Licencias ambientales
¿Cómo mejorar nuestra competitividad con la institucionalidad y los conflictos hoy existentes?
La semana pasada presentamos una iniciativa que pretende integrar el proceso de licenciamiento ambiental, así como los diferentes permisos y trámites requeridos para la oportuna autorización de los proyectos de desarrollo.
El tema no es de poca monta. En el sector de hidrocarburos, ya señalé la urgencia de intervenir a favor de un esquema de regalías más atractivo y justo para las regiones productoras y la necesidad de reformar el mecanismo de consulta previa y de consultas populares si no queremos comprometer nuestra seguridad energética y nuestra capacidad de seguir invirtiendo en el desarrollo social del país.
El proceso de licenciamiento ambiental vigente, junto con los anteriores, hace parte de ese conjunto inexpugnable de trámites y permisos que actúan como una alambrada hostil para el desarrollo de cualquier iniciativa en este país.
En el sector de infraestructura, baste con citar los casos de la vía Caucasia-Cruz del Viso, en donde la solicitud de sustracción de un área del Distrito de Manejo Integrado de Lorica tardó casi dos años en resolverse. En el caso del corredor Mulaló-Loboguerrero, el estudio de impacto ambiental, presentado en julio de 2017, aún está pendiente. Y ni hablar de la sustracción de reservas forestales que llevan años paralizadas en el Ministerio de Ambiente.
¿Cómo mejorar nuestra competitividad y generar el desarrollo de sectores claves como el minero-energético, el agroindustrial o el turismo con la institucionalidad y los conflictos hoy existentes? Procedimientos sin reglas claras, llenos de zonas grises y discrecionalidades que fomentan la corrupción. La regla es no resolver nada, posponer y no tomar riesgos. Francamente, hoy pienso que el sector fue capturado por funcionarios sumamente radicales que todo lo entorpecen. Distinto de lo que ocurre en países como Canadá y Chile.
Y mientras esto sucede, el narcotráfico, la minería y la deforestación ilegal han sido devastadores para las selvas, bosques, páramos y ríos. Poco o nada hacen las autoridades en estos casos. Les resulta más cómodo y menos riesgoso entorpecer el sector formal.
El proyecto presentado, con estas preocupaciones en mente, establece que la Anla será la autoridad exclusiva, única, encargada del licenciamiento integral de los proyectos que sean desarrollados por entidades del orden nacional. No más conflictos de competencia paralizantes, no más disputas entre las regiones y la Nación y no más inseguridad jurídica para los promotores públicos o privados de los proyectos. Así mismo, se ocupará de los procesos de sustracción de reserva forestal.
También prevé que el trámite de licencia ambiental pueda iniciarse simultáneamente con el de consulta previa, no como prerrequisito. Esto permitiría ser mucho más ágiles y eficientes en ambos procedimientos.
Y, finalmente, se elimina el llamado diagnóstico ambiental de alternativas, quedando en cabeza del solicitante la selección del mejor trazado o ubicación del proyecto, así como la demostración de los aspectos que respaldan técnica y socialmente dicha decisión y, por supuesto, el menor impacto ambiental.
Entiéndanme: nadie pretende que todo se apruebe a ciegas. Lo que reclamamos es que digan sí o no, pero oportunamente.
La protección del medioambiente y el desarrollo sostenible son en sí mismos fines del Estado, tal como lo señala nuestra Constitución. Y en nada debe ello oponerse al desarrollo de nuestros recursos naturales y de nuestros proyectos de desarrollo productivo. Ese dilema, que pudo ser cierto en otras épocas, es totalmente inaceptable en nuestros tiempos.
De las corporaciones autónomas, hoy en su mayoría bastiones de corrupción, politiquería e ineptitud, me ocuparé la próxima semana.
GERMÁN VARGAS LLERAS
