Perder no es ganar un poco
Por: Germán Vargas Lleras
Como estaba anunciado, el jueves pasado la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer su fallo sobre el segundo contencioso entre Colombia y Nicaragua. Sorprende cómo todo lo registrado por los medios internacionales y lo dicho por los expertos en la materia en nada coincide con las declaraciones de los agentes y el Gobierno Nacional. Parece que se estuviera hablando de dos decisiones. La verdad, y haríamos bien en comenzar por reconocerla, es que todo salió muy mal para Colombia, incluso peor de lo esperado. Qué cinismo exhiben aquellos que afirman estar muy satisfechos con el contenido del fallo “porque nos hubiera podido ir peor”.
Pongamos las cosas claras. La demanda de Nicaragua tenía 5 pretensiones. Que se declarara que Colombia había incumplido el fallo de 2012. Lo lograron. Que se declarara que Colombia violó los derechos de Nicaragua por la presencia de la Armada Nacional en la zona. Lo lograron. Que se declarara que Colombia incumplió el fallo al expedir permisos de pesca en la zona. Lo lograron. Y que se declarara una última violación de Colombia por ofrecer esta zona para explotación petrolera. Lo lograron. Perdieron, sí, la pretensión de compensaciones económicas, pues no las sustentaron.
En la contrademanda de Colombia se había alegado la ilegalidad de Nicaragua al fijar puntos y líneas de base recta para delimitar las áreas en disputa. Esto se aceptó, pero me temo que serán más los problemas que esta decisión nos traerá en el futuro, pues cualquier país podrá atacar también las nuestras con los mismos argumentos. Perdimos, además, todas nuestras pretensiones en lo relacionado con los derechos de pesca, aun la de subsistencia.
Por si fuera poco, la Corte destroza la tesis muy colombiana de la zona contigua integral, señalando que es contraria al derecho internacional, y ordena que ajustemos nuestra normativa interna al fallo de 2012.
Y en el entretanto, el fallo ordena cesar todas las acciones violatorias mencionadas, lo que en la práctica equivale a que ya no podremos continuar pescando en la zona, ya no podremos patrullar bajo el argumento de la conservación ambiental y no podremos seguir ofreciendo áreas para la explotación de hidrocarburos.
¿Qué viene ahora? Si seguimos como hasta hoy, desconociendo los fallos, lo más seguro es que Nicaragua acuda al Consejo de Seguridad en virtud del art. 94 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que todos los Estados que son parte del sistema de NU se comprometen a cumplir las decisiones de La Haya y que el Consejo podrá dictar medidas para hacer cumplir los fallos. Sería esta la primera vez en la histórica en que el Consejo se vea abocado a imponer una medida o sanción a un país para asegurar el cumplimiento de un fallo de la Corte.
Mala decisión seguir acomodando los fallos a las necesidades del debate político interno y por causa de esta estrategia terminar de deteriorar la relación con la Corte, cuando está de por medio el caso de la plataforma continental extendida y la nueva pretensión de Nicaragua sobre 80.000 km de suelo y subsuelo.
No creo que podamos seguir insistiendo en que el fallo no es aplicable, pues esta posición solo dejaría la opción de acudir al Consejo de Seguridad. Y tampoco creo que deba el Gobierno seguir diciendo que la estrategia del país ha sido en todos estos años rigurosa y coherente, cuando lo que ha sido es equivocada, inoportuna, politiquera y costosa. ¿No va siendo ya hora de delimitar responsabilidades? ¿No digamos de los expresidentes, que sería mucho pedir, pero al menos de los excancilleres ligados a este asunto?
Después de todo lo ocurrido, llegó el momento de cambiar la estrategia y a los responsables de su ejecución. Los doctores Arrieta y Cepeda engañan al país cuando dicen estar muy satisfechos con este fallo que nos es absolutamente adverso. ¿Cómo pueden interpretar que cuando la Corte afirma que “Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva” esto no pasa de ser un simple llamado de atención? De lo que seguramente sí están y muy satisfechos es de sus jugosos contratos por más de 18.000 millones de pesos que seguirán vigentes hasta que no perdamos, por su pobre, terca y fracasada argumentación, hasta la última de nuestras legítimas pretensiones en este trascendental litigio.
