Presten, expropien, extingan y emitan

Esta semana se presentó nuevamente a consideración del Congreso el proyecto de ley que reglamenta el funcionamiento de la jurisdicción agraria, que por fortuna no había tenido trámite el semestre pasado. Esta nueva versión llega repotenciada y más nociva que la anterior e inicia su trámite por la Comisión 1.ª bajo la presidencia del gobiernista senador Ariel Ávila.

Al referirme hace unos meses a esta iniciativa advertí que el proyecto ponía en riesgo el derecho a la propiedad privada de los colombianos, pues se desconocían los derechos ya adquiridos y se promovía la invasión de tierras al dejar sin herramientas eficaces de protección a los propietarios. Dije también que el conjunto de las nuevas reglas estaba diseñado para afectar la seguridad jurídica de la propiedad privada. Con el nuevo proyecto mis temores no solo se mantienen, sino que se han incrementado.

Vamos al meollo de la situación. El Gobierno, en cabeza del ministro Cristo, dice que este proyecto nada cambia con respecto a las leyes que regulan la materia en la actualidad. Que todas las advertencias y temores son infundados. Si esto fuera así, que no lo es, ¿entonces por qué una nueva ley? Pues porque este proyecto lo que hace es quitarles a los jueces su función de decidir sobre los procesos agrarios, facultad que ahora recaerá en el Gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Así lo establece el proyecto, que señala seis procesos, los más relevantes, en los cuales, en pos de la celeridad, se elimina la presencia del juez.

Además, con este artículo se desafía el contenido de las sentencias C-0763 de 2018 y SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional, que establecieron que estas y otras causas se resuelven por el juez y no por la vía administrativa. En el proyecto es la ANT la que inicia, investiga y falla de fondo sobre los derechos y la tierra en estos procesos.

Es lo que ha venido a llamarse, con toda razón, la expropiación exprés. Así lo señala también la iniciativa cuando establece que los procesos agrarios serán resueltos por la ANT mediante acto administrativo. Y aunque por supuesto cabe la acción de nulidad, la verdad es que su trámite se surte cuando ya le han quitado el bien al ciudadano sin que nada se diga sobre las mejoras o los procesos o actividades productivas existentes y aun si el predio ha sido ya entregado a un tercero. Y me pregunto qué pasa si luego el fallo es contrario al acto administrativo, ¿cómo va a operar la devolución del bien?

Francamente se ve imposible. ¿Se imaginan lo que será desalojar a los adjudicatarios varios años después?

Otro asunto delicado es que se amplían las razones para expropiar, al indicar que las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social. En esos conceptos todo cabe, a diferencia de lo reglado en la actual Ley 160, que lo limita a 4 situaciones concretas. Como no hay un criterio objetivo para determinar qué se entiende por inmueble de utilidad pública, terminarán siendo sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen subjetivamente en los planes del actual gobierno.

También el proyecto deslegitima los títulos de propiedad al establecer que primará la justicia material sobre la formal, lo cual introduce una gran inseguridad jurídica sobre los títulos de propiedad y la forma de adquisición del dominio de los bienes inmuebles. Y vaya uno a saber sobre qué otras materias terminarán decidiendo los jueces agrarios, en virtud del proyecto que les permite conocer y fallar casos relacionados con actividades de producción agropecuaria, forestal y pesquera. Y también sobre predios que tengan vocación agraria y explotación de recursos naturales y actividades conexas. Lo anterior reviste gravedad, pues no hay que olvidar que estos jueces pueden asumir cualquier proceso solo con aducir que guarda relación con temas agrarios o rurales.

No voy a expropiar, decía Petro en campaña. ¿Y entonces qué es esta iniciativa del Gobierno? Y esta semana también les prosperó el chantaje a la banca, disfrazado de un acuerdo para evitar la amenaza de las inversiones forzosas. Cerramos la semana con la propuesta de emitir dinero, sin ningún respaldo, por billones de pesos. Cada vez nos estamos pareciendo más a la Venezuela de Chávez y Maduro. Qué duda cabe.