Pulso a la infraestructura
Por: Germán Vargas Lleras
La semana pasada me referí a las sugerencias que en infraestructura formuló la Comisión de Sabios en temas como la gestión predial, los cierres financieros y las posibles nuevas fuentes de financiación. De dicho informe rescato la recomendación de acometer nuevos proyectos.
Conviene decir, a propósito, que de 29 proyectos (APP públicas y privadas) contratados, 22 están en ejecución; 6, pendientes, y tan solo uno, en estado crítico. Sobre este último, Santana-Mocoa-Neiva, me pregunto por qué no se ha decretado la caducidad y abierto nuevamente la convocatoria, existiendo causales claras para proceder.
Además de las obras ya en ejecución o pendientes de iniciar trabajos, este gobierno recibió totalmente estructuradas y listas para poner en marcha 7 APP públicas en corredores claves, como lo son: Cúcuta-Ocaña-Pamplona, Sogamoso-Aguazul, Manizales-Chinchiná, Manizales-Mariquita, Zipaquirá-Barbosa, Barbosa-Bucaramanga y Pasto-Mojarras-Popayán. ¿Qué esperan para abrir estas licitaciones? ¿Y cuándo realizarán nuevamente la convocatoria para terminar la Ruta del Sol 2, principal corredor vial de Colombia, cuyo contrato terminó hace más de dos años?
Y sobre los proyectos de iniciativa privada que no demandan un centavo del Estado, como es el caso del proyecto Caribe 2 Cartagena-Barranquilla o vía de la Prosperidad, que ya surtió todos los trámites de aprobación, ¿por qué no se ha firmado el contrato? ¿Y qué piensan hacer con corredores estratégicos como el tramo 1 de Bogotá al Tablón en la vía a Villavicencio o las doble calzadas entre Santa Marta y Barranquilla y La Virginia-Pereira? Decir que no hay recursos no es excusa. Precisamente, para este tipo de obras se diseñó la figura de las vigencias futuras.
Dramático el tema de la ALO en Bogotá, obra que desde julio hace cola para aprobación en el consejo de ministros. La directora del IDU envió, en carta al Presidente, una súplica para que se agilizara el proyecto, la cual cayó muy mal y cuya respuesta fue que ella no tenía jerarquía para dirigirse al jefe de Estado. De esta dieron traslado a la Fiscalía para que se la investigara.
Y cómo no señalar que la audiencia con la comunidad del tramo autopista Norte, fase 2, fue cancelada por el ministerio aduciendo que esta podría incentivar más el paro. Inaudito.
Otro cuello de botella es el de las consultas previas. En busca de soluciones definitivas, hemos presentado en dos ocasiones al Congreso una reglamentación precisa sobre los efectos vinculantes, los tiempos y procedimientos para evitar el chantaje y las demoras injustificadas. Pero poco se avanza. No se da impulso al proyecto que radicamos, pero tampoco se adelanta la consulta del proyecto sobre consultas, que en criterio del Gobierno es un requisito de procedimiento.
Son innumerables las inversiones, en muchos frentes, paralizadas por la desidia en este tema. El mejor ejemplo de lo que está ocurriendo es el de la carretera Mulaló-Loboguerrero. En diciembre de 2016 se entregó la línea base ambiental, cuya metodología el consejo comunitario descalificó porque no reflejaba integralmente la visión étnica. Se presentó nuevamente el estudio con el componente solicitado de un estudio hidrogeológico, que tampoco fue aceptado. La comunidad adujo que se debían aplicar los principios de precaución y favorabilidad porque se podría vulnerar el derecho a la vida. A estas alturas, esta carretera estratégica para el puerto de Buenaventura no se ha iniciado. Similar situación ocurre en el corredor Popayán- Santander de Quilichao. Y si de falta de autoridad se trata, ¿cómo explicar que aún no se haya podido instalar el peaje que financiará la doble calzada de la vía Rumichaca-Pasto? Casos como los señalados son lo que el Gobierno califica como obras pendientes.
Yo sé que en nuestro país hacer que las cosas pasen no es fácil, pero por lo mismo hay que tomar decisiones, hacer seguimiento y no seguir buscando excusas. Todo indica que en este frente la tarea les está quedando grande.
