Perdidos, segunda temporada
Por: Germán Vargas Lleras
Qué cantidad de chistes y memes ha ocasionado la volada cinematográfica de Aida Merlano. Pero el más gracioso, visto en perspectiva, fue la declaración que antes de su posesión hizo a la ministra Cabello cuando afirmó que una de sus prioridades sería la reforma del sistema penitenciario para superar la crisis y el hacinamiento carcelario. A lo que luego agregó: “La crisis carcelaria tocó fondo”. Sí, es claro que tocó fondo, al respecto nadie tiene dudas.
En varias columnas he señalado que en el Inpec coexisten 112 sindicatos de base, que más de 2.600 funcionarios están amparados por fuero sindical y que la corrupción campea a sus anchas en la institución. He insistido en que liquidar el Inpec y reemplazarlo por una dirección adscrita a la Policía Nacional, reformar el régimen penitenciario y construir nuevos centros de reclusión son tareas que no dan espera.
Y ya vimos que no basta con la decisión mediática de sacar al director encargado del Inpec y a la directora de El Buen Pastor. Poco antes ya habían retirado al director de La Picota, y el de la cárcel Modelo había sido detenido por corrupción. Estas medidas no sirven, pues el problema es estructural.
Un mes antes de iniciar la legislatura, la ministra de Justicia también había anunciado en sonoras entrevistas la presentación de múltiples iniciativas legislativas sobre asuntos de su cartera.
Tales reformas incluían desde el aumento a 50 años de la edad mínima para ser magistrado de altas cortes hasta extender el periodo de los magistrados de 8 a 12 años, con el propósito de dar mayor seguridad jurídica a la jurisprudencia.
En una entrevista a este diario anticipó lo que sería el lineamiento de sus reformas: llenar el vacío legal en la forma como se eligen los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, eliminar las funciones electorales de las Cortes, gran énfasis en el acceso a la justicia y la descongestión de los despachos judiciales, además de una apuesta decidida por la jurisdicción agraria, que calificaba como “deuda histórica con el campesinado”.
También contemplaban una reforma del Código de Procedimiento Administrativo, un proyecto de ley en materia de arbitraje, uno más en materia de conciliación y otro para consultorios jurídicos. Y se comprometió con nuevas medidas de transparencia y rendición de cuentas, digitalización de la rama, fortalecimiento de la escuela judicial, beneficios para la rama e, incluso, ajustes de la JEP para hacer claridad sobre los delitos continuados cuando hay reincidencia y acerca de las condiciones en que se otorga la garantía de no extradición.
Pero lo único cierto es que ya entramos en la recta final de la legislatura, el tiempo se agota y el ministerio sigue convertido en un buzón de sugerencias, a la espera de consensos que nunca llegarán. Ya van tres encuentros de las jurisdicciones, sigue reinando la confusión y, como señalé, ningún proyecto ha sido presentado.
Señora ministra: ¿en qué quedó la reforma constitucional que resolvería los problemas de seguridad jurídica, vencimiento de términos y descongestión y una mejor administración de la rama?
¿En qué va la reforma del sistema penitenciario y carcelario? ¿Se va a incorporar el precedente judicial? ¿Qué pasará finalmente con el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Y qué opina de las propuestas del doctor Gómez Méndez de sustraer a la Corte de la elección del fiscal general? ¿Y la del Centro Democrático de constituir un tribunal de aforados?
La crisis es tal que no se han podido ni siquiera proveer las vacantes en la Corte Suprema, ni elegir al auditor ni presentar terna para fiscal. Y mucho menos defender el presupuesto de la rama, que, como vamos, no llegará ni a 5 billones sobre un total de 271; y, claro, ya se prepara el paro judicial.
La consigna aquí parece ser mucho anuncio y cero acción. No hacer y no cambiar; y, sobre todo, no tocar los intereses de nadie.
Esta semana dijo la ministra que esto parece un ‘reality show’. Coincido con ella.
