Más de regalías; todo bien, todo bien
La semana pasada me referí a la escandalosa contratación de los recursos destinados a los programas de paz. Ninguna de las contradictorias explicaciones ofrecidas por los funcionarios responsables aclara el destino de estos recursos, ni el avance de los programas ni mucho menos la responsabilidad de los principales intervinientes en los muy complejos procesos de contratación.
El tema es de suma relevancia, pues involucra recursos por más de 16 billones de pesos en el periodo 2021-2022, adicionales a los recursos destinados a la paz. De este total, 3,4 billones se asignan de manera directa a departamentos y municipios. Otros 2,5 son utilizados por los municipios más pequeños del país; 6 más van para inversión en la llamada bolsa concursante. Otros destinos son los proyectos para ciencia y tecnología, ambientales, municipios ribereños –a través de Cormagdalena–, ahorro en el Fondo de Estabilización, de donde sacaron 1,8 billones para programas de reactivación.
El sistema es un tortuoso entramado de fondos, bolsas, partidas, subpartidas, comités y un sinnúmero de vistos buenos y chulos de personas que al final tampoco responden por nada.
Muy oportuno que la Contraloría haya revelado su informe esta semana sobre la utilización de los recursos de regalías en el fondo Paz. Son 1.578 hallazgos con impacto fiscal que involucran recursos por más de 3 billones de pesos. Aquí hay de todo: obras inconclusas, proyectos abandonados o que jamás se ejecutaron, estudios millonarios que no condujeron a nada. El informe es contundente, pero el Gobierno insiste en que no ve ni siquiera indicios de que haya ocurrido nada.
La Fiscalía también puso en marcha una unidad especial dedicada a investigar este tema. Me imagino que les inquietaron particularmente las declaraciones del Dr. Archila y el cúmulo de información que han aportado los medios.
De la Procuraduría poco se sabe, excepto que radicó una solicitud este 6 de julio solicitando 6.899 millones adicionales a los 18.000 millones que le habían sido asignados exclusivamente para adelantar el control en este asunto.
Pero, más allá de las denuncias por corrupción que serán objeto de investigación en la Fiscalía y del informe concreto de la Contraloría sobre hallazgos que darán lugar a procesos de responsabilidad fiscal, lo cierto es que el Ocad Paz aprobó 576 proyectos para ejecutarse a través de 1.594 contratos cuyo balance de ejecución no puede ser más lamentable. Revisada la documentación, se encontró que 81 contratos por 608.000 millones se encuentran aún sin acta de inicio; existen 124 contratos en proceso de liquidación por 153.000 millones; en ejecución, 1.116 contratos por valor de 4,77 billones, pero de estos, 789, que cuestan 3,3 billones, presentan bajo porcentaje de avance físico; 120 contratos por 587.000 millones se encuentran suspendidos pero con giros ya aprobados y, como si fuera poco, 172 contratos por 600.000 millones aún no se inician, pero ya tienen giros aprobados. Increíble. Tan solo 67 proyectos terminados. ¿Tendrá la Dra. Botero, directora de Planeación Nacional (DNP), claras estas cifras? Me temo, por sus declaraciones, que no. Es curioso, pero no registro ninguna cuña en este frente de la agobiante propaganda oficial con los logros del Gobierno.
Me inquieta de la entrevista a la directora del DNP que aun reconociendo la existencia de denuncias sobre la asignación de los recursos para la paz, nada hizo distinto a dar traslado de estas seguramente por conducto de la empresa 472. Tampoco se hizo nada para remover a los funcionarios implicados en las quejas que fueron repentinamente trasladados a las secretarías técnicas del fondo 40 %. ¿Cómo entender esto?
Y cómo no detenerse en lo afirmado ante la Corte por el exviceministro de Hacienda Juan Londoño en el sentido de que en estas y en otras asignaciones no vio nada de irregular. No sé si se refería a los recursos del Ocad Paz o a los acuerdos con los parlamentarios, que eran su verdadera especialidad.
Necesario aprovechar esta coyuntura para revisar a fondo todo el tema de las regalías. Especialmente la forma como los departamentos y municipios acceden, su destinación, el papel del DNP, los criterios de priorización y de ejecución y el control de los proyectos.
