Lupa a los arbitrajes
Por: Germán Vargas Lleras
El miércoles pasado la firma Sacyr desistió del tribunal de arbitramento en el caso del puente Pumarejo. Por supuesto, no creo que sea una decisión definitiva, y muy pronto insistirán en sus pretensiones para que el Estado les pague $ 200.000 millones adicionales a los ya recibidos $ 615.000 millones del contrato original y $143.000 millones que les reconocieron posteriormente. Como no se pactó cláusula arbitral en el contrato inicial, lo lógico sería que esta reclamación se tramitara ante la justicia contenciosa. Ojalá las partes así lo convinieran para tranquilidad de todos y transparencia en la resolución de esta.
Y ojalá ocurriera lo mismo con el tribunal que se alista a resolver las reclamaciones por $ 44.000 millones relativas al puente Hisgaura, de las que me ocupé la semana pasada.
Muy oportuno resulta recordar que el primer tribunal designado para dirimir las controversias sobre el puente Pumarejo estuvo integrado por la doctora Consuelo Sarria y el doctor Alfonso Gómez Méndez, quienes, en gesto que los enaltece, renunciaron a él luego de conocer la designación del tercer árbitro, quien no formaba parte de la lista preseleccionada originalmente. Se procedió entonces a designar un nuevo tribunal, en este caso conformado mediante el mecanismo de sorteo, por los árbitros William Barrera y Marcela Romero. Inexplicablemente, el tercer árbitro no fue sorteado y, vaya coincidencia, terminó siendo nombrado el ya conocido doctor Eduardo Fonseca, árbitro en el tribunal del puente Hisgaura. Qué curiosidad que en los dos tribunales en donde el demandante es Sacyr, uno de los árbitros sea el mismo doctor Fonseca, sobre quien, ya señalé, ha debido hacer público su protuberante conflicto de intereses en estos casos por ser socio y amigo íntimo del director jurídico de Sacyr, el doctor Francisco Martínez.
Todo indica que la relación entre Fonseca y Martínez, como lo reveló Julio Sánchez en La W, es aún más estrecha y que el primero sería, además, el padrino de bautismo del hijo del segundo y que habrían tenido oficina juntos –Consultoría Contractual–, así como viejas relaciones en el sonado caso Comsa, donde Sacyr también era accionista. Estas relaciones deberán ser aclaradas, ojalá prontamente, en la respuesta que el doctor Fonseca deberá dar a la carta que en tal sentido le remitió la Agencia Jurídica de la Nación, cuyo representante para el caso, aunque tardíamente, ha exigido una explicación satisfactoria.
A todo esto se llegó por la todavía no explicada decisión del Invías de habilitar una cláusula arbitral que no existía en los contratos. Esta decisión se tomó en contravía del concepto de la dirección jurídica de la propia entidad y también de la interventoría. No me cansaré de preguntar –esta es la tercera vez–: ¿por qué se tomó esta decisión? ¿A quién favorecía esta? ¿Por qué acelerar el trámite de las reclamaciones? ¿Por qué evitar la jurisdicción contenciosa? La Procuraduría, la Contraloría y la Agencia de Defensa del Estado deberían exigir una explicación. Y a todas estas, ¿qué tareas cumple en la actualidad el doctor Carlos Rosado, antiguo director de Invías, para la firma Sacyr?
Habiendo sido autor, como ministro de Justicia, de la reforma de las normas de arbitraje, trabajo póstumo coordinado por el doctor Fernando Hinestrosa, ahora veo que nos quedamos cortos en establecer restricciones para que alguien simultáneamente pueda ser árbitro en unos casos, abogado a favor y en contra de la nación en otros. No podemos permitir que se cartelice este valiosísimo mecanismo de resolución de controversias.
Celebro, ya lo dije, con reservas, esta decisión en el caso del puente Pumarejo que ojalá se replique para el caso del puente Hisgaura, sin importar el estado de avance de los trabajos de este tribunal que, entiendo, se encuentra ya en etapa de alegatos de conclusión.
P. D. El Congreso peruano rechazó esta semana la aprobación del polémico Tratado de Escazú. Igual suerte corrió en Chile, y probablemente también será negado en el Brasil. Me resisto a creer que en esto vamos a terminar acompañando a Bolivia, a San Vicente y las Granadinas y a Nicaragua, entre otros países signatarios.
