Perdidos, tercera temporada
Por: Germán Vargas Lleras
Termina el año 2020 sin un solo logro en el sector de la justicia. Muchos anuncios, pero la cruda verdad es que no hay ambiente ni interés para discutir y aprobar, no digamos ya una reforma estructural y profunda, ni siquiera un avance marginal.
Qué frustración seguir esperanzados con un acto legislativo que afronte los problemas de acceso a la justicia, descongestión, seguridad jurídica y correcta administración de la rama al que tantas veces me he referido y cuyo debate se ha extendido por años, incluidos los últimos dos y medio dedicados a estériles ejercicios de concertación. Mucho me temo que así seguiremos hasta el final del Gobierno y que terminaremos aceptando que la reforma es imposible de tramitar por la vía ordinaria.
El actual ministro de Justicia tomó posesión y en el torrente de declaraciones que ofreció dijo: “No solo radicaremos un acto legislativo…”, que nunca radicó, y que sí reemplazó por una reforma de la ley estatutaria de la administración de justicia, con la cual pretendía descongestionar, fomentar la digitalización, introducir métodos alternativos de solución de conflictos y la figura muy importante del precedente judicial vinculante. Pero nada de esto pasó a sanción presidencial. Tampoco pudo avanzarse en la reforma del sistema carcelario, y es la hora que, en medio de la polémica, no se reanuda la aspersión área de cultivos ilícitos.
Ni qué decir del tan cacareado proyecto de la Vicepresidencia para endurecer la lucha contra la corrupción. Se presentó, con el apoyo de los ministerios del Interior y Justicia, del Fiscal General, del Contralor y del Defensor. Reconozco que contenía positivas iniciativas, como la protección de denunciantes y testigos, nuevas responsabilidades para personas jurídicas nacionales y extranjeras y, lo más importante, el fortalecimiento de los mecanismos de extinción de dominio y de la acción de repetición. Como era de esperarse, nada prosperó, ni siquiera fue discutido en primer debate. Todo quedó pendiente de una audiencia pública para el mes de marzo.
No le fue mejor al procurador saliente, quien, después de recorrer el país en maratónicas jornadas, presentó dos iniciativas de reforma: la primera, para prohibir el matrimonio de menores de edad, sobre la cual ni siquiera se presentó ponencia para primer debate, y la segunda, para promover el acceso a la justicia social y rural que terminará hundiéndose en el Senado, ya sin el impulso de la Procuraduría.
Tampoco lograron convertirse en leyes los proyectos presentados por la exministra de Justicia y nueva procuradora general, doctora Margarita Cabello, relativos a las comisarías de familia, a la nueva especialidad judicial rural y agraria y a la reforma del artículo 380 del Código Penal, sobre dopaje. Los tres proyectos escasamente hicieron tránsito, y ya podemos imaginarnos la suerte que correrán estas útiles reformas.
Ni qué decir de los proyectos de autoría parlamentaria. De manera especial me referí en una anterior oportunidad a aquel que establecía la llamada muerte digna. Defendí la propuesta y señalé su conveniencia y necesidad. También se presentó el proyecto de reforma del arbitraje, pero, al igual que el anterior, solo tuvieron un debate, lo cual podría considerarse un éxito si se lo compara con el proyecto que reglamenta las consultas previas, que tienen paralizado al país y sobre el cual ni siquiera se rindió ponencia para ser discutido.
Queda claro que en el Congreso no hay ‘ambiente’ ni interés por el sector justicia y sus urgentes y necesarias reformas, y en el Gobierno, aunque podría haber la convicción sobre esta necesidad, no se observa que se considere prioritaria. En este sentido, parece que todos los esfuerzos se centraron en las fracasadas reformas políticas y en el llamado adefesio o nuevo Código Electoral, único proyecto para el que fueron convocadas sesiones extraordinarias, cuyo principal atractivo, como lo he denunciado, es la creación de un ejército de burócratas politizados.
P. D. Me pregunto, viendo las declaraciones del expresidente Uribe sobre la jornada laboral, ¿en qué habrá quedado aquello de “trabajar, trabajar y trabajar”?
