Pulso político inútil
Por: Germán Vargas Lleras
Por culpa de las objeciones a la JEP propuestas en mala hora por el presidente Duque, estamos llegando a niveles de confrontación política e ingobernabilidad pocas veces conocidos. En el afán por conseguir las mayorías y desacreditar a los que nos hemos opuesto se ha acudido, sin vergüenza, al fácil expediente de la mentira.
Se ha señalado, por ejemplo, que yo seré el responsable del hundimiento de la extradición en Colombia. Los que así argumentan olvidan deliberadamente que yo fui el autor y ponente del restablecimiento de la extradición en el país, en épocas en que ponerle cara al tema era sentencia de muerte, y muchos de quienes se proclaman hoy abanderados de esta causa, en ese entonces pasaron vergonzosamente de agache, y que como ministro del Interior y de Justicia firmé centenares de órdenes. Creo, y siempre he creído, en este mecanismo de cooperación judicial para hacer frente a la delincuencia organizada, y en especial al narcotráfico. ¿Cómo podría yo ir en contra de este? Claro que no.
Para mí, lo que es claro es el contenido de la muy reciente sentencia C-112 de la Corte Constitucional, que conocimos finalmente el jueves 25 de abril de este año al revisar la exequibilidad de la Ley 1922 de 2018 en materia de procedimientos para la Jurisdicción Especial de Paz. En ella, la Corte aclaró que la JEP, como todo juez en Colombia, tiene la competencia para declarar pruebas en lo relativo a extradición; también, que esa competencia debe ser ejercida decretando pruebas con el EXCLUSIVO fin de evidenciar la fecha del supuesto delito y respetando, en todo caso, el principio de reciprocidad y el sistema judicial del país requirente. Y, finalmente, la obligación de ponderar los derechos de las víctimas con los compromisos internacionales del país. Bien valdría la pena que los parlamentarios renuentes leyeran esta sentencia, que seguramente resolverá muchas de sus inquietudes.
Está claro, entonces, que en nada se están afectando los mecanismos de cooperación judicial, que la no extradición solo opera para delitos cometidos con anterioridad al 31 de diciembre del 2016 y que la JEP lo que debe verificar es la fecha de la comisión del delito.
Y tener presente que toda esta discusión fue estéril, puesto que será la Corte la que se pronuncie en definitiva sobre esta materia, como la propia sentencia lo tenía previsto desde el principio.
En cualquier caso, debo recordar que la extradición es un asunto que se puede regular por vía de una ley ordinaria que, de existir un acuerdo político, se puede tramitar sin dilación. Esta ley también nos permitiría aclarar cualquier duda sobre los llamados colados, tema de la segunda objeción.
Las consecuencias de esta intransigencia están a la vista. Esta semana, por ejemplo, el Centro Democrático, al retirarse de la Comisión Primera para no votar en primer debate la reforma de la justicia, impidió que se debatieran los proyectos de delitos conexos de la Fiscalía y el de reforma política, de su propia autoría, en 5.° debate.
Y así va a terminar el año. Que yo recuerde, ningún gobierno había dejado pasar su luna de miel sin emplear su capital político en el impulso legislativo de su agenda de gobierno. El balance no puede ser más catastrófico. No hay orientación, no hay interlocutores, no hay ministros al frente de los debates. La improvisación, la política al detal, las agendas personales de cada quien están impidiendo la aprobación de los grandes proyectos transformadores que necesita el país.
En este ambiente, donde todo se reduce a pulsos políticos, las inaplazables reformas de la justicia, la salud, las pensiones, entre muchas otras, no tienen ninguna posibilidad de ser tramitadas. Seguir y acrecentar la confrontación no puede ser el nombre del juego. Un juego que bien puede ser el del Centro Democrático de cara a las elecciones regionales de octubre, pero que está resultando demasiado costoso para el Gobierno.
