“NADIE ENTIENDE POR QUÉ 48 MILLONES QUEDAMOS BAJO LA JEP”
Por Nacional
2017-10-16
Germán Vargas Lleras rompe su silencio y da las primeras puntadas de su programa de gobierno. ¿Por qué se demoró tanto en salir al ruedo? ¿Por qué tanto tiempo tan callado? En estos siete meses he estado concentrado preparando documentos de política pública en los sectores que más interesan a los colombianos. La industria, la economía, del transporte, seguridad ciudadana, políticas de juventud, tributario, la educación, la salud, la justicia.
Pero hemos llegado también a propuestas concretas en medioambiente, transporte, seguridad ciudadana, políticas de juventud, mujer, de familia. Semana a semana, a partir del mes de noviembre, estaré dándoles a conocer a los colombianos mis diagnósticos, mis planteamientos, mis objetivos para lograr resultados. Son 25 documentos públicos en los que me concentré en estos siete meses a ver si enriquecemos el debate que se avecina y lo sacamos de este lodo de agravios, insultos, recriminaciones, y ponemos al país a pensar en ideas, propuestas, soluciones a tanto problema que tenemos. ¿Cómo está viendo el panorama político? Muy claro. De un lado habrá una coalición de sectores radicales de la izquierda con los liberales, que van a presentar una candidatura única, así estén hoy con varios frentes de trabajo. Con la bandera de la paz, los doctores De la Calle, Fajardo, Claudia López, Robledo y, eventualmente, Clara López llegarán en un frente unido. ¿Y del otro lado? Del otro lado estaremos las personas que tenemos criterios de centro y que compartimos los mismos temores sobre la implementación del proceso de paz y que compartimos ideas comunes sobre lo que debe ser la conducción del Estado.
Nos va a tocar en un momento dado sentarnos a unificar criterios, si queremos enfrentar exitosamente a esa otra coalición. El acuerdo de paz Comencemos por una pregunta bien directa: ¿usted está en contra del acuerdo de paz? El proceso de paz fue un buen negocio para el país. La desmovilización de una estructura, como eran las Farc, y la entrega de las armas han sido una gran noticia. Pero un proceso que se inició bien tiene que terminar bien. Y ahí es donde surgen mis preocupaciones. ¿Relacionadas fundamentalmente con la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP)? Sí. Comencemos por el tema del narcotráfico. Cuando yo dejé el Ministerio de Justicia en el 2012, este país tenía 42.000 hectáreas de coca. Hoy nos acercamos a 200.000. Todo el programa de erradicación manual ha sido un fracaso. Y, concretamente, la erradicación voluntaria no supera hoy las 3.000 hectáreas. El Gobierno dice todo lo contrario. Según el Ministro de Defensa, ya casi se completa la meta de 50.000 hectáreas de erradicación forzosa… Créame. Ha sido un fracaso. No van más de tres mil hectáreas en erradicación voluntaria.
Y la preocupación más grande es que estas llamadas disidencias de las Farc siguieron controlando las principales regiones de producción y los corredores por donde se mueve la droga al exterior. ¿Algo de eso es lo que está pasando en Tumaco? Sí. Ahí está pasando que un miembro de la columna ‘Daniel Aldana’, el famoso ‘Guacho’, estaba al frente de toda la estructura criminal que controlaba la droga en la zona. Muy contradictorias las declaraciones de Iván Márquez, quien negó la pertenencia de este hombre a la organización. Distintas fueron las declaraciones de ‘Romaña’, que sí la confirmó. Pero lo curioso de lo que está pasando en Tumaco no se refiere solo al famoso ‘Guacho’, sino que una persona como ‘Romaña’, que toda la vida hizo parte del Bloque Central, con presencia en Meta y Cundinamarca, termine ubicándose en la zona veredal de Tumaco.
¿Está sugiriendo que podría haber un acuerdo expreso o tácito de las Farc desmovilizadas que han dejado una retaguardia integrada por los disidentes de esa organización? Para contestar esa pregunta analicemos otros ejemplos. Guaviare, que es el principal corredor de desplazamiento de droga hacia Venezuela, donde hoy toda la producción y comercio está en manos de ‘Gentil Duarte’, un miembro del estado mayor de las Farc, 30 años perteneciente a esa organización, que estuvo todo el tiempo sentado en La Habana, y de La Habana pasó directamente a ser desertor. Lo mismo podríamos decir de otro centro cocalero muy importante como el de Vichada. Allí aparece ‘Rodrigo Cadete’, 36 años de militancia, comandante del frente 27, quien salió de la zona de concentración y hoy está convertido en disidente. Pues ‘Cadete’ es quien controla la producción en Vichada. Hechos como estos nos llevan a algunos a pensar que eventualmente hay un acuerdo tácito entre los que pasaron a la legalidad y los que se quedaron en la ilegalidad. ¿Qué puede hacer la ley reglamentaria que cursa en el Congreso para controlar eso? Señalar que los disidentes, reincidentes y desertores pierden todos los beneficios en materia de penas y de extradición. ¿También de extradición? Sí. Porque si usted mira los mapas de donde quedaron ubicadas las zonas de capacitación, antes de concentración, coinciden perfectamente con el mapa cocalero del país. Las disidencias se ubicaron en los mayores centros de cultivo y tráfico. Zonas de concentración que inicialmente estaban previstas como transitorias y que ahora pasarán a permanentes.
“YO ME CONSIDERO UN HOMBRE DE CENTRO Y ES EL SECTOR AL QUE VOY A APELAR”
¿No son inevitables estas confusiones tratándose de un delito continuado como el narcotráfico? Pues es exactamente lo que se va a discutir esta semana en el Congreso. Si el delito de narcotráfico debió haber cesado el primero de diciembre del 2016. Bajo el concepto de delito continuado no podemos darles una patente de corso a los disidentes y a los reincidentes, porque sería el mayor estímulo para que mucha gente se siga vinculando al negocio sin perder los beneficios ni la garantía de no extradición. Pero el Fiscal acordó con el Gobierno y los ponentes que a partir del primero de diciembre nadie se puede lucrar del negocio so pena de perder los beneficios… Este tema, como otros que le voy a mencionar, aparentemente quedaron conciliados en las comisiones primeras. Lo que el país desconoce es que al cierre de esas sesiones todos los voceros de paz presentes en el Congreso y varios parlamentarios dejaron sendas constancias que reglamentariamente permiten reabrir la discusión en una y otra Cámara y volver a introducir estos temas. Sobre esto quiero llamar la atención para que estemos alerta de que algo así no vaya a ocurrir.
Estuvo en el Gobierno como Vicepresidente durante toda la negociación. ¿Por qué no alertó de que esto podría suceder? Sí lo hice en varias conversaciones con el Presidente. Y lo hice también a través del único instrumento que tenía, los parlamentarios de Cambio Radical. Pero recuerde que este proyecto de ley estatutaria no lo conoció el país sino apenas hace un mes. ¿Cómo me podía pronunciar hace un año sobre un proyecto que no existía? Me pronuncio en este momento porque esta semana va a ser crucial y definitiva en el Congreso, lo que se decida marcará el futuro de la implementación de la paz.
¿Cómo entender, entonces, el regaño del presidente Santos a Rodrigo Lara, presidente de la Cámara? El presidente no se refirió a este tema, sino a la reforma electoral. Y la responsabilidad no es de Rodrigo, sino de los parlamentarios que no asisten puntualmente a las sesiones. Otro de los absurdos que hay que parar es que si un desertor va a un grupo armado pierde los beneficios, pero si va a un grupo de delincuencia común, los conserva… Así es. Incomprensible. Y está el espinoso asunto del cierre de las listas de los miembros de las Farc. A todo el país le dijeron que la fecha límite para su cierre era el 15 de agosto. Día D+180. Llamo la atención sobre el hecho de que en la ley estatutaria, a la sala de verificación de la JEP no le están fijando términos, lo que significa que permanentemente podrá estar ingresando gente a estos listados. Me parece necesario precisarle términos.
¿Y quién responde por la venta de cupos? ¿Cree que realmente existió esa venta? Sí. Hubo venta de más de 250 cupos, incluidos 25 narcotraficantes reconocidos, como el mexicano Pirineo Romero, miembro del cartel de Sinaloa. O como el famoso narcotraficante Villota, a quien en el mes de junio le construyeron un proceso por rebelión para poderlo inscribir en los listados.
¿No hay acá una sola persona responsable de estos hechos inadmisibles? Otro tema espinoso: bienes y testaferros… Cuando uno mira la lista de los bienes entregados, ¿cómo aceptar que 450.000 millones de pesos sean válidos en terrenos de propiedad del Estado? ¿Cómo aceptar que 250.000 millones de pesos estén representados en las armas? ¿Y 200.000 más en carreteras construidas también en baldíos de la Nación? ¿Dónde están los bienes? No hay un bien de los que tienen en el exterior que haya aparecido. No conocemos de ninguna caleta que se haya entregado con recursos y dinero. Y lo más preocupante, que también será discutido esta semana, es si el concepto de verdad plena conlleva la obligación de señalar a los testaferros, cosa a la que no se sienten obligados.
¿Y toda esta situación frente a EE. UU., cómo es? Ha pasado desapercibido en el país el debate que tuvo lugar en el Congreso de EE. UU., en la Comisión Antinarcóticos, donde claramente denunció el investigador Douglas Farah que ha habido transacciones por más de 2 billones de dólares para lavar activos de las Farc, según señaló categóricamente. Pues sí, aquí ni nos dimos cuenta. ¿Y cómo se supone que las Farc están lavando sus dineros? Cito varios ejemplos. En particular, uno muy evidente, la utilización de PDVSA y de sus filiales en El Salvador y Nicaragua, Alba Petróleos y Albanisa, que registran unas utilidades absolutamente inusuales para esas compañías y para la época de la crisis petrolera. EE. UU. también se ha unido a la controversia sobre el tratamiento de las Fuerzas Militares…
Las Farc sostienen que los militares implicados en los ‘falsos positivos’ no deben acogerse a la JEP. Me pregunto: si bien nadie comparte las atrocidades de los ‘falsos positivos’, que deben desde luego tener una sanción, ¿qué diferencia hay con los genocidios y las masacres cometidas por las Farc en todos estos años? ¿Caso El Nogal, diputados del Valle, los muchachos que murieron en Algeciras, Huila? Otra de sus preocupaciones sobre la JEP es el tratamiento frente a terceros. ¿Por qué? La JEP se estructuró para permitir que todos los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos atroces y de lesa humanidad, pudieran tener un tratamiento preferente y así enervar la acción de la jurisdicción internacional. Pero nadie entiende por qué 48 millones de colombianos quedamos sometidos a esa jurisdicción. Nos cambiaron el juez natural por una jurisdicción que operará durante 15 años y cuya composición, como ya conocemos, está integrada en sus mayorías por personas con altísimo sesgo ideológico. No puede ser que quienes van a tener esta enorme responsabilidad carezcan de un régimen de inhabilidades y conflictos de interés, como cualquier otro servidor público de Colombia. Cambio Radical propondrá en el Congreso la semana entrante un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la JEP. “NOS CAMBIARON EL JUEZ NATURAL POR UNA JURISDICCIÓN QUE OPERARÁ DURANTE 15 AÑOS Y CUYA COMPOSICIÓN ESTÁ INTEGRADA EN SUS MAYORÍAS POR PERSONAS CON ALTÍSIMO SESGO IDEOLÓGICO”
¿Para qué casos en concreto? Le cito cuatro. No puede actuar como magistrado quien en el pasado haya sido apoderado de alguna persona sometida ahora a esa jurisdicción. En otras palabras: no se puede ser magistrado de una persona de quien se fue apoderado. Segundo, tampoco cuando se ha representado intereses en contra del Estado colombiano. Tercero, tampoco quienes hayan sido candidatos o militantes políticos activos. Y cuarto, creo que quienes negociaron el acuerdo de paz deberían estar inhabilitados para ser ahora los jueces en la implementación del acuerdo. ¿También intervendrán en el tema de la elegibilidad política? Lo lógico es que si los miembros de las Farc quieren hacer política, está bien que la hagan, pero no antes de acudir a los tribunales de la JEP a contar la plena verdad. Hasta donde tengo entendido se negoció así. De hecho, De la Calle no ha salido a negarlo o a proponer una corrección en este punto… No. Lo que se negoció es que tendrían diez curules por derecho propio.
Nadie discute que en el futuro puedan hacer política. Mi punto es que no deban estar habilitados para ser candidatos quienes no culminen su proceso ante la JEP. Y comparto con usted que recientemente no hemos vuelto a escuchar ningún pronunciamiento del doctor De la Calle sobre ninguno de estos temas. La corrupción Cambiemos de asunto, porque tengo mucho más que preguntarle. Odebrecht, el escándalo más grande en América Latina. ¿Qué opina? Aterrador. Y para Colombia aún más. La llegada de Odebrecht a Colombia fue en la alcaldía de Samuel Moreno con el tema Tunjuelo-Canoas. Y ha suscitado una crisis en la Ruta del Sol II, que está comprometiendo todo el plan de infraestructura en Colombia, porque mientras no se liquide ese contrato, no hay banco ni nacional ni internacional que le esté dando liquidez a ninguno de los 31 corredores adicionales que quedaron comprometidos en ese programa. Mientras usted, como Vicepresidente, quedó encargado de la infraestructura, ¿no vio venir nada de esto? Yo sí vi. Precisamente, por eso pedí que se congelaran los desembolsos a la firma Odebrecht, y eso es lo que explica que hoy en la fiducia a cargo del Estado haya 800.000 millones de pesos retenidos. Pero déjeme recordarle también que este contrato se suscribió en el año 2010, a pocas horas de que el presidente Santos asumiera el Gobierno.
El ‘cartel de la toga’, uno de los escándalos más dolorosos de la historia reciente de Colombia. ¿Qué opina? Pues es una crisis muy profunda de la justicia. Yo como Ministro del Interior y de Justicia presenté al Congreso el malogrado acto legislativo del 2010, que desde entonces ya establecía una serie de principios que hoy el país sigue discutiendo, siete años después, como las funciones nominadoras de las altas cortes. Establecía periodos e inhabilidades para que quienes terminaran sus cargos en una alta magistratura no pudieran regresar a la profesión o al ejercicio político. Hablábamos entonces de que los magistrados tuvieran jueces naturales para evitar la impunidad. Preveíamos mayores requisitos para el ejercicio de esas altas investiduras. ¿Qué paso desde entonces? Que se incrementó la crisis. Ahora nos rasgamos las vestiduras, siete años después. El fiscal Martínez sin duda está capoteando la crisis. Pero no faltan quienes lo acusan de que por ser de Cambio Radical, curiosamente aún desde antes de que usted perteneciera a ese partido, estaría tomando decisiones que lo favorecerían políticamente a usted… Con quien ha sido más riguroso es con los miembros de Cambio Radical. A veces pienso que para marcar ‘ex profeso’ independencia. Me cuestiono así mismo si en algunos de esos casos con personas que yo conocí y de quienes tenía muy buenas referencias, no se procedió injustamente. Pero luego en todos esos casos, cuando la Fiscalía ha develado las pruebas, legalizando las capturas, me he tenido que retractar.
¿Eso qué refleja al interior de Cambio Radical? Mire el informe de EL TIEMPO este fin de semana. Cambio Radical no es ni de lejos el partido más corrupto, como lo han querido presentar. Pero eso tampoco lo vuelve ‘de medalla’… Es que la crisis de la política hoy no es propia de un partido u organización, sino de todos los partidos, según el informe que le comento. Proporcionalmente a la representación que hoy tiene a nivel de alcaldías y gobernaciones podríamos decir que el Partido Verde es el más corrupto de Colombia. Esa decisión suya de lanzarse por firmas se ha interpretado como querer esconder al Partido Cambio Radical… Eso no es así. Me he lanzado por firmas primero, porque es un mecanismo de validar una candidatura ampliamente democrático. Segundo, porque me permite estar recorriendo todo el país en busca de esas firmas, motivando a la gente a que se vincule a ese programa. Y tercero, porque les permite a muchos dirigentes de otros partidos y sectores sociales vincularse a mi candidatura así no pertenezcan a Cambio Radical.
“LO LÓGICO ES QUE SI LOS MIEMBROS DE LAS FARC QUIEREN HACER POLÍTICA, ESTÁ BIEN, PERO NO ANTES DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA JEP”
