Naufragio de la reforma de la justicia
Por. Germán Vargas Lleras
De todos los proyectos que tramitó el Congreso en este semestre, con seguridad el más importante era la reforma de la justicia. Con su hundimiento se privó el país de avanzar en temas críticos contenidos en nuestra iniciativa de reforma.
El primero de ellos, la congestión judicial. Nuestra propuesta fijaba términos procesales reducidos y limitaba el cúmulo de recursos y acciones que no existen en ningún otro país. Vale la pena recordar que un proceso en Colombia puede tardar de 4 a 15 años. Se frustró el plan de choque en esta materia, que apuntaba a que en un plazo de dos años pudiéramos poner al día los despachos judiciales, hoy colapsados. Las iniciativas para agilizar la justicia arbitral y la conciliación extrajudicial, que tanto aportarían a este objetivo, también tendrán que esperar. Lo mismo ocurrirá con las propuestas, muy bien estructuradas por cierto, para facilitar el acceso de los colombianos a la justicia.
No se avanzó en los asuntos sobre seguridad jurídica, cuyo eje principal era introducir la figura del precedente judicial; valga decir, que los jueces y magistrados estén obligados a fallar consultando la ley y los fallos existentes.
Gran controversia suscitó en los debates la reglamentación de la tutela. Nuestra propuesta de fortalecerla, al tiempo que se adoptaban nuevos mecanismos para evitar el abuso que muchos hacen de ella, se convirtió paradójicamente en una de las causas principales para su fracaso. Seguiremos, pues, presenciando las llamadas ‘tutelatones’, se seguirá abusando de los términos para interponerla, no se exigirá la indispensable legitimación del accionante, y lamentablemente seguirá procediendo contra autos y sentencias sin reglamentación apropiada. En consecuencia, veremos en el futuro nuevos enfrentamientos entre las altas cortes, el llamado choque de trenes, por la interposición de tutelas contra sentencias de cierre.
Otros temas críticos, y en mi sentir inaplazables, eran la definición de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades más severo para la Rama Judicial y la eliminación de las funciones nominadoras de las cortes en los casos de procurador, auditor y registrador.
Tampoco se pudo avanzar en la muy conveniente eliminación de las contralorías departamentales y municipales, sobre las cuales es bueno recordar que este control fiscal nos cuesta anualmente cerca de un billón de pesos y, dados los resultados de estas, bien podrían suprimirse y sustituirse por un control integrado. La muy trascendente discusión sobre la reforma de la Rama Judicial tendrá necesariamente que incluirse en otra oportunidad. Y no se podrá limitar a modificar el reglamento interno de las altas cortes o al periodo de los magistrados.
Mientras nada de esto ocurra seguiremos con una justicia postrada, ocupando el deshonroso puesto 174 entre los 190 países que son evaluados internacionalmente en materias como la seguridad jurídica, el acceso, la oportunidad y la transparencia.
Sé muy bien que tramitar una reforma de esta envergadura es un gran reto que demanda enorme liderazgo no solo de la señora Ministra, sino de todo el Gobierno. Lo que ocurrió y cómo ocurrió me hace pensar que este era un tema secundario en la agenda del Gobierno.
Gobernar no es legislar, he escuchado varías veces decir al presidente Duque. Pero sí lo es impulsar y acompañar la acción legislativa en aras de reformar y fortalecer la administración de justicia. Ningún cambio que tenga impacto en este sector podrá adelantarse sin una reforma estructural en un sector que, como ningún otro, está afectando la legalidad, la equidad y el desarrollo de nuestro país.
Y, a todas estas, la señora ministra de Justicia dice que no sabe si volverá a presentar el proyecto en marzo o en julio y que aprovechará estos meses para hacer una “superconcertación”. ¿A qué se referirá?
