Monopolio sindical

Y le llegó el turno a la reforma laboral. Lejos de lo que uno se imaginaría de un gobierno que se dice progresista, esta reforma no está inspirada en la creación de más y mejores empleos sino, quién lo creyera, en la defensa de los intereses de menos del 5 % de los trabajadores, los trabajadores sindicalizados y, en especial, sus élites.

De aprobarse la reforma planteada se profundizará la informalidad laboral en el país, se perderán cientos de miles de empleos, especialmente de mujeres y jóvenes, también competitividad y se afectarán los ingresos de las familias en momentos en que se prevé un crecimiento casi nulo de la economía. En síntesis, no podía llegar en peor momento esta desafortunada reforma.

Al igual que con la reforma de la salud, se equivoca el Gobierno al pretender tramitarla como ordinaria, cuando está claro que en razón a modificar derechos fundamentales y reformar el Código Sustantivo del Trabajo debería tramitarse como estatutaria.

Como he dicho, esta reforma satisface los intereses del sindicalismo. Es decir, de 1,2 millones de privilegiados sobre 23 millones de personas activas, empleadas, informales y también desempleadas que deberían ser el foco de atención del Gobierno si queremos avanzar en la superación de la pobreza y las desigualdades. Aquí también primó la ideología, pero la de la dirigencia sindical. Peor escenario, imposible.

El proyecto desestimula abiertamente la creación de empleos formales y de calidad. En primer lugar, porque encarece la contratación a través de los incrementos en el costo de la hora laboral por efecto de la reducción de la jornada de 48, en la práctica, a 42 horas semanales. A esto se suma el también incremento en el pago de horas nocturnas, dominicales e indemnizaciones, como bien lo establece el juicioso estudio de la Andi, que me imagino ni siquiera ha sido consultado por el Gobierno, y Fenalco cuantifica el incremento en los costos laborales en un 35 %.

Si bien de la versión final salió la consagración de la estabilidad laboral absoluta, me imagino por estrategia de presentación, nada impide que en el trámite se vuelva a introducir. Ni qué decir de la llamada tercerización. En Colombia más de un millón de trabajadores formales están vinculados a empresas de servicios de esta naturaleza. El proyecto pretende condenarlos al despido, también por un tema ideológico y mal fundamentado. La verdad es que estas empresas cumplen a cabalidad con sus obligaciones legales, pero por alguna razón los sindicatos les han declarado la guerra. En esta misma línea perderán sus trabajos las personas vinculadas a plataformas tecnológicas de entregas y mensajería. Se estima que serán más de 300.000. En solo la empresa Rappi 55.000 quedarán sin ingresos, pues el proyecto obliga a vincular mediante contrato de trabajo a todos sus repartidores.

Pero el plato fuerte, la verdadera justificación de la mal llamada reforma laboral está en las conquistas sindicales incluidas a lo largo y ancho de la propuesta.

Lo primero es el nuevo alcance que ahora se imprime a la consagración de la huelga. Así, se levanta la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, con lo cual se ponen por encima de los derechos de todos los ciudadanos aquellos de los trabajadores sindicalizados. Me imagino ver a las familias sin agua y sin energía por cuenta del derecho a la huelga de unos privilegiados. Por supuesto, se reducen al mínimo las causales para declarar la ilegalidad de una huelga, se prohíbe la celebración de acuerdos entre patrones y trabajadores no sindicalizados y los llamados contratos sindicales.

Como si fuera poco, se criminaliza cualquier conducta que pueda entenderse como atentatoria contra los derechos de los sindicatos. Ya veremos las cárceles llenas de responsables de las áreas de recursos humanos de las empresas. Entrarán a ocupar las celdas que dejen los responsables de delitos de lesa humanidad, asesinos y terroristas que con el nuevo proyecto de humanización de cárceles y de sometimiento quedarán muy pronto en libertad.

Esta reforma no resiste ningún análisis. Destruirá empleo formal, generará más pobreza y desigualdad, no resolverá en nada la precaria situación de informales y desempleados, ni para las mujeres y los jóvenes. Es la reforma de una dirigencia sindical egoísta y de espaldas al país.