Pliego sastre vs. pliego tipo
Por: Germán Vargas Lleras
Difícil encontrar una mejor herramienta en la lucha contra la corrupción que la obligatoriedad de usar pliegos tipo en las licitaciones. Modalidad que conseguimos que se adoptara para gobernaciones y alcaldías mediante la Ley 1882 de 2018. El pliego tipo estandariza los requerimientos técnicos, financieros y jurídicos para garantizar transparencia y pluralidad de oferentes en las licitaciones, y elimina cualquier criterio subjetivo o discrecional en la adjudicación de estas. Infortunadamente, esta ley solo cobijó las obras de infraestructura de transporte, aunque sí previó que mediante decreto reglamentario se podría extender a otros sectores.
La experiencia no pudo ser más exitosa. El Invías sacó a licitación 833 convocatorias por valor de 11,2 billones de pesos, a las que concurrieron 43.014 proponentes. Llegamos a tener hasta 200 participantes para una licitación, y jamás se presentó un solo reclamo o la menor duda sobre la transparencia en la selección de los contratistas. Y en el nivel territorial, pasamos de tener un 85 por ciento de procesos con un único oferente a un 81 por ciento con pluralidad de ofertas.
Animados por los buenos resultados, el Ministerio del Interior presentó el año pasado una iniciativa legislativa para extender la obligatoriedad de esta figura del pliego tipo a todos los sectores de la contratación. Con ello se pretendía eliminar para siempre la práctica de políticos y contratistas corruptos de redactar conjuntamente los pliegos de condiciones, denominados ‘pliegos sastre’, uno de cuyos efectos más graves es que limitan la competencia y, por lo tanto, el acceso a la contratación estatal, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Este nuevo proyecto de ley surtió, sin contratiempos, sus tres primeros debates, pero al llegar a su cuarto y último debate en Plenaria de Cámara, y cuando pensamos que ya nada podía interponerse en su aprobación, los ponentes del proyecto, representantes Méndez, Peinado, Rivera, Tamayo e Inti Asprilla, han pretendido introducirle dos modificaciones que prácticamente acaban con la figura. La primera, al crear una comisión “técnica”, compuesta por senadores, representantes, alcaldes y las asociaciones de municipios y de departamentos para definir como serán en el futuro los pliegos tipo.
Esta nueva “comisión técnica” no solo amenaza todo el esfuerzo de transparencia de la iniciativa, sino que constituye una burla al objetivo de la ley, pues pone precisamente en cabeza de los políticos y sus representantes la definición de las herramientas para luchar contra su propia injerencia e intereses. Qué desfachatez.
Y la segunda, al establecer que los pliegos tipo solo serán obligatorios un año después de que los reglamentos sean expedidos. Y, como la famosa comisión técnica también deberá ser objeto de reglamentación por el Gobierno Nacional en un plazo de seis meses, ello equivale a que antes de dos años será imposible establecer la obligatoriedad del pliego tipo, ya sin importar cómo queden finalmente redactados.
Un comentario sobre la Federación de Municipios, que debería ser la principal impulsora de esta iniciativa. Cómo comprender que haya sido la única entidad que se haya opuesto a esta figura del pliego tipo ante la Corte por considerarlo inconstitucional, y ahora esa misma Federación pretenda hacer parte de la comisión que redacte el pliego. Sin palabras.
Como vicepresidente, me correspondió liderar el más grande esfuerzo de inversión pública jamás realizado en infraestructura, vivienda y saneamiento básico. El pliego tipo fue determinante para que miles de licitaciones y contratos no hayan tenido ningún señalamiento de corrupción o favoritismo. Desde esta tribuna hago un llamado a los representantes a la Cámara para que retiren la proposición y acompañen esta iniciativa, y así permitan universalizar la mejor herramienta que jamás hayamos tenido para luchar contra la corrupción.
