previa. ¿No resulta absurdo?
