Los acuerdos políticos
Por: Germán Vargas Lleras
Terminan esta semana las reuniones del presidente Duque con los partidos para concertar la agenda de proyectos que se definirán como prioritarios en la próxima legislatura.
Bajo el principio de que no se formará una coalición de gobierno, sino que se concertarán las iniciativas del propio Gobierno y aquellas que surjan de las bancadas, resulta conveniente que se definan objetivos y prioridades y se establezcan mecanismos para llegar a consensos.
Todas las colectividades han expresado su inconformismo por la apatía del Gobierno frente a sus iniciativas. En nuestro caso, radicamos múltiples proyectos a los cuales dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en su preparación. Ninguno mereció la menor consideración de los actuales ministros.
Se inician las sesiones del Congreso, como es natural, con la discusión del Plan de Desarrollo, excelente oportunidad para definir grandes propósitos de políticas públicas, así como las obras prioritarias por ejecutarse en las regiones, tema de particular interés para el Congreso.
Pero la legislatura, en este primer año de gobierno, deberá abordar los temas verdaderamente urgentes. Me permito sugerir algunos, que ya fueron radicados y cuya aprobación debería suscitar el mayor interés del Gobierno y los partidos.
1. Justicia. Es urgente retomar la reforma malograda el semestre pasado para avanzar en el gran propósito de la descongestión judicial, asegurar el acceso a una justicia pronta y eficaz y brindar mayor seguridad jurídica a través del llamado precedente judicial. La reforma estructural de la Rama no da espera.
2. Salud. Tenemos cobertura universal de aseguramiento, pero sentimos que los servicios no llegan o llegan tarde, y no es una falsa percepción. Los indicadores de sobrevida por cáncer registrados esta semana están entre los peores de la región, y la tasa de hospitalización es la más alta del continente. Urge un nuevo modelo de atención que se sustente en el médico de familia y aborde integralmente al paciente. Los mejores sistemas del mundo, como Canadá, Inglaterra, Holanda y España, ya lo tienen. La iliquidez, el limitado financiamiento, fallas en la regulación e ineficiencias en la gestión hacen inaplazable priorizar esta iniciativa.
3. Pensiones. El camino fácil de postergar esta reforma, como lo sugiere la ministra, no es ya una opción. Tenemos un sistema pensional inequitativo, de baja cobertura e insostenible. La llamada bomba pensional ya supera los 900 billones de pesos, y el año pasado se destinaron 39,2 billones del presupuesto general de la nación a atender estas obligaciones.
4. Consultas previas, licenciamiento ambiental y reforma de las CAR. Informó la ministra del Interior en días pasados que ya ascienden a más de 10.000 los procesos de consulta en trámite. Están paralizados proyectos en ejecución y por iniciarse centenares de inversiones que requieren tener reglas claras. Definir los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos y montos de las compensaciones, entre otros, es tarea inaplazable, como lo es también reglamentar las consultas populares y los conflictos de competencia en materia medioambiental.
5. Ministerio de la Familia. Se trata de la transformación, a costo cero, del DPS en un ministerio que centralice más de 22 programas hoy dispersos que comprometen un gasto superior a 12 billones anuales. Agruparlos, evitar duplicidades, depurar las bases de datos, reducir la burocracia y garantizar un mayor impacto en la población serán sus objetivos.
Si el Gobierno en verdad quiere construir unas relaciones respetuosas y productivas con la Rama Legislativa, desprovistas de cualquier tipo de ‘mermelada’, debería prestar mucha atención a concertar los avances en los grandes temas hoy pendientes de la agenda nacional e impulsar las muy buenas ideas propuestas por las colectividades. ¿O no es, a fin de cuentas, a eso a lo que los invitaron?
