Nos cree giles
Por: Germán Vargas Lleras
Para ir ambientando las discusiones del congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura mencioné hace un par de semanas los bajísimos porcentajes de ejecución en todas las entidades del sector transporte. Una inocultable parálisis que contrasta con los innumerables anuncios que las autoridades hacen, en especial en esta cita anual del sector y que se asemeja al programa de los cuentachistes.
La mayor atracción del encuentro será, sin duda, el Dr. Gil y la entidad a su cargo, el Invías. Hace algunos años, él fue asesor del entonces ministro Andrés Uriel Gallego, luego pasó a la gerencia de proyectos en el Invías, donde fue responsable de la malograda estructuración y contratación del túnel de La Línea, que conllevó, dados sus sobrecostos y plazos incumplidos, a que debiera darse por terminado y nuevamente licitado. Sorpresivamente, el Dr. Gil regresó como director de la entidad y procedió, inexplicablemente, a disolver el tribunal de arbitramento que habría de fallar una demanda de reconvención del Estado por una suma superior al billón de pesos. Sostuvo el Dr. Gil que para la entidad, la justicia ordinaria era el mecanismo idóneo para resolver este pleito, pero hizo todo lo contrario en el caso del puente Pumarejo, en donde, y aun sin existir cláusula arbitral, habilitó a la firma contratista para que procediera a reclamar por vía arbitral $ 133.000 millones de manera expedita.
La semana pasada, como preámbulo del congreso, el señor Gil la sacó del estadio, como se dice, con la adjudicación del contrato de recaudo de peajes por diez años, por un valor de $ 950.000 millones. Todo aquí es sospechoso: los pliegos fueron ajustados a la carrera, en audiencia extraordinaria; se ‘equivocaron’ en algo tan elemental como calificar mal la naturaleza del contrato, al que, siendo de servicios, calificaron de obra; suspendieron los términos para no dar respuesta de fondo a las numerosas observaciones técnicas, y tan solo se hizo obligatorio instalar el recaudo electrónico en 5 estaciones de las 35 concesionadas.
El 28 de septiembre se adjudicó, contra todas las advertencias, el viaducto del km 58 en la vía a Villavicencio al consorcio del que hace parte la controvertida firma OHL, famosa por sus incumplimientos y reclamaciones. La obra deberá terminarse dentro del actual periodo presidencial, es decir que cuenta con 2 meses de preconstrucción y 7 de construcción. Pronostico que esta obra no se entregará en los plazos contractuales ni por el valor adjudicado. Una nueva frustración para los metenses.
En materia de contratos interadministrativos, el Invías es un titán. Todos sabemos que estos contratos son la verdadera ‘mermelada’, pues es la forma de enviar recursos a las regiones para que la contratación se traslade a gobernaciones y alcaldías, en donde licitan las obras sin pliego tipo y usualmente con un único proponente. Pues, entre 2020 y 2021, el Dr. Gil ha suscrito 529 convenios interadministrativos por valor superior al medio billón de pesos. Con la modificación de la ley de garantías, la bacanal continuará hasta final de gobierno. Música para el congreso de la CCI.
El gran ausente del congreso será el propietario de la empresa Meco, adjudicataria de más de 6 contratos en el Invías por valor superior a $ 1,5 billones. Se excusa por estar detenido y sindicado de corrupción en Costa Rica y después de haber pagado en Panamá US$ 10 millones en el proceso que contra esta firma se adelantaba. ¿Cómo y con quiénes habrá obtenido esos contratos en Colombia este célebre empresario? Por algo será que nadie en el Invías ni en la Aerocivil toma acciones legales distintas a apresurar y permitir rápidamente la cesión de estos contratos, que, como sabemos, siempre conlleva una jugosa comisión para el cesionante. Y todos tan campantes.
En la Contraloría cursan decenas de investigaciones y 54 alertas por valor de $ 2,5 billones, al igual que varias intervenciones de la unidad de reacción inmediata en 6 proyectos más por valor de $ 690.000 millones. Me pregunto qué van a hacer con el contrato de obra adjudicado a ICM e Intec de la Costa, las mismas firmas de Centros Poblados en el sonoro caso de Mintic. De la Procuraduría y la Fiscalía poco se sabe. Entre tanto, en el complaciente foro de la CCI no se oirán sino aplausos… y risas.
